Una jubilada docente que intentó consultar por la renovación de un plazo fijo a través de Facebook fue víctima de una ciberestafa y obtuvo un fallo favorable en la Justicia bonaerense. El Juzgado Civil y Comercial N°16 de La Plata responsabilizó al banco por deficiencias en sus mecanismos de seguridad, anuló las operaciones fraudulentas y le impuso una multa de $5 millones por daño punitivo.
El hecho ocurrió en agosto de 2020, cuando la mujer, que percibía sus haberes en Banco Provincia, intentó comunicarse con la entidad para renovar un plazo fijo. Ante las dificultades para hacerlo por los canales habituales, realizó una consulta en una página de Facebook que creyó oficial.
Poco después, la jubilada recibió un llamado de una persona que se presentó como operador bancario y que conocía datos personales vinculados con su cuenta, como nombre, DNI, profesión y sucursal. Esa información le dio apariencia de legitimidad al contacto.
El préstamo que nunca solicitó
Luego de varios intercambios telefónicos y mensajes de WhatsApp, los delincuentes le indicaron que debía realizar un supuesto trámite desde un cajero automático. Le pidieron ingresar códigos, imprimir comprobantes y enviar fotografías de la información obtenida, bajo el argumento de completar la operación del plazo fijo.
Horas más tarde, la mujer ingresó a su home banking y descubrió movimientos que no había autorizado. Los estafadores habían gestionado un préstamo por $264.000, un adelanto de haberes de $9.000 y transferencias inmediatas a cuentas de terceros desconocidos.
La jubilada presentó un reclamo ante la sucursal, pero el banco lo rechazó casi diez meses después. La entidad sostuvo que las operaciones se realizaron con las claves correctas de la clienta y argumentó que el resguardo de esas credenciales era responsabilidad de la titular de la cuenta.
La pericia que fue clave en la sentencia
Durante el proceso judicial, una pericia informática concluyó que la maniobra se inició mediante phishing, una modalidad de fraude que busca obtener datos sensibles mediante la suplantación de identidad. El informe también advirtió que los sistemas bancarios no activaron alertas suficientes ante operaciones inusuales realizadas en un lapso muy corto.
Según se acreditó en el expediente, en menos de 24 horas se generaron nuevas claves, se otorgó un crédito, se acreditó un adelanto de haberes y se realizaron transferencias a destinatarios con los que la clienta no tenía operaciones previas.
El juez declaró la nulidad del préstamo, el adelanto y las transferencias vinculadas con la maniobra. Además, ordenó devolver las cuotas ya descontadas, reintegrar los fondos afectados y dejar sin efecto la deuda generada a nombre de la jubilada.