La informalidad en el empleo doméstico superó el 77% y el sector perdió alrededor de 30.000 puestos de trabajo registrados desde 2023, según los datos del informe citado durante una entrevista de Elonce con Marcela Muñoz, delegada gremial del sindicato de casas particulares. La representante describió un escenario de menor demanda, ingresos insuficientes y dificultades para sostener la cobertura de salud.

Muñoz señaló que la crisis no se expresó únicamente en la pérdida de empleos, sino también en la reducción de las horas contratadas y en el espaciamiento de las tareas. “Las ofertas se han bajado mucho”, afirmó. Según explicó, servicios que antes se solicitaban semanalmente pasaron a contratarse cada quince días o, en algunos departamentos pequeños, una vez al mes.

“Hay muy poca demanda y ha caído mucho”, sostuvo. Esa situación obligó a las trabajadoras a buscar más domicilios para completar sus ingresos, aunque los gastos de transporte, alimentación y cuidado de sus propios hijos limitaron las posibilidades de aceptar nuevas propuestas.

Trabajar en más casas para llegar a fin de mes

La delegada explicó que reunir horas de trabajo en distintos hogares se volvió una necesidad. “Cada vez tenés que hacer más casas para poder llegar a fin de mes”, expresó, y advirtió que esa fragmentación también generó dificultades vinculadas con los aportes.

Según relató, algunas trabajadoras debieron afrontar diferencias para completar los importes necesarios para su cobertura de salud. “Si no llegamos al total por mes, la diferencia tenemos que abordarla nosotras. Eso también nos trae un doble gasto”, señaló.

Muñoz describió situaciones de compañeras con enfermedades crónicas que, ante las dificultades económicas y de acceso a medicamentos, pidieron dejar de estar registradas para atenderse en hospitales públicos. Presentó esas decisiones como parte de un escenario de necesidad y no como una solución a los problemas laborales del sector.

El transporte puede consumir una hora de trabajo

Para explicar cuánto pesan los gastos cotidianos, Muñoz puso como ejemplo su propio traslado desde la zona de Base Aérea. Indicó que cada pasaje de colectivo le costaba $1.850, por lo que el viaje de ida y vuelta representaba un desembolso de $3.700.

“A mí me piden que vaya por dos horitas, por ejemplo, y no me reconocen el pasaje, termino pagando una hora”, manifestó. Con esa comparación, explicó que una parte importante de lo cobrado podía destinarse únicamente a llegar al lugar de trabajo y regresar a su casa.

A ese gasto sumó la alimentación fuera del hogar y el cuidado de los hijos. La delegada planteó que muchas mujeres deben evaluar si el ingreso les permite pagar a otra persona para acompañar a los niños durante su ausencia. “Se han roto un montón de cadenas que realmente hacen que las mujeres no podamos salir a trabajar”, lamentó.

La diferencia entre la escala y lo que se paga por hora

Otro de los puntos señalados por Muñoz fue la distancia entre los valores de la escala salarial y los montos que, según indicó, se acuerdan en algunas contrataciones. Durante la entrevista mencionó una referencia de $3.900 por hora, frente a pagos de $6.000 o $7.000 que describió como el “precio calle”.

La representante sostuvo que esa diferencia lleva a algunas trabajadoras a priorizar un ingreso inmediato mayor, aun cuando eso implique permanecer fuera del empleo registrado. “No nos sorprende, nos entristece, porque realmente también comprendemos las necesidades de las compañeras”, expresó.

Sin embargo, remarcó que la informalidad supone resignar derechos y protección social. “Cuando hablamos de trabajo no registrado, estamos hablando justamente de un trabajo de supervivencia”, afirmó, al diferenciar esa situación de un empleo con aguinaldo, vacaciones, licencias y cobertura frente a accidentes laborales.

El reclamo por derechos y el impacto a futuro

Muñoz también cuestionó la eliminación del artículo 50 de la ley del sector, al que vinculó con la protección frente al empleo no registrado. Recordó que se había planteado que quitar esa disposición facilitaría la contratación, pero sostuvo que la evolución observada por el gremio fue distinta.

Al referirse a las mediciones sobre informalidad, resumió la magnitud del problema: “De cada cuatro trabajadoras, tres no están registradas”. La delegada advirtió que la pérdida de puestos formales y la reducción de horas profundizaron la precarización de una actividad vinculada con el sostenimiento cotidiano de los hogares y las tareas de cuidado.

Finalmente, alertó sobre las consecuencias que la falta de aportes puede tener en el acceso a una jubilación. Para Muñoz, las dificultades actuales no terminan en el ingreso de cada mes: también comprometen la protección futura de trabajadoras que hoy deben combinar menos oportunidades laborales con mayores gastos para poder trabajar.