El hecho ocurrió en un hospital santafesino donde durante años se conservaron restos de embarazos que no llegaron a término. La Justicia intervino y avanza en la regularización legal para la sepultura de los 200 fetos que aún permanecen sin destino definido.
Un total de 51 fetos conservados en formol fueron finalmente enterrados tras una orden judicial, mientras otros 200 aún permanecen sin destino definido en el hospital "Doctor Jaime Ferré", en Rafaela, provincia de Santa Fe.
El caso se originó cuando se detectó que, entre 2005 y 2020, el área de Anatomía Patológica había conservado en frascos restos de embarazos que no llegaron a término, en lugar de descartarlos como residuos patogénicos, según el protocolo habitual. Es que el doctorJorge Pérez durante esos 15 años consideró que el tratamiento que se le daba a los fetos no era el “humanamente adecuado” y los acumuló hasta que se resolviera qué tratamiento se les podían dar.
Ante esta situación, las autoridades del hospital impulsaron una intervención judicial para regularizar la situación, publicó La Nación.
Notificaciones judiciales y polémica
En ese marco, la Justicia notificó a 241 mujeres para que pudieran iniciar los trámites correspondientes, retirar los restos y darles sepultura.
La medida generó fuerte controversia, ya que muchas de las madres se enteraron años después de la existencia de los cuerpos, lo que reabrió el dolor por la pérdida.
Según explicó el abogado patrocinante de la iniciativa, Pablo Possetto, el objetivo fue garantizar un tratamiento digno a los restos.
“Esto no tiene nada que ver con el aborto. Son bebés deseados que fallecieron en muertes no provocadas, que debido a su peso no recibieron el trato digno que todo ser humano merece. El fallo es contundente y revolucionario. Esto debería cambiar el manejo que existe sobre los cuerpos de los bebés que mueren antes de nacer y que pesan menos de 500 gramos y terminan en la basura hospitalaria. ¿Cuál es la diferencia de pesar 400 o 600 gramos? La dignidad humana es la misma. Las familias están agradecidas y sienten que esto fue como sacar una espina y que empezara a drenar. Había mucho dolor acumulado”, apuntó Possetto.
Dificultades legales y avances parciales
El proceso implicó múltiples pasos legales, como la inscripción de las defunciones fetales en el Registro Civil y la obtención de licencias de inhumación.
Inicialmente, solo seis mujeres se presentaron y participaron de un entierro colectivo.
Posteriormente, mediante campañas impulsadas por la organización Rafaelinos por la Vida, se logró avanzar con la regularización de otros casos.
El entierro colectivo y lo que falta resolver
Finalmente, el 25 de febrero se realizó una ceremonia colectiva en la que se trasladaron 51 frascos a un panteón especialmente acondicionado en el cementerio local.
La iniciativa se enmarcó en el denominado Proyecto Arimatea, que busca dar sepultura a los restos que permanecían sin destino.
Sin embargo, aún quedan alrededor de 200 cuerpos en el hospital, cuya situación deberá resolverse en instancias judiciales futuras.
“Esta es una problemática poco visible. Se trata de niños fallecidos durante el embarazo que, debido a interpretaciones erróneas de la legislación vigente en la provincia de Santa Fe, no recibían el tratamiento correspondiente. En situaciones en las que la muerte se produce antes de las 20 semanas de gestación o cuando el peso no alcanza los 500 gramos, no se extiende el certificado de defunción, lo que impide un tratamiento adecuado de los cuerpos, cuyos restos son considerados residuos patogénicos”, explica un comunicado de Rafaelinos por la Vida.
Un debate sobre protocolos y dignidad
Según explica Possetto, la Ley Nacional 26.413, que regula el funcionamiento del Registro Civil, establece que “las muertes prenatales, denominadas legalmente defunciones fetales, deben ser registradas formalmente sin distinguir la edad gestacional ni el peso. Este procedimiento, basado en el certificado de defunción que los médicos deben emitir conforme a sus obligaciones legales, permite la emisión de la licencia de inhumación, requisito indispensable para proceder a la sepultura o cremación”, apunta.
Según explicaron el comunicado, la Rafaelinos por la Vida se convirtió en titular de la concesión de uso a perpetuidad de un panteón en el cementerio local, y puso ese espacio a disposición para dar sepultura a los cuerpos que permanecían en el hospital, sin haber podido ser inhumados. “De este modo, se dio cumplimiento a una orden judicial que disponía la emisión de los certificados de defunción, la inscripción de los fallecimientos en el Registro Civil, la correspondiente licencia de inhumación y la posterior sepultura. La iniciativa se enmarca en el denominado Proyecto Arimatea. Gracias al aporte de particulares e instituciones, el panteón fue acondicionado especialmente para este fin”, concluye.
Es que el fallo de la jueza Ana Laura Mendoza determinó que deben cumplirse los procedimientos legales correspondientes para garantizar la inscripción y posterior sepultura de los nonatos.
Historias personales detrás del caso
Detrás del expediente judicial, emergieron historias personales atravesadas por el dolor. Algunas familias decidieron avanzar con los trámites y pudieron realizar ceremonias de despedida, lo que les permitió cerrar procesos pendientes.
Camila Barbero tiene 32 años. Hace ocho años, cuando estaba embarazada de 20 semanas, contrajo una bacteria que detuvo el crecimiento de Miqueas Emanuel. Cuando llegó al hospital de San Cristóbal, le explicaron que ya no había nada que hacer y le indujeron el parto. Cuando nació, sin vida, una enfermera le preguntó si quería verlo; ella dijo que no porque no resistía el dolor. Entonces cerró los ojos y pidió que se lo describiera al oído. Le dijo “Tiene todos los deditos, la nariz es perfecta, muy chiquita, parecida a la tuya”. Camila vivió todos los días que siguieron con esa imagen que se dibujó en su mente. Cuando dos años después llegó Lara, su “hija arco iris”, como le dice, tuvo que enfrentar muchos sus miedos. Volver a ser madre le sirvió para sanar. Lara ya tiene cinco años.
Hace cuatro años Camila había salido y su madre recibió una carta del correo y la abrió. Cuando se la mostró a Camila, no le creyó. “Debe ser una joda. ¿Pero quién jugaría con algo así?”, pensó.
A medida que esperaba que le llegara la fecha para presentarse en el hospital, cada noche Camila soñaba con que por fin se animaría a ver a su hijo. “Yo sabía que iba a ser como me lo había dibujado”, cuenta. Fueron tres las familias de San Cristóbal que se presentaron al hospital (los cuerpos habían sido trasladados al hospital de Rafaela para su autopsia). Hicieron el trámite conjunto para afrontar los gastos del traslado. Sin embargo, cuando iban a preparar a Miqueas para que lo pudiera ver, el señor de la funeraria le recomendó que no porque no estaba en condiciones. Camila abrazó el frasco; su marido y su hija, también. Lo rodearon con la mantita de lana que le había tejido y lo dejaron adentro del cajón blanco. Así lo enterraron en el cementerio de San Cristóbal, en una ceremonia con poca gente, pero que les permitió cerrar tanto dolor. “No sé cómo funciona, pero a partir de ese día las preguntas de mi cabeza pararon. Creo que Dios preparó esto para permitirme sanar. Ahora ya sé dónde está mi hijo, y cuando estoy triste le llevo una flor y se me pasa”, dice.
El caso evidenció una problemática poco visible y puso en discusión prácticas médicas, legales y sociales vinculadas a la muerte prenatal.
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