La reforma previsional en Entre Ríos abrió un fuerte debate político, jurídico y social luego de que el proyecto del Poder Ejecutivo tomara estado parlamentario en el Senado provincial. En ese marco, Daniel Elías, ex presidente de la Caja de Jubilaciones durante más de 16 años y especialista en la materia, analizó los principales puntos de la iniciativa y planteó reparos sobre aspectos que, según sostuvo, deberían ser revisados durante el tratamiento legislativo.

 

 

Elías consideró que era el momento de discutir una modificación integral del sistema previsional entrerriano, aunque advirtió que el texto ingresado a la Legislatura contenía medidas que podrían afectar derechos, generar litigiosidad y producir impactos sensibles sobre jubilados, pensionados, trabajadores activos, municipios y distintos sectores del empleo público. “Estoy absolutamente de acuerdo con que es el tiempo para plantear una reforma y una revisión integral del sistema previsional”, expresó.

 

El ex funcionario recordó que durante las últimas décadas hubo varios intentos de avanzar en cambios estructurales, pero ninguno prosperó por falta de decisión política. “El primer intento del que fui parte fue en el año 1998, cuando el gobernador Jorge Busti me encomienda como director técnico jurídico de la Caja redactar un anteproyecto de reforma”, repasó. Según señaló, aquella propuesta llegó a tomar estado parlamentario, pero luego fue retirada.

 

“Es el momento para aportar”

 

Elías explicó que siguió vinculado al tema previsional durante más de tres décadas y que actualmente acompañaba al Consejo Federal de Previsión Social, donde participan las provincias que conservan cajas previsionales para empleados públicos. Desde ese lugar, sostuvo que el debate entrerriano representaba una oportunidad para realizar aportes técnicos en un asunto de alta sensibilidad social.

 

“Esta es la primera vez desde entonces, desde el año 98, que un proyecto de reforma tiene estado parlamentario, es decir, que debe ser tratado en la Legislatura”, indicó. En esa línea, remarcó que todos los actores vinculados al sistema debían intervenir en la discusión: “Creo que es el momento donde todos los que tenemos algo para decir lo digamos y lo aportemos”.

 

 

De todos modos, aclaró que el acompañamiento a la apertura del debate no implicaba avalar sin objeciones el contenido del proyecto. “Tengo la impresión de que este proyecto tal cual entró, en primer lugar es como la hipótesis de máxima que está planteando el gobierno”, sostuvo. Para Elías, esa hipótesis incluía propuestas que podían ser flexibilizadas o reformuladas durante el trámite legislativo.

 

La base de cálculo, uno de los puntos más sensibles

 

Uno de los aspectos centrales señalados por Elías fue la modificación de la base de cálculo del haber jubilatorio inicial. Actualmente, explicó, se toma el promedio actualizado de los últimos 10 años de salario y sobre ese monto se aplica el 82%. El proyecto, en cambio, proponía extender ese período a los últimos 20 años.

 

“Me parece uno de los efectos más importantes esto de llevar a 20 años la base de cálculo del inicial jubilatorio”, afirmó. Luego precisó: “En la actualidad, para cuando determinamos una jubilación se toma el promedio actualizado de los últimos 10 años de salario y sobre eso se aplica el 82%. La propuesta que trae el proyecto es tomar los últimos 20 años”.

 

 

El ex presidente de la Caja sostuvo que el esquema de 10 años era el más extendido en el país y también el utilizado por la normativa nacional. “Me animo a decir que casi todas las leyes provinciales toman 10 años. No conozco una ley provincial que tome 20 ni más de 10 siquiera”, expresó. En ese marco, advirtió que ampliar el período podía provocar una reducción real del haber.

 

El impacto sobre el 82%

 

Elías estimó que, de aplicarse el promedio de 20 años, el haber inicial podría bajar entre un 15% y un 20% respecto del cálculo actual. “Si lleváramos a 20 años el promedio, me animo a decir que el promedio se reduciría cotejado con lo que hoy está dando el promedio entre un 15 y un 20% seguro”, señaló.

 

Para explicar el impacto, remarcó que la carrera del empleo público suele ser ascendente. Por eso, los últimos años de actividad suelen coincidir con mejores categorías y remuneraciones. “Los últimos 10 años suelen ser de los mejores 10 años en la carrera laboral y además podemos decir que es el salario, la capacidad monetaria con la que el trabajador se acostumbra a vivir cuando llega justamente a la etapa de la vejez”, detalló.

