El influencer denunciado por caza ilegal de aves protegidas en la Laguna Setúbal es empleado de planta permanente del Estado santafesino, no cuenta con licencia habilitante y enfrenta una multa administrativa cercana a los $3,5 millones.
Los nuevos detalles fueron brindados por el secretario de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Alejandro Luciani, luego de la presentación penal efectuada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La causa se inició a partir de imágenes y videos que el propio investigado publicó en redes sociales. En el material aparecía durante distintas jornadas de caza y exhibía ejemplares de patos y otras aves acuáticas.
Es empleado del Estado y no tiene licencia
Luciani confirmó a Aire de Santa Fe que el hombre investigado pertenece a la administración pública provincial. “Es un trabajador de planta del Estado”, afirmó el funcionario. Además, indicó que el denunciado no poseía la licencia de caza deportiva emitida por el Ministerio de Ambiente.
La investigación administrativa comenzó de oficio durante la mañana del viernes, después de que las publicaciones viralizadas llegaran a conocimiento de las autoridades provinciales.
La Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna abrió un expediente para analizar las presuntas infracciones y posteriormente remitió la denuncia penal al MPA.
La caza está prohibida durante todo el año
Las jornadas registradas en las publicaciones se habrían desarrollado en aguas de la Laguna Setúbal, cerca del barrio El Pozo y frente a la sede central del Ministerio de Ambiente.
Luciani remarcó que la actividad se realizó dentro de un sector donde la caza no está permitida. “Tanto en el departamento La Capital como en el departamento Rosario está totalmente vedada la caza durante todo el año de cualquier tipo de especie”, enfatizó.
El funcionario también advirtió sobre el riesgo que implicaba utilizar armas de fuego y disparar perdigones en inmediaciones de sectores residenciales.
A la falta de licencia y la actividad en un área de veda se sumaron la presunta captura de especies protegidas, el incumplimiento de cupos y la utilización de procedimientos no permitidos.
Una multa de casi $3,5 millones
Por la cantidad y gravedad de las infracciones atribuidas, el Ministerio de Ambiente avanzó con la aplicación de la sanción administrativa máxima.
El monto sería de aproximadamente $3,5 millones. La actualización oficial vigente fijó el máximo para infracciones contra la fauna en $3.456.434,80 y el mínimo en $41.485.
La Provincia había actualizado los valores para recuperar el efecto disuasorio de las multas frente a la caza furtiva, el tráfico y la tenencia ilegal de animales silvestres.
La sanción administrativa se tramita de manera independiente de la investigación penal iniciada ante el MPA. Será la Justicia la encargada de determinar si existieron delitos y establecer las eventuales responsabilidades penales del hombre denunciado.
Allanaron la vivienda del investigado
En el marco de las primeras actuaciones judiciales, las fuerzas de seguridad realizaron allanamientos en el domicilio del presunto cazador. Hasta el momento no se habían encontrado las armas que aparecían en las publicaciones ni los ejemplares presuntamente abatidos.
La falta de esos elementos no implicó el cierre del expediente, debido a que los investigadores continuaron analizando los videos, fotografías y demás pruebas digitales incorporadas.
La causa permanecía abierta y podrían ordenarse nuevas medidas para establecer cuándo y dónde fueron realizadas las cacerías y qué destino tuvieron las aves.
“Cazar para comer no justifica un delito”
En algunos videos, el acusado habría argumentado que las aves eran destinadas al consumo personal o a la elaboración de conservas.
Luciani rechazó que esa explicación permitiera justificar la actividad. “No es justificación cometer un delito para llevar comida a su casa. Somos la autoridad de aplicación de una norma y la tenemos que hacer cumplir”, sostuvo.
El secretario de Biodiversidad advirtió también sobre los riesgos sanitarios relacionados con el consumo o la comercialización de carne de fauna silvestre sin controles.
Explicó que, al no existir trazabilidad, controles de organismos como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), ni garantías sobre la cadena de frío, podría ponerse en peligro la salud de los consumidores.
El análisis de las imágenes permitió reconocer ejemplares correspondientes a por lo menos 10 especies de patos y aves acuáticas. Entre ellas se encontraban el pato picazo, el sirirí pampa, el sirirí colorado, el pato capuchino y el pato gargantilla. También aparecieron el pato overo, el pato cutirí, el pato cuchara, el pato de collar y el pato crestudo.
La autoridad ambiental puso especial atención sobre el pato crestudo, debido a que se encuentra categorizado como una especie protegida y amenazada en el territorio provincial.
La acumulación de ejemplares y la diversidad de especies observadas fueron consideradas al momento de impulsar la sanción administrativa máxima.
Controles contra la caza furtiva y cómo denunciar la caza ilegal
La denuncia se conoció en medio de otros procedimientos realizados contra la caza ilegal en diferentes sectores de Santa Fe. En la zona rural de Las Avispas, departamento San Cristóbal, personal de la Policía de Seguridad Rural “Los Pumas” detuvo recientemente a cuatro cazadores.
Durante el operativo fueron secuestrados 72 patos crestones abatidos y cuatro escopetas.
El Ministerio de Ambiente también firmó un acuerdo con la empresa Cinegético Córdoba S.A. para financiar un estudio sobre humedales y anátidos. La firma entregó, además, equipamiento para fortalecer los controles territoriales, entre ellos un dron, cámaras trampa, dispositivos GPS y binoculares.
El Ministerio solicitó a los ciudadanos y las organizaciones proteccionistas que utilicen los canales oficiales para alertar sobre hechos vinculados con la caza furtiva. Ante una situación en desarrollo o un caso de flagrancia, se recomendó comunicarse inmediatamente con el 911.
Las denuncias ambientales también pueden presentarse mediante el sistema de Atención Virtual disponible en el portal oficial del Gobierno de Santa Fe.