La Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la prisión perpetua para Norberto Rosales por el homicidio del exjuez de Bovril Roberto Curá. Además, rechazó de manera unánime los planteos de la defensa y descartó que el jurado popular haya sido influenciado por información externa o por supuestas irregularidades durante el proceso, publicó el sitio La Sexta.
El crimen, que conmocionó a la comunidad de Bovril, ocurrió el 23 de abril de 2024, cuando el exjuez de Paz de 82 años fue hallado sin vida en su vivienda de calle Eva Perón. El cuerpo estaba en el baño del quincho, atado de pies y manos y con signos de haber sido brutalmente golpeado.
En marzo de este año Rosales fue declarado culpable por un jurado popular en la ciudad de La Paz. La sentencia de prisión perpetua fue posteriormente apelada por su defensa, lo que derivó en la intervención de la Cámara de Casación.
El fallo de Casación y el rechazo a la apelación
La resolución fue dictada el 28 de mayo por los vocales Gustavo Pimentel, Marcela Davite y Marcela Badano, quienes coincidieron en rechazar el recurso presentado por la defensa oficial.
En su voto, el magistrado Pimentel sostuvo que no se logró demostrar un perjuicio concreto que justifique la nulidad del juicio. “La defensa centra su ataque en entender que se ha condenado a base de indicios, apartándose de prueba objetiva”, expresó.
Sin embargo, el tribunal fue contundente al señalar que esa interpretación no se condice con lo ocurrido en el debate oral. “La contundencia exculpatoria que pregona la defensa no se refleja de la prueba que se le rindiera al jurado”, afirmó el juez.
De esta manera, los camaristas validaron el veredicto del jurado popular, que había considerado a Rosales autor del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causae, publicó La Sexta.
Los cuestionamientos de la defensa y la respuesta judicial
Uno de los ejes centrales de la apelación fue la supuesta ilegalidad de un allanamiento en el que se secuestró un manuscrito con la inscripción “AB249MQ – Toyota Corolla”, correspondiente a la patente del vehículo de la víctima.
La defensa argumentó que la policía se excedió en sus facultades al revisar documentación privada en lugares no autorizados, por lo que consideró que esa prueba debía ser excluida, informó La Sexta.
Sin embargo, el tribunal respaldó la actuación policial y consideró válido el procedimiento. Además, tuvo en cuenta que el propio imputado intentó dar explicaciones sobre ese documento durante su declaración.
En ese sentido, la fiscalía, representada por Ignacio Aramberry, había sostenido que el hallazgo era relevante para la investigación y que no existían irregularidades que afectaran la validez del proceso.
La polémica por la supuesta contaminación del jurado
Otro de los puntos planteados por la defensa fue la presunta contaminación del jurado popular, a partir de la difusión mediática de antecedentes penales de Rosales antes del juicio.
Las defensoras también cuestionaron que durante el debate algunos testigos mencionaran que el imputado había estado preso anteriormente, lo que está prohibido por la ley de juicio por jurados, publicó La Sexta.
No obstante, la Cámara de Casación descartó estos argumentos y consideró que no hubo afectación de la imparcialidad del jurado. El fallo destacó que el juez técnico, Rafael Cotorruelo, tomó medidas para evitar cualquier tipo de influencia indebida, como la exclusión de jurados de la zona del hecho y la emisión de instrucciones claras durante el juicio.
El rol del juez y las instrucciones al jurado
En relación a las menciones sobre antecedentes penales, el tribunal aclaró que la prohibición legal está dirigida a las partes del proceso y no puede aplicarse de la misma manera a expresiones espontáneas de testigos.
Además, valoró la intervención del juez Cotorruelo, quien interrumpió una declaración cuando se hizo referencia al pasado del imputado y dio instrucciones al jurado para que no considerara esa información.
Para Casación, estas medidas fueron suficientes para neutralizar cualquier posible prejuicio. En esa línea, se concluyó que el veredicto no estuvo condicionado por factores externos.
El tribunal reafirmó que el sistema de juicio por jurados cuenta con herramientas para garantizar decisiones basadas exclusivamente en la prueba producida en el debate.
Las pruebas que sostuvieron la condena
En su análisis, la Cámara destacó que el jurado contó con un conjunto sólido de pruebas que permitieron arribar a una conclusión razonable sobre la responsabilidad de Rosales.
Entre los elementos valorados se incluyeron el manuscrito con la patente del vehículo de la víctima, la desconexión digital del imputado tras el crimen y su posterior huida hacia otras provincias, como Santa Fe y Buenos Aires.
También se tuvo en cuenta el testimonio de una persona que ubicó a Rosales en las inmediaciones del lugar del hecho, lo que reforzó la hipótesis acusatoria.
“Al decidir como lo hiciera el jurado popular, lo hizo sobre la base del cúmulo cargoso existente”, sostuvo el fallo, descartando que se trate de una decisión arbitraria.
Finalmente, la Cámara de Casación resolvió no hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa, dejando firme la condena a prisión perpetua para Norberto Rosales. El tribunal concluyó que el veredicto fue una “conclusión razonable a la luz de las pruebas producidas” y no el resultado de prejuicios o irregularidades.