REDACCIÓN ELONCE
La economía de Entre Ríos mostró señales mixtas, con crecimiento del agro y orden fiscal, pero dificultades en empleo, turismo e inversión. El economista Leandro Rodríguez analizó el escenario nacional, la reforma previsional y el rol de la universidad.
La economía de Entre Ríos atravesó un escenario de contrastes, marcado por la recuperación del agro, el crecimiento de las exportaciones y el ordenamiento de las cuentas provinciales, aunque también por dificultades en sectores como el turismo, la metalmecánica, el empleo formal y la inversión pública. El economista Leandro Rodríguez realizó un extenso análisis sobre la situación nacional y provincial, los desafíos rumbo a 2027 y la necesidad de alcanzar acuerdos políticos de largo plazo.
Durante una entrevista en "Plaza Mansilla", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, el especialista examinó la estrategia económica del Gobierno nacional y sostuvo que la principal prioridad oficial consistió en mantener bajo control el tipo de cambio para sostener el proceso de desaceleración inflacionaria. En ese sentido, explicó que la estabilidad cambiaria fue una variable decisiva en una economía bimonetaria como la argentina.
Rodríguez afirmó que la administración nacional intentó construir un esquema financiero que le permitiera llegar a las elecciones de 2027 con la menor cantidad posible de sobresaltos. Según planteó, existían condiciones internas y externas favorables, aunque también persistían riesgos vinculados con el nivel de deuda, las expectativas políticas, la dolarización de los ahorros y las tensiones propias de los años electorales.
El tipo de cambio como eje de la estrategia nacional
Al referirse al rumbo económico del país, Rodríguez explicó: “En términos nacionales, me da la impresión de que el Gobierno está armando el esquema financiero para afrontar el 2027 con los menores sobresaltos posibles”.
El economista consideró que el Ejecutivo nacional contaba con herramientas suficientes para controlar la variable que, a su entender, más incertidumbre generaba dentro de cualquier programa de estabilización. “Creo que tiene las condiciones para lograrlo. Hay por lo menos elementos importantes que auguran que el Gobierno tiene la capacidad de controlar la principal variable que genera incertidumbre. en todo proceso de estabilización, y especialmente en Argentina, que es una economía bimonetaria, que es el tipo de cambio”, sostuvo.
En esa línea, subrayó que un dólar estable permitía ordenar las expectativas y sostener la reducción de la inflación. “Tener el dólar estable garantiza manejar las expectativas y lograr este un proceso de desinflación sostenido, es decir, los planes de estabilización que han fracasado en América Latina, sobre todo, han estado vinculados a la imposibilidad de mantener la estabilidad del tipo de cambio”, manifestó.
Superávit fiscal y ordenamiento monetario
Rodríguez destacó que el Gobierno nacional contaba con instrumentos de política económica propios que podían contribuir a sostener la estabilidad. Entre ellos mencionó el superávit fiscal primario, el orden monetario y la cobertura de los pasivos del Banco Central.
“El gobierno tiene algunos elementos de política propia que ayudan en ese sentido, como es el superávit fiscal primario, un ordenamiento monetario. Existe una cobertura sobre los pasivos monetarios y la base monetaria muy amplia en los últimos 20 años, la más amplia que se ha visto en la Argentina”, señaló.
No obstante, indicó que el contexto internacional y climático también aportaba condiciones favorables. En particular, se refirió al fenómeno de El Niño y a las perspectivas de mayores precipitaciones durante la primavera y el verano, que podían favorecer las campañas agrícolas y mejorar la capacidad del sector agropecuario para generar divisas.
Las expectativas por las cosechas
Sobre el comportamiento del clima, Rodríguez expresó: “Además tiene elementos externos que han ayudado este proceso, como es la aparición del fenómeno de El Niño, un fenómeno climático que está vinculado a un alto nivel de precipitaciones”.
El economista anticipó que un fenómeno intenso podía mejorar los rendimientos de la cosecha fina y la cosecha gruesa, aunque reconoció que también implicaba riesgos de inundaciones en determinadas regiones. “En este caso, parece que viene un Niño muy intenso, con lo cual las expectativas de la cosecha fina, la cosecha gruesa, -porque el Niño se va a acentuar en la primavera y en el verano- son favorables”, explicó.
“También hay sectores que van a sufrir porque esto genera inundaciones importantes, pero en general el Niño se asocia a buenas campañas agrícolas y eso despeja uno de los principales problemas que es la capacidad del agro de generar divisas”, agregó.
Petróleo, commodities y Vaca Muerta
Otro de los factores analizados estuvo relacionado con el escenario internacional y el aumento del precio del petróleo y de los productos primarios. Rodríguez vinculó esa situación con el conflicto entre Estados Unidos e Irán y sus efectos sobre el mercado energético.
“Y además de eso, está también la guerra de Estados Unidos con Irán, que ha aumentado los precios del petróleo y de los commodities en general”, indicó.
De acuerdo con su análisis, Argentina podía beneficiarse de esa coyuntura debido al crecimiento de la producción de hidrocarburos y a las inversiones realizadas durante los últimos años en Vaca Muerta. El país había logrado consolidar un saldo favorable en materia energética y ampliar sus exportaciones, particularmente de petróleo.
El crecimiento de las exportaciones energéticas
Rodríguez manifestó: “Eso en un país que se ha transformado en superhabitario, gracias a las inversiones que ya venían de antes y que se continuaron en Vaca Muerta”.
El economista añadió que ese desarrollo fortalecía la capacidad del Gobierno para obtener dólares a través del comercio exterior. “Eso profundiza la capacidad del Gobierno por aprovechar ese crecimiento de las exportaciones hidrocarburíferas, sobre todo el petróleo, que es el 80%”, sostuvo.
Además, remarcó el importante superávit comercial acumulado durante los primeros meses de 2026. Según afirmó, el resultado obtenido en cinco meses había sido equivalente al registrado durante todo el año anterior, una situación que contribuía a reforzar las reservas y la estabilidad cambiaria.
