El posible cierre de la delegación de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) (ex Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas - IOSFA) en Concordia generó preocupación entre sus trabajadores, ante la posibilidad de que nueve empleados civiles y tres integrantes de las Fuerzas Armadas sean trasladados a Paraná. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron que la medida afectaría la situación laboral del personal y podría complicar la atención de los afiliados de la costa del Uruguay.
La dependencia funciona en la intersección de las calles Mitre y Presbítero del Castillo. Según explicó Cristian Selva, integrante de ATE Concordia, los trabajadores recibieron una notificación sobre el eventual cierre de la oficina y la posibilidad de que deban continuar sus tareas en la delegación de la capital entrerriana.
En declaraciones a Diario Río Uruguay, el representante sindical aclaró que la oficina todavía permanecía abierta y que no existía una resolución definitiva sobre su futuro. Sin embargo, confirmó que los empleados habían recibido un dictamen jurídico que estaba siendo analizado por los asesores legales del gremio.
Preocupación por el traslado de 12 trabajadores
Selva precisó que la dependencia cuenta con nueve empleados civiles y tres integrantes de las Fuerzas Armadas que cumplen funciones de conducción y administración.
“Tenemos nueve personas que trabajan ahí como personal civil y tres jefes que son parte de la Fuerza Armada, de la obra social”, detalló.
El dirigente sostuvo que el eventual traslado a Paraná representaría una dificultad económica considerable para quienes tienen su residencia y sus familias en Concordia.
Como ejemplo, mencionó el caso de una delegada sindical que percibe un salario mensual de aproximadamente 650.000 pesos y cuestionó cómo podría afrontar los gastos de transporte y otros costos derivados del cambio de lugar de trabajo.
“Esto trae aparejada una consecuencia muy problemática para los empleados”, advirtió.
También remarcó que se trata de trabajadores con una importante trayectoria dentro de la institución. Según indicó, algunos se encuentran próximos a jubilarse y el empleado con menor antigüedad lleva diez años de servicio.
“El caso que yo mencionaba recientemente tiene 17 años de antigüedad, hay gente que está ya próxima a jubilarse, y el que menos tiene son 10 años de servicio dentro de la obra social”, explicó.
La oficina sigue abierta, pero hay señales de incertidumbre
Aunque todavía no se concretó el cierre, Selva aseguró que comenzaron a registrarse dificultades administrativas que generan preocupación sobre la continuidad del funcionamiento de la delegación.
Entre ellas, mencionó que el responsable de la oficina no había podido gestionar mediante el sistema habitual los pagos correspondientes al alquiler del inmueble y al suministro eléctrico.
“Este mes el jefe ya no pudo cargar, a través del sistema que ellos utilizan, el pago para la luz y el pago para el alquiler”, afirmó.
Para el representante de ATE, esa situación podría anticipar nuevos inconvenientes para mantener operativa la dependencia, aunque aclaró que todavía estaban evaluando el alcance del dictamen recibido.
El sindicalista también cuestionó la falta de explicaciones sobre los motivos del posible cierre y consideró que las decisiones adoptadas desde Buenos Aires no contemplarían las condiciones económicas y geográficas de los trabajadores del interior.
“En varios sectores de la Administración Pública Nacional viene corriendo ese rumor de achique, de cierre, de traslado”, señaló, al vincular la situación con posibles reorganizaciones en otras dependencias nacionales.
ATE inició gestiones para evitar el traslado
Ante la incertidumbre, el gremio comenzó a evaluar alternativas administrativas y legales para preservar los puestos de trabajo en Concordia.
Selva confirmó que la documentación recibida fue derivada al área jurídica de ATE y adelantó que buscarían mantener reuniones en Paraná con representantes nacionales de la organización sindical.
“Nosotros estamos orientando a la parte jurídica, ya habíamos pasado esto al campo jurídico de ATE”, manifestó.
El objetivo de las gestiones es conocer los alcances de la medida y determinar qué herramientas podrían utilizarse para evitar que los trabajadores deban trasladarse a otra ciudad.
Entre las alternativas mencionadas, el dirigente planteó la posibilidad de reubicar al personal en otras dependencias vinculadas con las Fuerzas Armadas, incluido el regimiento local.
“Lo que se busca es tratar de evitar el traslado”, remarcó.
Desde el sindicato sostuvieron que esa opción permitiría mantener la continuidad laboral sin obligar a los empleados a afrontar gastos adicionales ni modificar sus condiciones de vida.
Reclamos por la falta de prestaciones de OSFA
La situación laboral se produjo en un contexto de cuestionamientos al funcionamiento de la obra social. Selva aseguró que OSFA atraviesa dificultades financieras y problemas en la prestación de servicios a sus afiliados.
Según indicó, la institución mantiene una deuda de magnitud considerable, aunque reconoció que no dispone de información precisa sobre el monto total.
“Es una deuda que no se sabe a ciencia cierta de cuánto es, pero son miles y miles de millones de pesos”, expresó.
El representante gremial también denunció inconvenientes con la atención farmacéutica y afirmó que los trabajadores de la delegación reciben diariamente reclamos de los afiliados por la falta de respuestas.
Explicó que los empleados que atienden al público quedan expuestos al malestar de los usuarios, pese a que las decisiones sobre las prestaciones y la administración de los recursos no dependen de ellos.
Qué pasaría con los afiliados de la costa del Uruguay
Además de las consecuencias para los empleados, el eventual cierre de la oficina podría afectar a los afiliados que realizan trámites en Concordia y en otras localidades de la región.
Selva explicó que OSFA cuenta con dos delegaciones en Entre Ríos, ubicadas en Concordia y Paraná. La oficina concordiense atiende a usuarios de distintas localidades de la costa del río Uruguay.
Aunque no pudo precisar la cantidad de afiliados que dependen de esa sede, advirtió que una eventual centralización de las gestiones en Paraná podría generar mayores dificultades de acceso a la atención administrativa.
La preocupación se suma a los problemas prestacionales que, según denunció el sindicato, ya atraviesan los beneficiarios de la obra social.