REDACCIÓN ELONCE
Cargill suspendió las operaciones en su planta de acopio de Arribeños, en el partido bonaerense de General Arenales, y dejó sin trabajo a 30 familias de transportistas que prestaban servicios en el establecimiento. La empresa afirmó que la paralización se mantendrá "hasta que existan garantías de seguridad", mientras los fleteros denuncian un sistema de intermediación irregular y exigen una instancia de negociación.
La planta, que operaba desde hace más de 25 años, interrumpió sus actividades el 3 de julio y la medida también impactó en comercios, talleres mecánicos y otros proveedores vinculados a la cadena productiva de la zona.
La denuncia de los fleteros
El conflicto se originó a partir de una denuncia de los transportistas contra un representante de la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (Catac), a quien acusan de actuar como intermediario obligatorio para acceder a los viajes, sin prestar un servicio logístico efectivo.
Cristian Cardoso, vocero de los trabajadores afectados, sostuvo que "este personaje operaba como intermediario sin un contrato activo ni un servicio logístico real. Las 30 familias fleteras decidieron abrirse de esa persona porque sufrían condiciones desfavorables, pero al hacerlo se quedaron automáticamente sin trabajo", según publicó Infogremiales.
Los camioneros también denunciaron que se les exigía el pago de una comisión del 3% "en negro" sobre el valor de cada carga para poder acceder a los viajes. Afirman que, tras negarse a aceptar esas condiciones, dejaron de recibir asignaciones de flete.
Por su parte, el presidente de Catac, Ramón Jatip, rechazó las acusaciones y aseguró que los transportistas "se fueron voluntariamente".
La postura de la empresa
Desde Cargill señalaron que quienes llevan adelante la protesta "no son ni fueron empleados de la compañía", sino prestadores de servicios independientes, y sostuvieron que la asignación de cargas responde a "criterios comerciales y operativos propios de la actividad, en el marco del derecho de libre contratación".
La empresa también remarcó que la seguridad constituye un valor "fundamental e innegociable" y afirmó que las operaciones se reanudarán cuando existan las condiciones necesarias para garantizarla.
Mientras tanto, el Municipio de General Arenales consideró que se trata de "un problema de índole privado" y sostuvo que el conflicto no corresponde a su competencia.
Reclamos y amenaza de nuevas protestas
El conflicto lleva cerca de diez meses y, en las últimas semanas, los fleteros intensificaron las medidas de fuerza con un acampe pacífico en los accesos a la planta.
Los trabajadores reclaman la conformación de una mesa de diálogo "orgánica, pacífica y transparente" para destrabar la situación. Además, advirtieron que, si no hay respuestas por parte de la empresa, extenderán las protestas a otras plantas que Cargill posee en la región.