El fiscal federal Federico Delgado pidió que los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, y otros ex funcionarios sean procesados por integrar una asociación ilícita en el marco de la causa por la tragedia de Once.
Además, al apelar la resolución que dio a conocer el viernes
pasado el juez federal Claudio Bonadío -quien los imputó por el
delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso
de autoridad-, el fiscal pidió que sean también imputados por
infringir el artículo 261 del Código Penal.
Esa norma prevé "reclusión o prisión de dos a diez años e
inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que
sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o
custodia le haya sido confiada por razón de su cargo".
Por otra parte, este lunes el empresario Mario Cirigliano
depósito los 5 millones de caución real que le trabó Bonadío, ya
que de no hacerlo el juez tenía previsto ordenar su inmediata
detención.
Delgado pidió que además de Schiavi y Jaime sean procesados el
ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), Pedro Ochoa; y el que estaba al frente de dicho organismo
al momento del hecho, Antonio Sícaro; además del ex subsecretario
de transporte ferroviario, Guillermo Luna.
En la misma resolución, apeló el sobreseimiento dictado por
Bonadío en favor de Antonio Sícaro, y las faltas de mérito de
Laura Ballestero, Antonio Suárez, Gustavo Zeni Jaunsaras, Miguel
Werba y Antonio Cirigliano.
También los sobreseimientos de Daniel Lodola, Luis Ninoná y
Marcos Córdoba, este último el motorman de la formación
siniestrada.
Sobre Córdoba, el fiscal recordó que tuvo responsabilidad "en
el descarrilamiento y ni siquiera él la negó".
"Allí reconoció que violó un elemental deber de cuidado a la
hora de no parar una formación que no funcionaba correctamente.
Con ese alcance, entonces, el que él confesó, también debe ser
procesado por el descarrilamiento agravado", añadió.
Delgado tuvo en cuenta que "los integrantes de la asociación
ilícita que comandaban los Cirigliano hicieron lo imposible por
descargar sobre las espaldas de Córdoba la responsabilidad del
accidente".
"En efecto, la fiscalía no propone una impugnación dirigida a
la calificación legal que hizo el Señor juez, sino que propone una
revisión de la resolución cuya puerta de ingreso serán esas
calificaciones pero no en tanto tales sino como barrera que oculta
un recorte de los hechos y, por lo tanto, de las
responsabilidades; en particular, la de los funcionarios públicos"
afirmó el fiscal.
