La situación llevó al Consejo General de Educación a prohibir la matriculación de alumnos en 2023. Se trata de una institución educativa de gestión privada, e incorporada a la enseñanza oficial en 2019 y en 2020.
Las “reiteradas irregularidades” detectadas en el funcionamiento de la Unidad Educativa de Nivel Inicial N° 256 y en la Escuela Primaria N° 262 Gabriela Brimmer, de San Benito, llevaron al Consejo General de Educación (CGE) a prohibir la matriculación de alumnos en 2023. Se trata de una institución educativa de gestión privada, e incorporada a la enseñanza oficial en 2019 y en 2020.
Pero a partir del monitoreo hecho por supervisores escolares se detectaron “numerosas y severas irregularidades”, según el texto de la resolución N° 4.668, del 22 de noviembre último. Esas irregularidades, señala la norma, constituyen “situaciones que claramente ponen en riesgo las trayectorias educativas de los niños y niñas que concurren a ambos establecimientos, ya que se ven vulnerados sus derechos al acceso a una educación de calidad”.
Así, y luego “de analizar y sistematizar los datos cualitativos y cuantitativos provenientes del trabajo exhaustivo en territorio desde el rol supervisivo (…) y de los equipos técnicos, la Dirección de Asuntos Jurídicos arriba a las siguientes conclusiones: persisten conceptos y procedimientos erróneos en diferentes dimensiones organizacionales y curriculares, aun recibiendo explicaciones reiteradas, acompañamiento y asesoramiento permanente desde la Dirección de Educación de Gestión Privada y luego de dos instancias de apercibimiento para regularizar la situación”.
Al reseñar las “irregularidades más notorias”, la resolución del CGE señala en relación a la “dimensión pedagógico-didáctica: escasas y/o nulas evidencias de aprendizaje en contenidos de Matemática, Lengua y demás espacios de la caja curricular obligatoria en nivel primario. Ausencia de planificación que garantice los saberes en cada grado/ciclo de la escolaridad primaria, lo cual impide la adquisición de saberes básicos, comunes desde una perspectiva de la democratización del conocimiento. Escasas evidencias de progreso en los cuadernos y/o carpetas, presencia de actividades aisladas, que carecen de vinculación y de profundización, que dan cuenta de una improvisación diaria a raíz de la falta de profesionalismo del personal a cargo y de la precaria formación académica. Evidencias de desarrollo de espacios extracurriculares y dinámicas que no están dentro del horario correspondiente a la caja curricular obligatoria en nivel inicial y primario”.
Respecto de la responsabilidad del personal directivo y docente de la Escuela Gabriela Brimmer, la resolución del CGE cita la Ley Nacional de Educación N° 26.606, y señala que los mismos “son agentes del Estado y deben garantizar una enseñanza de saberes y capacidades socialmente relevantes”. Y que están obligados por ley a “cumplir con los lineamientos de la política educativa de la Nación y de la respectiva jurisdicción”.
En ese contexto, Educación entiende que “se ven directamente vulnerados los derechos de niños y niñas a recibir educación integral con igualdad de oportunidades que apunte al desarrollo de todas las dimensiones de la persona”, detalla el portal Entre Ríos Ahora.
Respecto de la “dimensión socio-comunitaria también se observa inconsistencia en el modo de abordaje de los procesos de inclusión educativa de estudiantes con discapacidad; modos de intervención con escaso ajuste a los marcos normativos nacionales y jurisdiccionales. En cuanto a la dimensión administrativa, también se ve constante recambio de personal directivo y docente, lo que dificulta observar en forma sostenida su desempeño e impacta de manera negativa en la calidad de la enseñanza”. A eso se suman reclamos del personal docente por sueldos impagos.
A la intervención de los supervisores escolares se sumaron “numerosas presentaciones de familias de alumnos y alumnas solicitando intervención de este organismo (el CGE) frente a cuestiones que los aquejan y preocupan ya que son inherentes a la calidad de la enseñanza y a las políticas de cuidado que deberían garantizar las instituciones”.