 

 

En ese punto, cuestionó que se mantenga formalmente el 82% si se modifica de manera sustancial la base sobre la cual se calcula. “Se va a mantener el 82%, pero sobre un promedio mucho más bajo”, advirtió. También recordó que en otras jurisdicciones se mantuvo ese porcentaje, pero con bases diferentes, lo que cambió el resultado efectivo.

 

“El 82% de qué”

 

Elías insistió en que el debate no podía limitarse al porcentaje anunciado, sino que debía observar sobre qué monto se aplicaba. “Cuando hablamos del 82, siempre digo el 82% de qué”, planteó. Como ejemplo mencionó el caso de Córdoba, donde se mantuvo el 82, pero calculado sobre el salario líquido y no sobre el nominal.

 

“El 82% como tal pasa a ser una figura. En realidad, la comparación es con el promedio de los últimos años que uno viene cobrando. Ahí es donde uno dice, ahí tiene sentido hablar del 82%”, sostuvo. Para el especialista, la referencia debía ser la relación entre el haber jubilatorio y el ingreso que el trabajador percibía al final de su vida laboral.

 

 

Elías recordó que la reforma de 1993 llevó el cálculo a 10 años, cuando antes regía el último año o los dos mejores dentro de los últimos diez. Según explicó, aquella modificación buscó evitar jubilaciones excesivamente altas derivadas de carreras con salarios bajos durante gran parte del período laboral y remuneraciones elevadas solo al final.

 

Municipios y sostenibilidad jurídica

 

Otro punto observado por Elías fue la disposición que pretendía que los municipios cubrieran la diferencia entre los aportes realizados y los beneficios que la Caja pagara a sus jubilados. Según explicó, el proyecto planteaba que, si un municipio generaba déficit en esa relación, debía hacerse cargo de la diferencia.

 

“Creo que es una norma de dudosa sostenibilidad jurídica”, afirmó. Elías señaló que la ley definía que los empleadores debían realizar aportes y contribuciones, pero que un complemento destinado a cubrir déficit no encuadraba claramente en esas categorías. “Si no es ni aporte ni contribuciones, no tiene que ir al sistema previsional”, sostuvo.

 

Aportes extraordinarios y posibles inconsistencias

 

El ex funcionario también marcó reparos sobre los aportes extraordinarios previstos en el proyecto. Según indicó, el texto parecía habilitar al Poder Ejecutivo a establecer aportes y contribuciones adicionales en caso de mantenerse condiciones de emergencia, pero al mismo tiempo incluía una tabla específica de aportes extraordinarios.

 

“La ley le faculta al Ejecutivo a que si se mantienen las condiciones de emergencia disponga de aportes y contribuciones extraordinarias para financiar el sistema, es decir, aportes extra a los que naturalmente está haciendo”, explicó. Sin embargo, agregó que la misma norma traía una escala que iba del 1% al 8%, según niveles salariales.

 

 

En ese punto, advirtió una posible doble imposición. “Habría que pegar una mirada porque de qué facultad le estamos hablando al Ejecutivo qué significaría que ,además además del aporte extraordinario que tiene la ley, fije un nuevo y segundo aporte extraordinario”, sostuvo. Luego añadió que sería “el extraordinario del extraordinario”.

 

Pensiones e invalidez

 

Elías también cuestionó la reducción del haber de pensión del 75% al 70%. Aunque reconoció que la diferencia podía parecer menor en términos porcentuales, sostuvo que para una persona que dependía de ese ingreso podía representar un impacto importante.

 

“Yo sé que para muchos puede decir parece un 5%, pero para la o el pensionado que queda con el beneficio de pensión como ingreso y sostén tras que ha perdido su ser querido, que era el complemento de vida, que el complemento monetario para el sostén colectivo, sacar un 5% es mucho”, expresó.

 

 

En la misma línea, criticó la modificación propuesta para las jubilaciones por invalidez, que pasarían del 82% al 70%. “Es muchísimo la reducción”, dijo. Luego planteó: “¿Por qué vamos a castigar al trabajador que además de no poder continuar trabajando porque está invalidado, porque padece una enfermedad crónica que no le permite reincorporarse al trabajo, lo vamos a castigar con un haber jubilatorio de segunda?”.

