La ex esposa de Alberto Nisman, renunció a la querella en la causa por la muerte del fiscal a través de un escrito en el que señaló que aún recibe amenazas y por eso prefiere "priorizar la paz y espiritualidad del grupo familiar".
La ex esposa de Alberto Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, renunció hoy a la querella en la causa por la muerte del fiscal a través de un escrito en el que señaló que aún recibe amenazas y por eso prefiere "priorizar la paz y espiritualidad del grupo familiar".
Arroyo Salgado, quien representa en la querella a sus hijas Kala y Lara, presentó un escrito ante el juez federal Julián Ercolini, quien investiga la muerte de Nisman, ocurrida en enero de 2015.
"La presente decisión se impone, a esta altura ya impostergable, ante la necesidad de adoptar medidas tendientes a garantizar la protección y salvaguarda del núcleo familiar de quien en vida fuera Natalio Alberto Nisman. Ello atendiendo al impacto emocional causado por el hecho objeto de la investigación cuyas secuelas persisten al día de hoy", advirtió Arroyo Salgado en su escrito.
La magistrada también se refirió "al apremio de reconstruir en actual coyuntura el proyecto de vida personal familiar y profesional resquebrajado".
Según explicó, su objetivo es "sobreponer la vida, salud, seguridad y bienestar de la familia postergados en pos del esclarecimiento de aquella muerte, cuyas singulares circunstancias demandaron inconmensurable esfuerzo y sacrificio que fue más allá del curso natural de las cosas".
En la nota aludió, además, al "escenario de amenazas previas y posteriores al hecho y recurrentes al día de la fecha, a cuyo esclarecimiento no se ha llegado aún, pero que dados sus términos, el impacto político institucional del caso a nivel local e internacional y los posibles actores del juego, han generado un estado de situación que me imponen priorizar la paz y espiritualidad del grupo familiar".
Y aclaró: "El presente desistimiento no implica renunciar a los derechos que la ley acuerda a las víctimas en el proceso penal".
Nisman fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, días después de denunciar a la entonces presidenta Cristian Kirchner por supuesto encubrimiento de Irán por la firma del Memorándum de Entendimiento.
Por la investigación, el único procesado es el ex empleado informático Diego Lagomarsino, considerado por la Justicia como "partícipe necesario" de su muerte, al haberle entregado el arma de la que salió el disparo.
