La aeronave Cessna era de un agente de bolsa, acusado de estafa. “Es un avión con algunos años, está desarmado, pero esperemos poder armarlo y que salga todo bien”, comentó el comprador.
Subasta narco. Una avioneta incautada en una causa por estafas se convirtió en la pieza central de una subasta de bienes provenientes del delito, realizada en Rosario. La aeronave, un modelo Cessna 402A, partía de una base de 50 millones de pesos y finalmente fue adjudicada por 70 millones de pesos tras una puja sostenida entre los participantes.
El remate formó parte de la quinta subasta organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), que reunió a más de 5.400 inscriptos de todo el país. En total se ofrecieron 150 lotes, entre ellos autos, motos, cuatriciclos y, por primera vez, el mobiliario completo de una cafetería.
El Cessna fue adquirido por un comprador oriundo de la localidad cordobesa de Río Primero, quien explicó que la aeronave se encuentra desarmada y requerirá trabajos de reconstrucción. “Es un avión con algunos años, está desarmado, pero esperemos poder armarlo y que salga todo bien”, comentó tras quedarse con el lote más importante del remate.
Entre los bienes más destacados, una camioneta Ford Ranger Raptor pasó de una base de 16 millones a venderse en 51 millones, mientras que un Audi A7 Sportback alcanzó los 42 millones desde un valor inicial de 16 millones. También se destacó un Toyota Corolla Cross, que se adjudicó en 36 millones tras comenzar en 14 millones.
“Casi todos los bienes están vinculados con el narcotráfico”, indicó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza. El objetivo del mecanismo es afectar el patrimonio de las organizaciones criminales, privándolas de recursos económicos y operativos, publicó La Nación.
La provincia de Santa Fe cuenta con una legislación específica -impulsada durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro- que permite el decomiso anticipado de bienes, incluso antes de que exista una condena firme, siempre bajo orden judicial. Esta herramienta busca debilitar las estructuras delictivas mediante la incautación de activos.
Desde la primera subasta, realizada en 2024, la Aprad acumuló una recaudación superior a los 3.500 millones de pesos. En esta quinta edición, se superaron nuevamente los registros previos, con ingresos que alcanzaron más de 1.560 millones de pesos, según datos oficiales. Los fondos serán destinados a la reparación de víctimas, al fortalecimiento de políticas sociales y al autofinanciamiento de la Aprad”, informó la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes.
Sobre la avioneta incautada en localidad entrerriana
La avioneta subastada había sido incautada en octubre de 2025 en un campo entrerriano de María Grande y estaba vinculada a Daniel Casanovas, un agente de bolsa acusado de estafas financieras. El bien figuraba a nombre de una empresa en concurso preventivo, lo que generó una disputa judicial previa a la subasta.
Esa situación jurídica generó un conflicto que dominó la previa. La defensa de Casanovas pidió en el Centro de Justicia Penal la suspensión del remate, con el respaldo de los acreedores de la empresa, que argumentaban que la aeronave debía servir para saldar los pasivos del concurso preventivo. El juez civil Nicolás Villanueva, del Juzgado Nº 4, primero confirmó la inhibición del bien y después, en un giro, resolvió que la subasta podía avanzar porque la sindicatura había omitido diligenciar esa inhibición. El juez penal Alejandro Negroni terminó de despejar el camino al validar que la Aprad había actuado dentro del marco de la ley provincial.
La defensa insistió con un argumento que no es menor: los bienes de Casanovas no tienen vinculación con el narcotráfico, sino con delitos económicos, y fueron secuestrados en causas en las que no hay dictadas condenas firmes. “Llama la atención que no se hayan decomisado bienes 50 veces más caros”, deslizaron los abogados del financista, en referencia a que la provincia subastaba la avioneta y dos Audis como piezas emblemáticas de un remate que, en rigor, mezcla los bienes del crimen organizado con los de la delincuencia económica.
Los fondos obtenidos de la subasta serán destinados a la reparación de víctimas, al sostenimiento del organismo y a programas sociales. Además, el sistema contempla medidas de seguridad para los compradores, como la confidencialidad de datos y la reasignación de patentes en los vehículos.
Desde el Gobierno provincial destacaron que la estrategia busca golpear económicamente al delito organizado y reafirmaron la continuidad de este tipo de subastas como política pública. “Vendemos la moto del motochorro que le robó la cartera a mi mamá y también los bienes de los narcotraficantes más importantes. No hay impunidad para nadie”, dijo Figueroa Escauriza al abrir el acto. Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, fue más sintético: “Se persigue, se condena y se desapodera”.