 

Movilidad jubilatoria y riesgo judicial

 

Uno de los ejes más delicados del análisis fue la movilidad jubilatoria. El proyecto proponía un índice general vinculado a la paritaria provincial. Elías dijo comprender la intención del Gobierno de ordenar el sistema y definir una pauta uniforme, pero advirtió que podían surgir conflictos judiciales en sectores con regímenes salariales específicos.

 

“Yo no quiero ponerme ni a favor ni en contra porque entiendo las razones que está proponiendo, que lo moviliza al gobierno a proponer este índice, es tratar de reordenar y tener el timón de cuánto es lo que puede darle de aumento a los jubilados”, manifestó.

 

 

Sin embargo, señaló que podían aparecer tensiones cuando existieran paritarias o mecanismos de actualización diferentes, como en el Poder Judicial o en la docencia.

 

“Evitar que la ley termine en la Justicia”

 

Elías advirtió que la reforma debía ser cuidadosamente trabajada para no derivar en una fuerte judicialización. “Tenemos que evitar que este tipo de leyes después termine siendo resuelta o encaminada en la Justicia, porque si no los jueces terminan siendo legisladores y no es el sentido”, sostuvo.

 

Para el especialista, el vínculo entre el haber del jubilado y el salario del activo fue uno de los motivos por los cuales Entre Ríos tuvo históricamente bajos niveles de litigiosidad previsional. “Entre Ríos es la provincia y el sistema jubilatorio de menor litigiosidad del país, no tenemos juicios por movilidad”, remarcó.

 

El vínculo entre activos y pasivos

 

Elías explicó que, hasta ahora, la movilidad se vinculaba con los aumentos del cargo o de los cargos utilizados para calcular el haber inicial. De esa manera, el jubilado mantenía una relación directa con la evolución salarial del trabajador activo.

 

 

“Cuando uno se jubila, se le determina un haber jubilatorio. Después, a partir de ahí, arranca lo que se llama la movilidad. Esto es decir, tratar de mantener a través del tiempo esa capacidad monetaria”, expresó.

 

Según advirtió, si un sector activo recibía incrementos superiores a la pauta provincial, pero sus jubilados quedaban atados a una movilidad general, el deterioro podía acumularse con el tiempo. “Capaz que en un aumento, en dos aumentos no se nota, pero después de 4 o 5 años podemos terminar que ese 82% del promedio que se había calculado al comienzo hoy significa un 70, 75, 74”, alertó.

 

Edades jubilatorias y años de aportes

 

A diferencia de otros puntos, Elías manifestó acuerdo con la revisión de edades jubilatorias y años de aportes. Consideró que Entre Ríos estaba entre las últimas jurisdicciones que conservaban parámetros bajos en comparación con otros sistemas previsionales.

 

“Creo que por un lado la modificación de edades en Entre Ríos, de las últimas cajas y los últimos sistemas previsionales que mantiene las edades que tiene”, señaló. Luego agregó que solo quedaban dos o tres sistemas con condiciones similares o incluso más flexibles, aunque aclaró que no debían tomarse como ejemplo.

 

También respaldó la exigencia de 35 años de aportes. “Estoy de acuerdo con que, de alguna manera, se le pida a todo el mundo 35 años de aporte”, afirmó. Según explicó, elevar los años requeridos generaba automáticamente alivio financiero, ya que los trabajadores accedían al beneficio a mayor edad y el sistema reducía los años de pago.

 

Una medida que “tiene sensatez”

 

Elías sostuvo que elevar el piso de aportes era una de las medidas más saludables dentro del proyecto. “Me parece que esta iniciativa de modificar edades hay que acompañarla, en todo caso prolijarla, pero creo que tiene sensatez en el contexto de las leyes”, indicó.

 

 

También mencionó alternativas aplicadas en otras provincias, como Santa Fe, donde quienes se jubilan con menos años de aportes acceden a un haber menor. “Santa Fe le dio una respuesta a esto. Dice: ‘Si usted se va con 30 años, no se va con el 82, se va con el 70. Ahora, si usted se va con 35, se va con el 82’”, explicó.

 

Para el ex titular de la Caja, ese tipo de esquemas podía ser evaluado en Entre Ríos como parte de una discusión integral. El objetivo, sostuvo, debía ser ordenar el sistema sin producir efectos desproporcionados sobre quienes estaban próximos a jubilarse o atravesaban situaciones de vulnerabilidad.