El superávit comercial durante 2026
“Esos dos elementos ayudan y eso en los últimos cinco meses el Gobierno tuvo un superávit comercial de 11.700 millones de dólares, es decir, el mismo superávit que tuve en todo el 2025, lo tuvo en los primeros 5 meses del 2026”, detalló Rodríguez.
A su vez, señaló que las expectativas de crecimiento para el año siguiente se ubicaban en torno al 3%. Consideró que se trataba de una recuperación moderada, que no generaría necesariamente un salto fuerte de las importaciones y, por lo tanto, no afectaría de manera significativa el saldo comercial.
“Con una expectativa de crecimiento del año que viene más o menos de un 3%, que no es una tasa explosiva, con lo cual tampoco es de esperar que haya un boom importador”, afirmó.
Los riesgos de la economía argentina
Pese a las condiciones favorables mencionadas, Rodríguez advirtió que el programa económico enfrentaba riesgos importantes. Uno de ellos era el nivel de endeudamiento consolidado entre el Tesoro y el Banco Central, que rondaba el 70% del Producto Interno Bruto.
“Hay elementos que permiten pensar que el Gobierno puede controlar el tipo de cambio. Ahora, eso no quiere decir que no haya riesgos. Hay riesgos que son importantes”, aclaró.
En ese sentido, explicó: “Uno de los riesgos es que tenemos una deuda pública elevada. La deuda pública hoy ronda más o menos consolidada entre el Banco Central y el Tesoro el 70% del PIB”.
Deuda en pesos y tensiones cambiarias
El especialista señaló que una parte importante de la deuda pública estaba denominada en pesos y había aumentado como consecuencia de la capitalización de intereses. Ese escenario podía generar tensiones si los inversores percibían un riesgo de devaluación o un deterioro en las condiciones de los mercados emergentes.
“Eso significa que hay inversores que están colocados en pesos. Ha crecido bastante la deuda pública en pesos en virtud de la capitalización de intereses”, señaló.
También recordó que la moneda argentina había sufrido una depreciación en los últimos meses, en el marco de un fortalecimiento global del dólar. Para Rodríguez, esos movimientos demostraban que Argentina continuaba expuesta a los cambios en las condiciones financieras internacionales.
El impacto de la política estadounidense
Rodríguez explicó: “Si esos inversores ven que hay riesgo de devaluación o hay algún factor que genere un problema en los emergentes, como ha pasado en el último mes, que Argentina depreció su moneda un 7% desde abril hasta hoy, también como otros emergentes por el fortalecimiento del dólar”.
Asimismo, mencionó que una eventual derrota electoral del presidente estadounidense Donald Trump en las elecciones legislativas podía alterar el escenario financiero. También consideró que una caída en la imagen del presidente Javier Milei podía incrementar la incertidumbre y trasladarse al mercado de cambios.
“Si hay algún riesgo, que puede ser, por ejemplo, una derrota de Trump en las elecciones de medio término o una caída en la imagen de Milei, eso va a generar tensiones en el mercado de cambio”, manifestó.
La compra de dólares en años electorales
Rodríguez recordó que los años electorales solían estar acompañados por una mayor demanda de dólares por parte de la población. Esa conducta respondía a la búsqueda de cobertura frente a posibles cambios políticos o económicos.
“Más aún considerando que en los años electorales, en general, la población se cubre comprando divisas y eso aumenta la tensión en el mercado de cambio”, afirmó.
El economista sostuvo que durante los primeros meses del año la compra de moneda extranjera para atesoramiento había alcanzado aproximadamente los 11.000 millones de dólares. Aunque la cifra había disminuido en comparación con el proceso electoral de 2025, continuaba representando un volumen significativo.
El ahorro de los sectores medios y altos
“También en los primeros meses, la compra de divisas para atesoramiento de parte de la población con poder adquisitivo ha rondado los 11.000 millones de dólares”, expresó Rodríguez.
El especialista explicó que parte del superávit comercial terminaba siendo absorbido por los sectores que utilizaban el dólar como instrumento de ahorro. “Eso es muy importante, pese a que bajó respecto de lo que era en el momento electoral del 2025, sigue siendo significativa”, indicó.
“Así que parte del superávit comercial se va en atesoramiento de los sectores medios y altos que ahorran en dólares”, añadió, y remarcó que ese comportamiento reflejaba el carácter bimonetario de la economía argentina.
El debate sobre la sostenibilidad del modelo
Consultado sobre las críticas de la oposición, que advertía que el programa económico no podía sostenerse en el tiempo, Rodríguez diferenció entre la estabilidad macroeconómica y la situación social.
El economista sostuvo que el Gobierno tenía claro que no podía perder el control de las principales variables. Para fundamentar su posición, recordó una reflexión de Aldo Ferrer sobre la importancia de conservar el manejo de la economía para evitar ataques especulativos y problemas de gobernabilidad.
“Hay dos cosas. Un tema es la macroeconomía: el Gobierno tiene claro que no puede dejar escapar las variables macroeconómicas”, respondió.
La prioridad por el orden macroeconómico
Rodríguez amplió: “Ya tiene las experiencias históricas donde como lo decía Aldo Ferrer, 'si vos perdés el control de la economía, entonces estás sujeto a cualquier ataque especulativo' y las variables se te descontrolan totalmente y perdés gobernabilidad”.
En ese marco, consideró que la estabilidad cambiaria y financiera tendría prioridad frente a otras demandas. “Me parece que hay que incorporar al análisis la decisión del Gobierno de mantener el orden macroeconómico, la estabilidad del tipo de cambio, la estabilidad financiera frente a cualquier otra circunstancia”, señaló.
Según evaluó, la meta central consistía en llegar a 2027 con una inflación descendente. Las proyecciones mencionadas durante la entrevista ubicaban la inflación anual cercana al 20%, lo que equivaldría a registros mensuales en torno al 1%.
