El ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, respaldó el fallo que dispuso anular la vigencia de dos artículos de la ley de educación superior que avalaban el ingreso irrestricto a las universidades.
El funcionario se refirió a la resolución dictada por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, Pablo Cayssials, que hizo lugar a un recurso de amparo de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) contra el Estado nacional. El magistrado declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la ley 27.204 que disponen el acceso libre e irrestricto.
"Fue una propuesta demagógica. El ingreso irrestricto va a ser cuando todos los argentinos que quieran ir a la universidad puedan ir, y hoy la verdad hay muchos que, por la mala calidad del sistema educativo, no pueden hacerlo", agregó Bullrich.
La presentación de la UNLaM se basó en que la iniciativa de la diputada Adriana Puiggrós (Frente para la Victoria), que modificaba la ley de educación superior, y que fue sancionada por el Congreso en octubre del año pasado, "viola la autonomía universitaria" y provocaría "desfinanciamiento" del sistema y una merma en la calidad educativa.
El rector de esa universidad, Daniel Martínez, definió que la ley que garantizaba el ingreso irrestricto a la institución era "pura demagogia". Subrayó que decidió recurrir a la justicia "porque entendimos que la ley tenía varias falencias, entre ellas, garantizar el ingreso a la universidad a todo aquel que hubiera terminado el secundario, pero sin asegurar aulas, docentes ni presupuesto".
Para Martínez, "el acceso, la permanencia y el egreso son cuestiones que tiene que regular cada unidad académica, por lo cual una ley no puede fijar qué debemos hacer, teniendo en cuenta que las universidades somos muy heterogéneas".
El secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Federico Montero, señaló: "Si la educación es un derecho, el Estado tiene que prepararse para garantizarlo. Esto implica que se tengan que transformar una serie de premisas con las que viene funcionando hasta ahora el sistema". Y cuestionó: "El gobierno de [Mauricio] Macri tiene entre sus objetivos restringir que el ingreso a la universidad sea un derecho".
La norma al modificar los puntos centrales de la ley de educación superior, que establece, entre otras cuestiones, la responsabilidad indelegable del Estado en relación a la educación superior, la gratuidad de los estudios y la prohibición de fijar cualquier tipo de gravamen en las universidades públicas. Ante la posibilidad de que se judicializara el tema -tal como ocurrió con la presentación de la UNLaM-, a fines del año pasado los rectores reclamaron al flamante gobierno la reglamentación de la norma.