 

Cambios en pensiones vitalicias

 

Elías también consideró razonable revisar ciertos beneficios de pensión, especialmente en casos de cónyuges o convivientes jóvenes sin hijos a cargo. Según explicó, las pensiones modernas tienden a reconocer diferencias según edad, duración del vínculo, existencia de hijos y etapa educativa de los beneficiarios.

 

“Me parece muy interesante el tratamiento que le dan al tema las pensiones”, afirmó. Además, recordó que Santa Fe fue una de las primeras provincias en avanzar con un esquema de este tipo y que la medida logró sostenerse en instancias judiciales.

 

El ex funcionario aclaró que la pérdida de un cónyuge o conviviente constituía una tragedia personal, pero planteó que no todos los casos justificaban pensiones vitalicias durante décadas. “Es razonable que si tengo una supérstite que ha quedado o un supérstite que es el que sobrevive al fallecido o a la fallecida tiene 40 años de edad, tiene 37 años de edad, claro que atraviesa una tragedia que es perder el compañero o la compañera de vida”, expresó.

 

Un ejemplo para explicar el planteo

 

Para fundamentar su posición, Elías recordó un caso que debió resolver durante su gestión en la Caja. Señaló que un causante de 86 años había fallecido y que la persona beneficiaria de la pensión tenía menos de 40 años, con solo dos años de matrimonio civil.

 

“A mí me tocó resolver, estando en la presidencia, una pensión. El causante tenía 86 años. La supérstite tenía menos de 40. Ambos del Poder Judicial tenían 2 años de matrimonio civil. La ley dice solo matrimonio civil. Le tuvimos que otorgar la pensión. Lógico, es lo que dispone la ley”, relató.

 

 

Luego completó: “Si viviéramos para hacer el balance a los 86 años de vida de la beneficiaria de pensión, el resumen sería de los 86 años de vida, 2 años compartió con su compañero de 2 años y 46 años percibió la pensión de ese causante”. Para Elías, ese tipo de situaciones demostraba la necesidad de revisar el régimen vigente.

 

Las advertencias desde 1998

 

El ex presidente de la Caja sostuvo que las señales de alerta sobre el sistema previsional entrerriano existían desde fines de los años noventa. Según recordó, ya en 1998 planteaba la necesidad de encarar una reforma gradual, cuando la ley previsional vigente tenía pocos años de aplicación.

 

“El primer momento fue 1998, llevaba 5 años de vigencia la ley”, afirmó. En ese sentido, recordó una entrevista periodística de aquella época en la que advertía que, si no se pensaba una reforma, más adelante podía ser tarde.

 

Elías explicó que una de las medidas que debió haberse discutido entonces era la modificación progresiva de edades jubilatorias. “Una ya era repasar las edades, una ya era repasarla para fijar un cronograma”, sostuvo. Según planteó, de haberse iniciado ese camino en aquel momento, el sistema habría llegado a la actualidad con parámetros diferentes.

 

El impacto de la transferencia docente

 

Otro factor que, según Elías, incidió fuertemente en el déficit previsional fue la transferencia de servicios docentes nacionales a la provincia en la década del noventa. Explicó que miles de docentes pasaron a depender del sistema educativo provincial, pero sin una compensación económica suficiente para cubrir el impacto previsional futuro.

 

“En el año '92 el gobernador Moine, como tantos gobernadores, aceptaron la transferencia de los servicios docentes nacionales”, señaló. Luego agregó: “Pasaron a la provincia miles de docentes que venían aportando al sistema nacional y que trabajaban en las escuelas nacionales sin ninguna compensación de ningún tipo”.

 

Según explicó, Entre Ríos sancionó luego una ley que permitió jubilar por la Caja provincial a docentes cuyos servicios habían sido prestados en territorio entrerriano, aunque no hubieran aportado al sistema provincial durante toda su carrera. “Esto permitió que inesperadamente la masa de jubilados provinciales docentes creció en una forma exorbitante hasta 15 años después”, afirmó.

 

“No recibimos ni los aportes ni ningún peso”

 

Elías remarcó que la provincia terminó pagando jubilaciones de trabajadores que habían aportado durante años al sistema nacional. “Durante 15 años estuvimos jubilando docentes nacionales que habían sido transferidos con muy poco aporte a la provincia. No recibimos ni los aportes ni ningún peso y nosotros pagamos el 100% de las jubilaciones”, señaló.