Las proyecciones para 2027
“El Gobierno tiene claro un elemento: tiene que llegar al 2027 con inflación a la baja”, sostuvo Rodríguez.
El economista agregó: “Las expectativas inflacionarias para el 2027 son más o menos el 20% anual, es decir, que va a llegar con una inflación cercana al 1% si no hay, por supuesto, una corrida o un cisne negro, como dicen los economistas”.
Sin embargo, advirtió que la estabilización macroeconómica se encontraba apoyada en un proceso de ajuste que no había logrado impulsar una recuperación sólida de la actividad. Los sectores vinculados con la generación de empleo, como la industria y el comercio, permanecían estancados.
Actividad económica y empleo
“Ahora, esta macroeconomía está fundada también en un proceso de ajuste en el cual la economía no repunta, especialmente los sectores que generan trabajo: la industria, el comercio, están estancados”, explicó.
Rodríguez citó informes que indicaban que la actividad económica prácticamente no había crecido durante los primeros cinco meses del año en comparación con el mismo período de 2025. La industria era uno de los sectores más afectados.
“Los datos que sacó hace poco Orlando Ferreres muestran que en los primeros cinco meses del año la economía prácticamente no creció respecto del año pasado y especialmente la situación es complicada en la industria”, señaló.
El impacto sobre los salarios y el consumo
El economista indicó que las dificultades de la actividad se trasladaban a la situación social y microeconómica. Los salarios habían perdido poder adquisitivo, especialmente en el sector formal, mientras que las ventas de productos de consumo masivo mostraban retrocesos.
“A nivel social y a nivel microeconómico, sí está generando tensiones porque los sueldos también vienen cayendo en términos reales y sobre todo en el sector formal”, afirmó.
No obstante, consideró que la desaceleración de la inflación podía abrir un margen para que los ingresos se recuperaran. “Ahora la baja de inflación es de esperar que los sueldos mejoren, las ventas de consumo masivo caen y eso afecta a la variable social”, expresó.
La inflación como prioridad política
Rodríguez sostuvo que, frente a la tensión entre el escenario social y la estabilidad macroeconómica, el Gobierno nacional priorizaba la segunda alternativa. Según interpretó, esa decisión respondía a que una parte de la población valoraba especialmente la reducción de la inflación.
“Ahora, entre la variable social y la variable macroeconómica, la estabilidad, a mí lo que me parece es que el Gobierno tiene claro que prioriza la estabilidad macroeconómica porque la gente valora la baja de la inflación”, señaló.
El especialista consideró que llegar a 2027 con una inflación mensual cercana al 1% podía ser interpretado de manera positiva por la sociedad, después de un período prolongado de aumentos sostenidos de precios.
Los costos sociales de la estabilización
“Si el gobierno llega al 2027 con una inflación de 1% mensual, eso me parece que va a ser visto positivamente por la sociedad que venimos de un proceso inflacionario de 15 años más o menos”, expresó.
“Llegar a una inflación del 20% me parece que es positivo desde el punto de vista social”, añadió.
Sin embargo, planteó que ese resultado podía alcanzarse a costa de un aumento del desempleo, una reducción del trabajo formal y una modificación en la estructura ocupacional, con mayor presencia de actividades informales y empleos vinculados con plataformas digitales.
El crecimiento del empleo informal
Rodríguez comparó la situación con algunos efectos observados durante la convertibilidad. “Y eso a costa de qué, como pasó en la convertibilidad, probablemente a costa de un mayor desempleo, a costa de pérdida de trabajo formal, de un cambio en la composición de la ocupación”, afirmó.
A continuación, explicó: “Aumenta el empleo informal, Uber, Rapipago y demás en desmedro del empleo formal”.
El economista sostuvo que desde noviembre de 2023 se habían perdido aproximadamente 200.000 puestos de trabajo formales, según las series oficiales desestacionalizadas del Ministerio de Capital Humano.
La pérdida de puestos registrados
“Se han perdido unos 200.000 puestos de trabajo si tomamos la serie desestacionalizada que el mismo gobierno publica en el Ministerio de Capital Humano desde noviembre de 2023 hasta hoy”, indicó.
Según Rodríguez, la estrategia nacional consistía en mantener el orden macroeconómico incluso si eso afectaba al empleo público y privado formal. “La ecuación es mantener el orden macroeconómico a costa incluso de afectar a ciertos sectores sociales”, sostuvo.
La economía de Entre Ríos
Al trasladar el análisis al escenario provincial, Rodríguez señaló que los gobiernos de las provincias contaban con un margen de acción limitado, debido a que se encontraban condicionados por las políticas macroeconómicas nacionales.
“Los gobiernos provinciales no tienen mucho margen, creo que lo habíamos hablado hace un tiempo con vos, en el sentido de que están sujetos al régimen macroeconómico que establece la Nación”, explicó.
Según el especialista, Entre Ríos había sufrido las consecuencias de un esquema de estabilización especialmente duro para el sector público, que tenía un peso significativo dentro de la estructura económica provincial.
El peso del sector público provincial
“En este caso, me parece que la provincia ha sufrido igual que el resto de las provincias los problemas de un esquema de estabilización que fue bastante agresivo con un sector que para Entre Ríos es muy importante, como es el sector público”, indicó.
Rodríguez estimó que la participación del Estado dentro del Producto Bruto Geográfico entrerriano podía ubicarse entre el 20% y el 30%, según el tipo de medición. Esa relevancia hacía que cualquier reducción del gasto público tuviera un efecto directo sobre la actividad provincial.
“Es más o menos el 20% del PIB, depende la medición, en algunos casos incluso el 30% del PIB. Eso es un elemento que afecta, por supuesto, a la economía local”, expresó.
