Los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron imponer su mayoría para aprobar un dictamen que declara la emergencia en discapacidad. El proyecto propone que las prestaciones se actualicen de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
En una sesión cargada de tensiones políticas y marcada por una multitudinaria manifestación frente al Congreso, los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron imponer su mayoría para aprobar un dictamen que declara la emergencia en discapacidad hasta el final del mandato del presidente Javier Milei. El objetivo es que la iniciativa sea tratada y eventualmente sancionada en el recinto el próximo 14 de mayo.
El dictamen de mayoría fue firmado en un plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y de Presupuesto, aunque con una notoria ausencia del bloque oficialista, incluidos los legisladores libertarios y su referente José Luis Espert. La conducción del debate recayó en los diputados de Unión por la Patria (UP): Daniel Arroyo (Discapacidad), Pablo Yedlin (Acción Social y Salud Pública) y Carlos Heller (vicepresidente de Presupuesto).
El proyecto aprobado por mayoría -con 59 firmas de UP, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda- propone que las prestaciones para personas con discapacidad se actualicen de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, con aplicación retroactiva desde diciembre de 2023, y contempla una compensación por la diferencia entre los aranceles oficiales y la inflación durante el período de la emergencia.
Mientras se desarrollaba la reunión de comisión, familiares, personas con discapacidad y organizaciones sociales marcharon alrededor del Congreso en apoyo a la ley y en reclamo de medidas urgentes para el sector.
Desde UP, Arroyo sostuvo que la situación de las personas con discapacidad "ya era crítica, pero empeoró por la falta de actualizaciones en las prestaciones este año", y remarcó que si bien es correcto que el Gobierno audite los beneficios mal otorgados, "no se está haciendo de manera adecuada", generando angustia entre más de 1.200.000 beneficiarios.
En paralelo, la oposición busca construir consensos más amplios para evitar que el Ejecutivo vete la ley en caso de ser aprobada, como ocurrió en otras oportunidades con iniciativas vinculadas a jubilaciones y presupuesto universitario. “Queremos que esta norma cuente con el mayor respaldo posible”, señalaron voceros de UP.
Los dictámenes de minoría, en tanto, provinieron de la UCR (7 firmas), Democracia para Siempre (8 firmas) y el PRO (14 firmas), quienes presentaron matices en cuanto al alcance y duración de la emergencia, el esquema de auditorías y la retroactividad de los aumentos.
Desde el PRO, el diputado Martín Maqueyra reconoció la urgencia del tema pero sostuvo que su espacio no acompaña la declaración de emergencia, aunque sí propone actualizar las prestaciones por IPC. Además, propuso revisar la terminología institucional para adecuarla a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por su parte, Lisandro Nieri (UCR) puso el foco en “la necesidad de actualización y auditorías efectivas” y sumó una propuesta de promoción del empleo para personas con discapacidad.
Desde Democracia para Siempre, la diputada Carla Carrizo expresó su apoyo a la emergencia, aunque planteó que su vigencia se limite a un año, en línea con el carácter “excepcional y transitorio” de la medida. También propuso que la actualización de las prestaciones se aplique por IPC a partir de 2025.
El oficialismo libertario, ausente en el plenario, aún no ha dado señales claras sobre su posición frente al inminente debate en el recinto.
