Las fotomultas en Entre Ríos destinadas a detectar conductores que utilicen el celular o circulen sin cinturón de seguridad generaron interrogantes sobre su funcionamiento y validez. El abogado Tomás Cabrera presentó un pedido de informes ante la Dirección de Prevención y Seguridad Vial y, en diálogo con Elonce, explicó cuáles fueron las respuestas recibidas y qué aspectos considera que todavía deben ser analizados antes de que el sistema comience a funcionar.

Cabrera explicó que su interés surgió precisamente después de conocer, a través de Elonce, la implementación proyectada del mecanismo. A diferencia de los radares tradicionales, que determinan la velocidad de circulación, las nuevas cámaras permitirían observar situaciones dentro del habitáculo.

“Me empecé a preguntar de qué manera el Estado iba a controlar dentro del habitáculo qué era lo que sucedía, cómo diferenciaban un celular de, por ejemplo, una billetera, cómo iban a hacer los que trabajan con aplicaciones como Uber o alguna moto que utiliza el teléfono para trabajar”, explicó.

El sistema todavía no está operativo

A partir de esas inquietudes, Cabrera realizó una presentación que incluyó 14 puntos, entre ellos cuestiones vinculadas con el derecho a la imagen, el almacenamiento de los registros y la forma en que se determinaría si efectivamente existió una infracción.

Uno de los principales datos surgidos de la respuesta oficial fue que el nuevo sistema todavía no se encuentra operativo en Entre Ríos. Según explicó el abogado, actualmente continúa en una instancia previa a su implementación definitiva.

El letrado indicó que la Dirección de Prevención y Seguridad Vial respondió diferentes puntos y proporcionó información sobre la empresa encargada del servicio, además de aspectos relacionados con la conservación y sobrescritura de las imágenes captadas.

Cómo se determinaría una infracción

Cabrera estableció una diferencia entre estas cámaras y los cinemómetros utilizados habitualmente para controlar la velocidad. Estos últimos requieren controles técnicos que permitan garantizar que las mediciones sean correctas.

“Los cinemómetros tienen que estar certificados por el INTI, que verifica que los aparatos con los que se mide la velocidad estén bien calibrados. Si el cinemómetro toma que vas a determinada velocidad, la velocidad es efectivamente esa”, explicó.

En el sistema proyectado para detectar cinturones de seguridad o utilización del teléfono, en cambio, Cabrera señaló que se trataría de un mecanismo de captura de imágenes que posteriormente serían verificadas por un agente para determinar si existió o no una infracción.

Las dudas sobre la finalidad preventiva

Otro de los cuestionamientos formulados por el abogado estuvo relacionado con la finalidad preventiva de los controles automatizados. Según explicó, las normas de seguridad vial deberían procurar principalmente impedir que continúe una conducta riesgosa.

“El principio general de la seguridad vial y del respeto a las normas tiene que ver con la prevención, es decir, que no sucedan las faltas, que no se cometan infracciones”, sostuvo Cabrera.

En ese sentido, planteó que un sistema automatizado registra una conducta pero no necesariamente permite detenerla en el momento. “Puedo venir a una velocidad que no corresponde y me voy a llenar de multas, pero no se corta la falta. Eventualmente tampoco se elimina el riesgo que genera esa inconsistencia con las normas”, ejemplificó.

Qué debería revisar un conductor ante una fotomulta

Consultado acerca de los elementos que debería observar una persona al recibir una fotomulta, Cabrera mencionó diferentes requisitos que pueden resultar relevantes al momento de evaluar una eventual impugnación.

Entre ellos enumeró la autorización del dispositivo, la jurisdicción de la ruta o camino, la correcta notificación y la inclusión del lugar, fecha y hora de la presunta infracción.

“Los descargos o las cuestiones sobre cómo se impugnan estas fotomultas tienen que ver con si el radar estaba autorizado, por qué camino o ruta se transitaba, la jurisdicción, si la notificación fue bien hecha y algunos requisitos formales”, detalló.

El debate por los estudios de siniestralidad

Cabrera también hizo referencia a disposiciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial vinculadas con la instalación y autorización de sistemas de control de velocidad.

Según explicó, entre los criterios nacionales aparecen los estudios de siniestralidad, destinados a determinar si existe una justificación preventiva para instalar dispositivos en determinados sectores.

“Actualmente y con este sistema en particular, según el pedido de informe que hice, no hay un estudio de siniestralidad”, aseguró. No obstante, aclaró que se trata de jurisdicciones diferentes y que los requisitos establecidos a nivel nacional no necesariamente resultan aplicables de manera directa al sistema provincial.

“Hay una diferencia de criterio”

El abogado mencionó como ejemplo situaciones registradas en otras provincias, donde, según planteó, algunos controles fueron instalados en lugares con escasa circulación o bajos índices de siniestros, lo que generó cuestionamientos sobre su finalidad.

“Ahí queda más en evidencia que se persigue por ahí un fin más recaudatorio”, opinó Cabrera al referirse a esos casos y aclaró que su planteo respecto de Entre Ríos pasa por determinar si la ubicación de los dispositivos estará respaldada por criterios preventivos.

“No es que sea un requisito en esta ruta en particular porque es jurisdicción provincial, pero hay una diferencia de criterio a la hora de evaluar si colocar o no colocar y dónde colocar radares y sistemas de detección de faltas para que también se cumpla este fin preventivo de los siniestros”, puntualizó.

Las cámaras están en período de pruebas

Desde el programa también se recordó que autoridades provinciales habían explicado previamente que el sistema se encontraba en etapa de pruebas. Entre los casos analizados aparece la situación de conductores de aplicaciones como Uber, que utilizan teléfonos celulares como herramienta de trabajo.

Según la explicación oficial brindada previamente a Elonce, la intención no sería sancionar a quienes utilicen el teléfono colocado en un soporte fijo dentro del vehículo, sino detectar conductas consideradas riesgosas durante la conducción.

Precisamente, la capacidad para diferenciar esas situaciones forma parte de los aspectos que deberán resolverse durante las pruebas. Mientras el sistema continúa sin aplicación efectiva, el debate se centra en las garantías para los conductores, los criterios utilizados para determinar las infracciones y la finalidad preventiva de los nuevos controles.