El turismo y el dólar barato
El economista señaló que el turismo, otro de los motores de la actividad entrerriana, también había enfrentado dificultades debido al atraso cambiario. Un dólar relativamente barato incentivaba los viajes al exterior y reducía la competitividad de los destinos nacionales.
“Además de eso, también con el tipo de cambio atrasado y el dólar barato, como se dice habitualmente, otro de los motores que es el turismo también se ha visto afectado”, sostuvo.
En contraposición, destacó la recuperación del sector agroindustrial y, en particular, del agro. Después de la fuerte caída provocada por la sequía de 2023, la producción había logrado recomponerse durante 2024 y 2025.
La recuperación del agro entrerriano
“Ahora, lo que ha mejorado la provincia es el sector agroindustrial, sobre todo el agro”, señaló Rodríguez.
“Después de la sequía 2023 que había caído muy fuerte, se recuperó 2024 y 2025 y se han ampliado fuertemente las exportaciones”, agregó.
El economista afirmó que durante 2025 Entre Ríos había alcanzado el mayor nivel de exportaciones de la serie iniciada en 1992, con ventas externas cercanas a los 2.100 millones de dólares.
Récord de exportaciones provinciales
“El año 2025 nosotros tuvimos 2.100 millones de exportaciones. Ahora se me fue la cifra exacta, que es el nivel de exportaciones más alto de toda la serie desde 1992”, destacó.
Rodríguez aclaró que parte de esos valores podía responder a la forma en que el Instituto Nacional de Estadística y Censos asignaba territorialmente las exportaciones. Sin embargo, sostuvo que el nivel alcanzado seguía siendo significativo.
“Estamos en exportaciones importantes, en que algunas importaciones son imputadas porque tiene que ver con cómo calcula el INDEC la base exportadora”, manifestó.
Orden fiscal y baja inversión pública
Al revisar las cuentas provinciales, Rodríguez señaló que el Gobierno de Entre Ríos registraba superávit económico y financiero. No obstante, advirtió que ese resultado se había conseguido en un contexto de baja inversión pública.
“Después si uno ve las cuentas públicas, el gobierno tiene superávit económico, es decir, la diferencia entre ingresos corriente y gasto corriente y tiene superávit financiero, pero el superávit financiero es a costa de una muy baja inversión pública”, explicó.
El economista consideró que la provincia exhibía orden fiscal y crecimiento en el agro, pero presentaba dificultades en la metalmecánica, el turismo y el sector público. Por ese motivo, definió el balance económico como mixto.
Un escenario con sectores ganadores y perdedores
“Entonces, hay un orden en las cuentas públicas, que eso está visto los datos de contabilidad general, hay un crecimiento del agro y la agroindustria, pero están sufriendo otros motores de la economía como es la metal mecánica, el turismo, el sector público”, señaló.
“Eso hace que el balance económico sea mixto”, expresó.
Rodríguez agregó que Entre Ríos no había caído con tanta fuerza durante 2024, debido a la recuperación del agro, aunque tampoco había logrado una expansión tan marcada durante 2025 como otras jurisdicciones.
La evolución de la actividad provincial
“Entre Ríos no cayó tanto en el 2024 por la recuperación del agro, pero tampoco tuvo una recuperación tan fuerte en 2025 como si otras provincias”, explicó.
El especialista sostuvo que la pérdida de empleo privado registrado había sido levemente menor en Entre Ríos que en el promedio nacional. Dentro de ese escenario, destacó especialmente el comportamiento del Gran Paraná.
“Ahora, dentro del contexto general, la pérdida de empleo privado registrado en Entre Ríos es un poquito menor que lo que ocurrió en el conjunto de las provincias, es decir, promedio nacional”, afirmó.
La resiliencia laboral de Paraná
Rodríguez resaltó que Paraná había mantenido un desempeño laboral relativamente mejor que otros aglomerados urbanos. “El Gran Paraná ha tenido una resiliencia importante y se ha despegado un poco de otros aglomerados”, sostuvo.
Según detalló, el Área Metropolitana había logrado preservar parte del empleo formal, aunque en los últimos meses también había sido afectada por la desaceleración económica. “Manteniendo el nivel de empleo formal y aunque en los últimos meses igual que todos con la recesión de comienzo de este año ha caído”, afirmó.
Para Rodríguez, la capital entrerriana había contribuido a sostener el promedio provincial, principalmente por la continuidad de la construcción y la inversión municipal en obra pública.
La obra pública municipal
“Paraná ha traccionado hacia arriba el empleo registrado, especialmente a partir de mantener el empleo en la construcción y eso me parece que ha sido un factor importante en el despliegue de la obra pública”, señaló.
El economista subrayó que el municipio destinaba aproximadamente una cuarta parte de su presupuesto a obras. “Paraná es una ciudad que destina un cuarto del presupuesto municipal a obra pública, lo cual es muy alto en relación a otras municipalidades”, expresó.
“Eso genera un efecto derrame, por supuesto, en la localidad”, añadió.
Los límites de los gobiernos provinciales
Rodríguez insistió en que la actividad provincial estaba condicionada por factores que excedían las decisiones del Gobierno entrerriano. Entre ellos mencionó el clima, los precios internacionales, la política económica nacional y el comportamiento del tipo de cambio.
“En general, hay sectores mixtos: algunos que crecen, otros que caen”, resumió.
“Reitero lo mismo siempre: el gobierno de una provincia, en el caso de una provincia agraria como Entre Ríos, el desarrollo del agro depende del clima y de los términos de intercambio”, explicó.
El margen de acción provincial
El economista agregó: “El manejo del sector público depende de la macroeconomía nacional y el turismo también de variables nacionales”.
A partir de esa limitación, consideró que una de las principales herramientas disponibles para un gobierno provincial era intervenir en el plano de la infraestructura. “Lo que puede hacer un gobierno provincial en el ámbito macroeconómico, es decir, infraestructura, invertir en infraestructura para que haya desarrollo productivo y eso requiere acuerdo de largo plazo”, sostuvo.
