La Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzó este jueves el análisis formal de dos denuncias presentadas contra la vocal de la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina. La magistrada enfrenta cuestionamientos por presunto mal desempeño, uso indebido de recursos estatales, licencias irregulares y abandono de funciones.
Fuentes legislativas indicaron que durante la jornada se tomó contacto con uno de los expedientes recientemente ingresados. Aunque la magistrada se anotició por los medios de comunicación, aún no fue notificada en forma oficial. La instancia marcó el inicio de un proceso que contempla la evaluación inicial de las presentaciones y la verificación de su admisibilidad.
Etapas del procedimiento
Según se informó, tras el análisis preliminar se abrirá una fase de recolección de pruebas solicitadas por los denunciantes, así como de documentación vinculada al desempeño de la vocal. Posteriormente, Medina podrá ejercer su derecho a presentar un descargo y adjuntar las pruebas que considere pertinentes. Su defensa será incorporada al expediente para continuar con la evaluación del caso.
La comisión definirá, con base en los elementos reunidos, si corresponde avanzar hacia una acusación formal ante el Senado, órgano encargado del juicio político.
Denuncia de una ONG
Un segundo pedido de juicio político ingresó este miércoles. La asociación civil Entre Ríos sin Corrupción, encabezada por María Fabiana Cian, amplió las causales de presunto mal desempeño. La presentación incorporó cuestionamientos por abandono de funciones, morosidad en la tramitación de expedientes, abuso del sistema de licencias y presuntas irregularidades en la designación de vocales subrogantes durante la presidencia de Medina en 2022 y 2023.
El documento destacó el “extraordinario número” de días de licencia de la magistrada y consideró que esa situación repercutió en demoras significativas en causas laborales. También apuntó a la “opacidad” en los criterios utilizados para designar subrogantes ante recusaciones o excusaciones.
Asimismo, la ONG señaló presuntas contribuciones recibidas por AMJA —entidad presidida por Medina hasta hace pocos días— provenientes de un “justiciable y contratista del STJ”, lo que incluyó menciones a entidades bancarias y fundaciones.
Primer pedido: ausencias y uso de bienes públicos
El primer expediente, promovido por el abogado Jacquemain, se centró en tres ejes: más de 660 días hábiles de ausencias consignadas como “injustificadas”, uso indebido de bienes del Estado y presunta desviación de poder vinculada al financiamiento de actividades de AMJA con recursos públicos.
La presentación sostuvo que los registros oficiales del STJ y publicaciones periodísticas revelaron un “patrón persistente de abandono de funciones”. También se formularon objeciones sobre la utilización del régimen de capacitación, que reglamentariamente no puede superar los 20 días por año ni incluir el cobro de viáticos, límites que la magistrada habría excedido de manera reiterada.
En otro tramo, el denunciante señaló el uso de vehículos oficiales y choferes del Poder Judicial para actividades no vinculadas a funciones jurisdiccionales, así como la participación en viajes institucionales y académicos financiados por organismos públicos.