El gobernador Martín Llaryora busca equilibrar el rojo desbocado mediante bonos y contribuciones del 2% al 8%, beneficiando al grueso de pasivos con el 82% móvil.
En un intento por evitar el colapso financiero de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora declaró la emergencia previsional y lanzó un esquema de aportes personales extraordinarios que recae principalmente sobre empleados y jubilados con mayores ingresos. La medida responde al déficit descontrolado, agravado por la suspensión de fondos nacionales enviados por la Nación, dejando a la provincia al borde del "precipicio" previsional.
El nuevo sistema reemplaza el fondo compensador del 4% que pagaban los estatales con contribuciones progresivas que van del 2% al 8%, afectando especialmente a sectores como magistrados, bancarios, municipales de la capital cordobesa y empleados de EPEC, la empresa estatal de energía. Mientras el grueso de los trabajadores verá una rebaja en sus aportes, los de mayores haberes enfrentarán incrementos significativos. Facundo Torres, presidente del bloque oficialista en la Legislatura, defendió la iniciativa como un acto de "estricta justicia redistributiva", destacando que más de la mitad de los 116.760 jubilados y pensionados provinciales —con un haber promedio de 1,6 millones de pesos— accederán al 82% móvil.
Además, se prevén bonos previsionales para los jubilados "top", aquellos con ingresos superiores a los 3 millones de pesos mensuales. Miguel Siciliano, flamante ministro de Llaryora, cuestionó abiertamente las disparidades: "No es justo que un taxista, un verdulero o un profesional pague con sus impuestos el déficit generado por jubilados públicos que cobran 4, 7 o hasta 14 millones". Este grupo de alto ingreso, unos 18.000 beneficiarios, concentra casi el 50% del rojo proyectado en 820 mil millones de pesos para 2026.
La Legislatura cordobesa ya aprobó la reforma, pese a la resistencia de sindicatos como el Suoem, que movilizó a sus afiliados. Llaryora mantiene el reclamo ante la Anses y la Corte Suprema por los fondos adeudados, culpando directamente a la Nación por el "rojo previsional desbocado". Esta estrategia busca quebrar el frente sindical y redistribuir la carga en medio de la crisis, priorizando a policías, enfermeros, médicos y docentes que perciben haberes más bajos.
La medida genera debate en todo el país, recordando tensiones similares en otras provincias. En Córdoba, con 116.760 pasivos en jaque, Llaryora apuesta a que el esfuerzo de los que más tienen salve el sistema. (Fuentes: Perfil, LetraP y La política online)
Temas:
Córdoba jubilados y pensionados