Para ejemplificar, mencionó el caso de San Luis, que durante décadas contó con una ley que obligaba a destinar una proporción significativa del presupuesto a inversión pública.
El ejemplo de San Luis
“San Luis tuvo por muchas décadas una ley que le exigía invertir por lo menos el 20% del presupuesto”, indicó Rodríguez.
“Eso hizo que San Luis, si vos vas a San Luis, vas a ver una infraestructura muy desarrollada y tiene que ver con esas decisiones políticas”, añadió.
En contraste, consideró que Entre Ríos no había sostenido una política similar, lo que provocó un déficit en infraestructura productiva, social y económica.
El déficit de infraestructura
“Entre Ríos no lo ha tenido y ahí hay un déficit que es de la infraestructura productiva, de la infraestructura social y en general la infraestructura económica”, manifestó.
Rodríguez explicó que el superávit fiscal podía beneficiar al Estado provincial al reducir las expectativas de futuros aumentos impositivos. Según sostuvo, cuando los agentes económicos advertían déficits elevados, podían anticipar un incremento de impuestos y disminuir su consumo o inversión.
“Primero lo beneficia en que reduce las expectativas de aumento de impuestos futuros”, señaló.
La lógica del equilibrio fiscal
El economista describió ese comportamiento como una lógica ricardiana. “Si el gobierno tiene mucho déficit, los actores económicos prevén que al futuro va a tener que aumentar impuesto”, explicó.
“Entonces, ¿qué hacen? Disminuyen su gasto actual (la inversión) porque saben que más adelante se viene el ajuste impositivo”, añadió.
Rodríguez sostuvo que el superávit permitía evitar esas expectativas y facilitar las decisiones de consumo e inversión del sector privado.
El acceso al financiamiento
“El gobierno municipal también tiene superávit. Al tener superávit evita que los agentes económicos prevean aumento de impuestos y por lo tanto facilita las decisiones de consumo y de inversión privada”, expresó.
Además, destacó que el equilibrio fiscal reducía la dependencia del endeudamiento para financiar gastos corrientes. “Además de eso, no depende del financiamiento de tener que colocar deuda o el financiamiento externo, es decir, se solventa con sus propios recursos y tiene orden en las cuentas públicas”, indicó.
El especialista advirtió que el desorden fiscal podía derivar en dificultades para pagar salarios, como había ocurrido durante los últimos años de la convertibilidad.
El antecedente de los bonos provinciales
“Si vos te desordenás en las cuentas públicas, después tenés que empezar a hacer malabares para poder pagar sueldo”, señaló Rodríguez.
“Y hay un riesgo, ya lo vivimos en la época de la convertibilidad, donde el resultado económico era negativo y tuvo que junto con otras 14 provincias tuvimos que emitir bonos para pagar sueldos”, recordó.
“Vos tenés que tener ordenadas las cuentas públicas para poder cumplir tus compromisos”, remarcó.
La deuda destinada a infraestructura
Rodríguez aclaró que el endeudamiento no debía ser necesariamente considerado negativo si se utilizaba para financiar inversiones productivas. Un Estado con cuentas ordenadas podía obtener mejores condiciones crediticias y destinar esos recursos a obras capaces de generar crecimiento futuro.
“Además también te permite obtener créditos para la inversión productiva cuando vos mostrás un Estado superhabitario, una cierta salud”, explicó.
Según afirmó, los organismos internacionales observaban en primer lugar la situación fiscal de las provincias antes de aprobar financiamientos.
Qué analizan los organismos internacionales
“Lo primero que miran los organismos internacionales o los inversores es el estado de las cuentas públicas”, señaló Rodríguez.
El economista relató que, durante los procesos de negociación, podían presentarse las fortalezas productivas, las cadenas agroindustriales y las oportunidades de la provincia, pero los prestamistas se concentraban especialmente en la evolución de los ingresos, el gasto y la rigidez de las erogaciones.
“Entonces, nosotros que hemos participado en estos procesos, uno le lleva la economía, la agroindustria, las 32 cadenas de valor que tenemos en la provincia, todo muy lindo, pero lo que miran son los números del sector público”, sostuvo.
La rigidez del gasto salarial
“Si son superhabitarios, de cómo es la proyección, de cuál es el gasto, cuál es la rigidez del gasto, si hay mucho peso en el gasto personal es un gasto rígido que no se puede bajar tan fácilmente”, explicó.
Rodríguez consideró que un déficit financiero podía ser razonable si respondía a gastos de capital superiores a los ingresos corrientes. “Esos elementos miran para prestar plata y si vos te podes endeudar para hacer obras, no está mal que haya un déficit financiero, no económico, sino financiero”, afirmó.
“En definitiva vos podés tener gastos de capital por encima de tus ingresos y eso lo cubrís con deuda porque se supone que después esa inversión en equipamiento o en infraestructura va a redituar en mayor ingreso para el Estado”, añadió.
El ejemplo del Túnel Subfluvial
Rodríguez utilizó como ejemplo la construcción del Túnel Subfluvial que conectó Entre Ríos y Santa Fe. La obra fue financiada mediante endeudamiento y aportes nacionales, pero posteriormente logró recuperar la inversión a través del cobro de peajes.
“y va a poder pagar como el Túnel, por ejemplo”, señaló.
“El Estado se endeudó, también recibió plata de Nación, cobraba unas tasas particulares, invirtieron en el Túnel Subfluvial entre Santa Fe y Entre Ríos, pero después el Túnel se pagó solo y quedó un remanente”, explicó.
Inversión y productividad
“Bueno, la lógica de la inversión productiva es esa”, resumió Rodríguez.
“Vos podés tener déficit, te financias y después la mejora en la productividad que te genera esa nueva infraestructura te permite recuperar ese dinero invertido y pagar la deuda”, sostuvo.
“Esa es la lógica”, concluyó sobre ese punto.