 

El ex funcionario recordó que advirtió sobre ese riesgo durante el debate parlamentario de la norma. “Cuidado que esta ley a corto plazo nos va a inclinar y nos va a empezar a provocar un déficit en la relación a aportes versus beneficio que puede tornarse insostenible dentro de algunos años”, recordó que había planteado en 1999.

 

 

También comparó la decisión entrerriana con lo ocurrido en Santa Fe, donde se mantuvo el principio de caja otorgante, es decir, que el trabajador se jubilaba en el sistema en el que tenía mayor cantidad de años aportados. “Nosotros entre el '99 y 2008 generamos una andanada de jubilaciones provinciales que no debieron jubilarse por la provincia, al menos bajo esas condiciones”, sostuvo.

 

Falta de autocrítica política

 

Consultado sobre las responsabilidades de los distintos gobiernos, Elías reconoció que no hubo suficiente autocrítica respecto de la falta de reformas anteriores. Señaló que existieron oportunidades políticas para impulsar cambios, pero que no se asumió el costo de enfrentar un debate complejo.

 

“No veo autocrítica. Lo digo con orgullo por haber pertenecido a los gobiernos, pero como autocrítica de los gobiernos que he pertenecido”, expresó. Luego agregó: “Nunca logramos asumir con valentía el costo político que significa enfrentar una reforma”.

 

En ese marco, sostuvo que el hecho de que ahora la reforma fuera impulsada por un gobierno de otro signo político obligaba a quienes antes tuvieron responsabilidades de gestión a intervenir con propuestas y no solo con críticas. “Cuando tuvimos la oportunidad de presentar una reforma como nosotros hubiéramos querido, no lo hicimos”, afirmó.

 

“No compro que el sistema es insostenible”

 

Pese a defender la necesidad de debatir cambios, Elías aclaró que no compartía una mirada alarmista sobre el futuro inmediato de la Caja. “No compro el refrán de que el sistema es insostenible”, sostuvo.

 

Según explicó, el sistema atravesaba una etapa de evolución previsible, agravada por el envejecimiento poblacional y el aumento de la expectativa de vida, fenómenos que afectaban a todos los sistemas previsionales. Sin embargo, remarcó que eso no significaba que la Caja estuviera al borde de un colapso inmediato.

 

 

“El sistema está atravesando un punto de evolución que era previsible, que está agravado por un envejecimiento de la población que además tiende a vivir más”, indicó. Luego advirtió: “Tampoco se explota mañana y ahora le bajo el precio a la reforma y tampoco crean que se sancione una reforma como esta o más dura que esta y estamos salvados por los siglos de los siglos”.

 

Un debate que llegó para quedarse

 

Elías sostuvo que la discusión previsional no se resolvería con una única ley, sino que debía sostenerse en el tiempo. “El debate del sostenimiento de los sistemas previsionales vino para quedarse”, afirmó. Para el especialista, cualquier reforma tendría efectos graduales y debía ser acompañada por seguimiento permanente.

 

En ese sentido, propuso sumar al proyecto la creación de una comisión permanente de análisis, evaluación y revisión del sistema previsional. Esa comisión, explicó, debería tener participación de gremios, legisladores, representantes de la Caja y otros actores involucrados.

 

“Yo la verdad que le sumaría a este proyecto la creación de una comisión permanente de análisis, evaluación, de acompañamiento y de revisión constante de la evolución del sistema previsional que tenga estado parlamentario y que esté integrado por todos los sectores representantes de los actores del sistema”, planteó.

 

Seguimiento permanente del sistema

 

Elías señaló que este tipo de organismos existen en sistemas previsionales más desarrollados y permiten monitorear la evolución de variables demográficas, financieras, laborales y jurídicas. Según dijo, no se trataba de inventar una herramienta novedosa, sino de aplicar experiencias utilizadas en otros lugares.

 

“No estoy inventando nada. Los sistemas más desarrollados que andan mejor en el mundo previsional tienen una suerte de comisión permanente que todos los años y de manera constante vaya analizando y evolucionando, viendo la evolución del sistema previsional”, explicó.

 

 

Luego dejó una frase para sintetizar su postura: “Los sistemas previsionales no se contaminan en un día. Lleva años contaminarlo, pero tampoco se descontaminan en un día. Lleva muchos años enderezarlo y más o menos encaminarlo para que al menos sea sostenible”.

