La Justicia resolvió suspender el cierre del programa "Volver al Trabajo" y ordenó al Gobierno nacional mantener los pagos que reciben sus beneficiarios. La decisión fue adoptada este martes por el Juzgado Federal de Campana, que hizo lugar a una medida cautelar presentada contra la eliminación del esquema prevista para mayo.
El fallo obliga al Estado nacional y al Ministerio de Capital Humano a sostener la vigencia de las prestaciones económicas dentro de un plazo de tres días desde la notificación judicial.
La resolución tendrá efecto hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del planteo.
Qué dispuso el tribunal
En el texto judicial se ordenó “mantener la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo”, según informó Ámbito.
El programa "Volver al Trabajo" alcanza, según lo informado en la causa, a unas 900 mil personas en todo el país, que actualmente perciben una asistencia cercana a los 80 mil pesos mensuales.
La medida fue dictada luego del anuncio oficial que planteaba reemplazar el sistema por un esquema de vouchers orientado a capacitaciones.
Los argumentos del fallo
El juzgado consideró que una interrupción inmediata del beneficio podría afectar derechos esenciales de sectores vulnerables.
Entre sus fundamentos, sostuvo que el corte abrupto de las prestaciones sin una alternativa concreta comprometería el acceso a condiciones dignas de vida, seguridad social y salud.
Además, remarcó que estos aportes poseen un “profundo contenido social” y que su cancelación, en el contexto actual, podría resultar arbitraria e irrazonable.
Qué dijo sobre los vouchers
El magistrado también analizó la propuesta oficial para reemplazar el programa "Volver al Trabajo" por vouchers de formación.
En ese punto, entendió que esa alternativa no equivale a la asistencia monetaria mensual que actualmente reciben los beneficiarios.
Según señaló, no quedó acreditado que ese mecanismo permita cubrir necesidades básicas que hoy son atendidas con los pagos vigentes.
La urgencia del caso
Otro de los puntos centrales del fallo fue la inmediatez del perjuicio potencial para quienes cobran el programa.
La resolución indicó que existía “urgencia y peligro en la demora” por la finalización anunciada para este mes.