La gestión de Rogelio Frigerio
Consultado sobre la administración del gobernador Rogelio Frigerio, Rodríguez afirmó que no esperaba transformaciones profundas, debido a que históricamente los gobiernos provinciales se habían adaptado a los esquemas nacionales.
“La verdad que no esperaba muchas modificaciones ni otra cosa. Basta mirar los últimos 30 años de gestiones provinciales”, expresó.
“No solo en Entre Ríos, los gobiernos provinciales se adaptan a los esquemas que gestionan los gobiernos nacionales”, añadió.
La necesidad de políticas de Estado
Rodríguez recordó que esa dependencia también había condicionado a gestiones anteriores. “Le pasó incluso a Gustavo Bordet y tienen que hacer políticas en función de esos esquemas macroeconómicos”, señaló.
No obstante, sostuvo que Entre Ríos necesitaba un acuerdo político de mediano y largo plazo para mejorar la infraestructura productiva. Citó como ejemplo el denominado cierre energético del norte provincial, un proyecto debatido durante años pero aún pendiente.
“Lo que me parece que está faltando en Entre Ríos es un acuerdo político de mediano y largo plazo para que haya un desarrollo de la infraestructura productiva”, expresó.
Energía, puertos y transporte
“¿Hace cuántos años que estamos hablando del Cierre Norte, por ejemplo, en términos energéticos para que puedan ir empresas instalarse en esa zona que es bastante postergada en la economía provincial?”, planteó.
“Y sin embargo, no se han podido poner de acuerdo los líderes políticos”, cuestionó.
Rodríguez sostuvo que la provincia debía desarrollar políticas estables en materia de energía, puertos y transporte multimodal. Para ello, consideró necesario establecer acuerdos institucionales que trascendieran los cambios de gobierno.
Acuerdos de largo plazo
“Lo que necesita una provincia es trabajar en el ámbito macroeconómico en el largo plazo y eso implica acuerdos políticos, marcos institucionales estables y una política de Estado continuada para que la infraestructura acompañe el desarrollo”, señaló.
“Hace rato también estamos hablando del sistema portuario, el transporte multimodal y todos son problemas que los distintos gobiernos no pueden enfrentar”, agregó.
“Algunos invierten más, otros invierten menos, pero no hay un acuerdo de largo plazo que esté anclado en un proceso de inversión productiva que genere infraestructura para el desarrollo”, afirmó.
El potencial de las cadenas agroindustriales
Rodríguez mencionó estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que mostraban el potencial de las provincias exportadoras con fuerte presencia agroindustrial.
“Me parece que incluso hay algunos estudios de la Comisión Económica para América Latina que muestra que provincias como las nuestras, que tenemos saldos exportables y tenemos actividad productiva relevante”, indicó.
“Nosotros somos la provincia donde mayor peso tienen las cadenas agroindustriales y eso es una gran oportunidad, sobre todo con el acuerdo con la Unión Europea”, añadió.
Crecimiento a partir de la infraestructura
Según Rodríguez, la inversión sostenida en infraestructura podía generar por sí sola una tasa de crecimiento de entre el 2% y el 4% anual en el mediano y largo plazo.
“La inversión sostenida en infraestructura podría generar una tasa de crecimiento entre el 2 y el 4% anual por sí sola en el mediano y largo plazo”, afirmó.
“Entonces, eso requiere acuerdos”, sostuvo.
El economista planteó que la dirigencia política tenía la responsabilidad de alcanzar consensos y planificar el desarrollo provincial más allá de los períodos electorales.
La reforma previsional
Rodríguez también se refirió al debate por la reforma previsional de Entre Ríos. Aclaró que no era especialista en la materia, aunque señaló que existía un fenómeno global vinculado con el aumento de la expectativa de vida y la disminución de la natalidad.
“Es un debate super interesante. No soy experto en temas previsionales, pero hay una cuestión global que es afortunadamente el aumento de la expectativa de vida en los últimos este 30 años”, expresó.
“Ha crecido a nivel mundial en 10 años la expectativa de vida. También, por supuesto, eso afecta a la Argentina”, agregó.
Menos nacimientos y mayor longevidad
El economista explicó que Argentina y Entre Ríos atravesaban una etapa de postransición demográfica, caracterizada por una tasa de fecundidad inferior al nivel necesario para el reemplazo poblacional.
“Estamos en un entorno de postransición demográfica, la gente tiene pocos hijos”, sostuvo.
“Nosotros en Entre Ríos y en Argentina en general estamos por debajo de la tasa de reemplazo en cantidad de hijos por mujer en el ciclo de vida”, indicó.
La presión sobre los sistemas jubilatorios
“La tasa de reemplazo 2,1 y estamos en 1,4”, precisó Rodríguez.
“Eso implica que los viejos, afortunadamente, viven más años, hay que sostenerlos, pero eso tensiona los regímenes previsionales”, afirmó.
El economista explicó que ese fenómeno era conocido como aumento de la tasa de dependencia adulta. Según sostuvo, existía un consenso generalizado respecto de la necesidad de introducir alguna solución al sistema previsional.
Las diferencias sobre la letra fina
“Eso es lo que llama aumento de la tasa de dependencia adulta”, señaló.
“Todos acuerdan de que alguna solución había que encontrar”, indicó.
Sin embargo, sostuvo que las diferencias surgían en los detalles del proyecto y en la distribución de los costos entre la Provincia, los trabajadores, los jubilados y los municipios.
El impacto sobre los municipios
Rodríguez consideró razonable el planteo realizado por el Partido Justicialista y cuestionó que los municipios debieran aportar recursos para financiar la reforma.
“Después está la letra fina. Hoy estaba leyendo el comunicado del PJ, que me parece razonable el planteo, sobre todo me parece que afectar a los municipios no es una buena idea”, afirmó.