 

Emergencia previsional y plazos

 

Otro de los puntos que pidió revisar fue el alcance temporal de la emergencia previsional. Elías consideró que la ley debía establecer un plazo definido y eventuales condiciones de prórroga, en lugar de dejar la continuidad sujeta exclusivamente a decisiones posteriores del Ejecutivo.

 

“Me parece que habría que poner un plazo determinado para la vigencia de la emergencia”, señaló. Según explicó, si esa definición no quedaba clara en la norma, el gobernador tendría que asumir un nuevo costo político cada vez que correspondiera prorrogarla o resolver su continuidad.

 

“Más vale, me parece que estaría bueno ponerlo en la propia ley cuál es el plazo y cuál es el plazo de prórroga posible”, indicó. Además, sostuvo que muchas leyes de emergencia incorporan este tipo de previsiones y que también existían antecedentes judiciales sobre la necesidad de acotar temporalmente medidas excepcionales.

 

Revisión y consensos posibles

 

Elías insistió en que sus observaciones no implicaban rechazar de plano la reforma. Por el contrario, planteó que el proyecto debía ser corregido en los puntos que pudieran generar efectos injustos, impactos excesivos o conflictos judiciales.

 

“Fíjate que no estoy anulando, no estoy impugnando ningún artículo. Lo que estoy diciendo, creo que son revisables estos puntos”, expresó. Entre ellos mencionó la determinación del haber inicial, la movilidad, la exigibilidad de aportes después de la jubilación, los aportes extraordinarios y la reducción de beneficios por invalidez.

 

 

También pidió que el debate se realizara con propuestas concretas y no solo con consignas de rechazo. “Creo que hay que acompañar con proposiciones”, sostuvo. Para Elías, el tratamiento legislativo debía permitir mejorar el texto y construir el mayor consenso posible.

 

El rol de los actores sociales

 

El ex presidente de la Caja convocó a gremios, legisladores, especialistas y representantes institucionales a participar activamente del proceso. Según sostuvo, el debate previsional requería responsabilidad de todos los sectores involucrados.

 

“Hago un llamado a la solidaridad a todos los actores que tenemos algo que ver con la previsión social, que como mínimo debemos aportar ideas para que si este proyecto nos parece que es perfectible, como algunos de nosotros nos parece, aportemos ideas”, señaló.

 

También advirtió que no era realista esperar unanimidad. “No va a haber pleno consenso para una reforma porque son muy sensibles los intereses y las posiciones de cada uno”, afirmó. De todos modos, consideró que alcanzar el mayor acuerdo posible sería importante para la salud del sistema y para la gobernabilidad.

 

Un proyecto bajo análisis legislativo

 

El proyecto de reforma previsional comenzó su camino parlamentario en un contexto de alta expectativa y tensión política. Elías consideró que era llamativo que la iniciativa hubiera ingresado solo a dos comisiones, aunque interpretó que esa decisión podía buscar un debate con menor confrontación partidaria.

 

“Tanto me llamó la atención de que no fuera la comisión, que solo entró en dos comisiones en el Parlamento, seguramente porque son las comisiones donde pueden tener menos pirotecnia política”, expresó.

 

No obstante, insistió en que el proceso legislativo debía transformarse en una instancia de escucha. “Creo que este es el momento para hacer los mejores aportes”, sostuvo. También valoró que desde la conducción de la Caja se hubiera planteado la necesidad de escuchar a distintos sectores y buscar consensos.

 

Advertencias finales sobre la reforma previsional

 

En su análisis, Elías dejó una posición equilibrada: respaldó la oportunidad política de discutir la reforma previsional, acompañó algunos puntos como la revisión de edades y años de aportes, pero advirtió que otros aspectos podían generar daños innecesarios o problemas jurídicos.

 

Entre sus principales cuestionamientos se ubicaron la ampliación de la base de cálculo a 20 años, la modificación de la movilidad, la reducción de pensiones e invalidez, la carga sobre municipios y las inconsistencias en los aportes extraordinarios. También propuso establecer plazos claros para la emergencia y crear una comisión permanente de seguimiento.

 

Para el ex titular de la Caja, la clave estaba en mejorar el proyecto sin negar la necesidad del debate. “Todos los que tenemos algo para decir y aportar lo tenemos que hacer ahora”, concluyó.