El economista sostuvo que los municipios eran el nivel estatal que menos participaba del gasto público total, pese a ser el que atendía de manera más directa las necesidades de los ciudadanos.
La cercanía con los vecinos
“En el sentido que los municipios primero son los que menos gastan. la estructura del gasto tanto de Nación, provincia como municipio”, explicó.
“Los municipios son los que están en la frontera porque atienden al vecino en forma directa, pero a su vez son los que menos ejecutan los gastos”, agregó.
Según detalló, el gasto total de los municipios representaba aproximadamente el 3,4% del Producto Interno Bruto y alrededor del 8% del gasto público consolidado.
La participación municipal en el gasto
“Eso significa el 8% del total del gasto público a nivel nacional, contando provincia, Nación y municipio”, afirmó.
Rodríguez señaló que reducir los ingresos municipales podía afectar a las administraciones que recibían una creciente demanda social y debían sostener servicios esenciales.
Obras sanitarias e infraestructura urbana
“Y vos estás afectando los ingresos municipales, que son los que más demanda tienen y a su vez los que menos ejecutan el gasto”, sostuvo.
“Hay una muy poca descentralización del gasto y sobre todo Entre Ríos, donde los municipios también tienen que hacerse cargo de obras sanitarias, de la infraestructura urbana, de atender necesidades urgentes de la población”, explicó.
“Me parece que ahí se podría haber buscado alguna otra solución que evite restarle fondos a a los organismos municipales”, afirmó.
La falta de una agenda regional
Rodríguez afirmó que los empresarios provinciales no siempre defendían con suficiente fuerza los intereses regionales. Consideró que Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba debían fortalecer una agenda común para disputar recursos y decisiones frente al centralismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Sí, es agenda nacional y no defienden tanto los temas regionales. La importancia que sería tener un acuerdo, una región centro fuerte, con
un empresariado que priorice la Nación”, expresó.
El economista explicó que las provincias agroindustriales generaban una parte importante de las divisas del país, pero esos recursos terminaban siendo utilizados principalmente en Buenos Aires.
Las divisas generadas en la región
“¿Qué pasa con Entre Ríos, con Córdoba y Santa Fe? Nosotros generamos divisas a través de la agroindustria para que terminen siendo consumidas en Buenos Aires”, afirmó.
“Es la típica ciudad consumidora y que además tiene un nivel de ingreso per cápita muy alto que dolariza sus ahorros”, añadió.
El centralismo del Banco Central
Rodríguez planteó que las provincias debían disputar una mayor participación en el diseño de las políticas financieras. En ese contexto, calificó al Banco Central como una institución centralista.
“El Banco Central es una institución super centralista”, afirmó.
El economista comparó la organización argentina con el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, creado con una estructura más descentralizada y con presencia regional.
El antecedente de Alfonsín
“Al contrario de lo que pasó en Estados Unidos, donde hubo una descentralización muy importante de la Reserva Federal que fue creada en 1913, nosotros tenemos un Banco Central centralista que no tiene en cuenta las situaciones regionales”, explicó.
Rodríguez recordó que durante el gobierno de Raúl Alfonsín se habían establecido encajes diferenciales para favorecer el crédito en zonas con menor desarrollo económico.
“Alfonsín trató de modificar esa situación estableciendo encajes diferenciales por zonas desfavorables”, señaló.
Crédito para las provincias postergadas
“Si vos estabas en Jujuy, los bancos podían prestar más porque tenían un encaje más bajo y de esa manera desarrollaba o contribuía al desarrollo productivo jujeño”, ejemplificó.
A partir de esa experiencia, consideró que Argentina debía avanzar hacia instituciones financieras más federales. “En este caso, ese tipo de instituciones federales me parece que es una cuenta pendiente para los empresarios apalancarse más en el territorio”, sostuvo.
No obstante, Rodríguez valoró que el empresariado entrerriano mantuviera una conducta inversora y un fuerte vínculo con sus localidades de origen.
La articulación entre el Estado y los privados
“Creo que el empresariado entrerriano es un empresariado inversor, que tiene una conducta vinculada a sus localidades”, señaló.
Sin embargo, indicó que el sector privado debía animarse a trabajar de manera más estrecha con el Estado y participar en estrategias de desarrollo de largo plazo.
“Lo que nosotros notamos también es que le falta un poco de animarse a aliarse más con el Estado, a buscar alternativas de desarrollo, a pensar en temas más estratégicos”, manifestó.
Una agenda más amplia
Rodríguez cuestionó que los debates empresariales se concentraran casi exclusivamente en la flexibilización laboral, la reducción de impuestos y la baja del gasto público.
“No solamente la vieja agenda de flexibilización laboral, baja de impuestos, baja del gasto público, que es una agenda que aparece siempre en todos los foros”, sostuvo.
El economista afirmó que también debía incorporarse una agenda tecnológica y de infraestructura productiva, con acompañamiento estatal y coordinación entre todos los sectores.
La industria avícola como modelo
“Hay una agenda también tecnológica que el Estado puede acompañar, hay una agenda de infraestructura productiva”, indicó.
Rodríguez mencionó a la industria avícola y al sector arrocero como dos actividades estratégicas en las que Entre Ríos tenía relevancia nacional e internacional.
“Nosotros tenemos dos sectores muy importantes en Entre Ríos, como es la avícola o el arrocero, en que somos potencia a nivel país y también a nivel global”, expresó.
El crecimiento de la avicultura
El economista destacó que la actividad avícola había experimentado un crecimiento extraordinario durante los últimos 25 años. Durante la década de 1990, el sector prácticamente no exportaba, mientras que posteriormente alcanzó una participación cercana al 2% del mercado mundial.
“Nosotros en la industria avícola, que ha crecido en los últimos 25 años de manera extraordinaria, en los '90 prácticamente no exportaba y ahora tenemos un nivel de exportaciones que es casi el 2% mundial”, afirmó.
Rodríguez atribuyó ese desarrollo a la articulación entre empresarios, Estado, sindicatos, productores integrados y trabajadores de las granjas.
Políticas públicas e inversión privada
“Eso se desarrolló de la mano de un acuerdo entre los empresarios avícolas, que son empresarios relativamente nuevos, el Estado, los sindicatos, los gobernadores y las granjas”, explicó.
El economista recordó que el sector contó con beneficios como menores costos de alimentación y créditos productivos. “Tuvieron retenciones que le bajó el costo de los alimentos, tuvieron préstamos bicentenario”, señaló.
“Ellos invirtieron, ampliaron las plantas, generaron tecnología y hoy en día somos fuertes en ese sector que genera mucho trabajo”, añadió.
La importancia del arroz
Rodríguez también destacó el peso del complejo arrocero entrerriano. Según indicó, la provincia concentraba aproximadamente el 85% de la molienda nacional.
“También en el arroz tenemos la 85% de la molienda”, manifestó.
El economista relató que los productos elaborados en Entre Ríos se comercializaban en distintas provincias y valoró el orgullo asociado con el desarrollo local de alimentos industrializados.
La escasa industrialización de la soja
“Nosotros vendemos snack de arroz a mí, yo voy a Córdoba y entro a un kiosco y veo un una bolsita de snack de arroz y me pongo orgulloso porque es entrerriano”, expresó.
En contraste, señaló que otras actividades, como la ganadería y la agricultura, mostraban una menor diversificación industrial. Entre Ríos producía una proporción relevante de soja, pero procesaba menos del 1%.
Biocombustibles y agregado de valor
Rodríguez añadió que la producción de biocombustibles también era limitada, pese a que la provincia contaba con algunas plantas.
El economista insistió en la necesidad de alcanzar acuerdos entre trabajadores, empresarios y Estado para construir condiciones institucionales que permitieran desarrollar las cadenas productivas durante varias décadas.
Un modelo de cooperación
“Lo que me parece que falta son esos acuerdos que implica entre el sector trabajador, el sector público, el sector privado para generar condiciones institucionales que desarrollen las producciones de largo plazo”, sostuvo.
Rodríguez consideró necesario evitar que las relaciones económicas funcionaran como un juego de suma cero, en el que un sector solo pudiera ganar a costa de otro.
El aporte de la universidad pública
En el tramo final de la entrevista, Rodríguez analizó el papel de la Universidad Nacional de Entre Ríos y del sistema científico-tecnológico. Sostuvo que el primer aporte universitario era la formación de profesionales y técnicos capaces de aumentar la productividad.
“La universidad lo primero que aporta es calificación, formación de recursos humanos para aumentar la productividad”, afirmó.
El economista mencionó una investigación realizada junto a Gabriel Weimann e Ignacio Trucco, en la que se evaluó el retorno económico de la inversión pública en la UNER.
La rentabilidad social de la UNER
“Nosotros hemos hecho un estudio con Gabriel Weimann, con Ignacio Trucco, en el cual mostramos que el ingreso incremental que genera la Universidad Nacional de Entre Ríos en virtud de la formación de profesionales y de técnicos supera en valor actual la inversión que hace el gobierno en la universidad”, explicó.
A partir de ese resultado, sostuvo que la universidad pública generaba más ingresos de los que demandaba en inversión estatal. “La universidad es rentable, genera más ingresos de lo que invierte y por lo tanto tiene un valor valor actual neto positivo”, afirmó.
Conocimiento y nuevas tecnologías
Rodríguez indicó que la formación universitaria permitía incorporar y asimilar nuevas tecnologías, un aspecto central para cualquier estrategia de desarrollo. “Eso implica que la universidad aporta conocimiento a través de los recursos humanos para incorporar y asimilar las nuevas tecnologías”, sostuvo.
El economista consideró absurdo pensar que un país pudiera desarrollarse en el contexto de la cuarta revolución tecnológica sin formar recursos humanos altamente calificados.
La experiencia internacional
“Hay que ver lo que está haciendo Estados Unidos, hay que ver lo que está haciendo Europa”, señaló Rodríguez.
El especialista explicó que la universidad beneficiaba no solo a quienes cursaban una carrera, sino también al conjunto de la sociedad, debido a que la incorporación de tecnología elevaba la productividad general.
Las externalidades positivas
Rodríguez describió ese fenómeno como una externalidad positiva. “No solamente se beneficia la persona que va a la universidad, sino que como permite incorporar nuevas tecnologías aumenta el crecimiento y genera un efecto dinámico sobre el resto de los sectores también”, explicó.
El economista planteó que la inversión en educación superior representaba una situación en la que ganaban los estudiantes, las empresas y el Estado.
La universidad como herramienta de inclusión
Rodríguez destacó que las universidades públicas funcionaban como mecanismos de movilidad social ascendente y mejoraban la cohesión social. “Además el sistema universitario es un elemento de movilidad social ascendente, mejora la cohesión social, facilita la gobernabilidad”, sostuvo.
El economista cuestionó la política del Gobierno nacional hacia las universidades y consideró que no se había comprendido su relevancia económica y social.
“Lamentablemente, creo que el gobierno no ha visto lo que implica el sistema universitario”, afirmó.
Críticas al ajuste universitario
“Ha tenido una política este negativa porque ha priorizado el superávit fiscal a cualquier costo”, sostuvo Rodríguez.
El economista señaló que incluso organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional advertían sobre la necesidad de preservar la calidad del gasto público durante los procesos de ajuste.
El riesgo de perder capacidades profesionales
Rodríguez advirtió que una menor cantidad de técnicos y profesionales reduciría las oportunidades de crecimiento futuro. “Si vos producís menos técnicos, menos profesionales, vas a tener menos oportunidades de crecer en el futuro”, señaló.
“Esto es una cuestión que está probada a nivel mundial”, afirmó.
“Me parece que ahí hay un error del Gobierno nacional”, concluyó el economista.
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