Un concejal de San Isidro acordó el pago de una indemnización de 12 millones de pesos a una excompañera de trabajo que lo denunció por abuso sexual. El hecho ocurrió en 2023, cuando ambos se desempeñaban en el área de Tránsito municipal, y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la dependencia.
Según trascendió, las imágenes muestran al entonces inspector de tránsito Alberto Montes acercándose a una empleada y realizando un tocamiento sin su consentimiento. La mujer reaccionó de manera inmediata y el episodio derivó posteriormente en una denuncia judicial.
El caso volvió a tomar relevancia en las últimas horas luego de que se conocieran detalles del acuerdo económico alcanzado entre las partes. De acuerdo con la información difundida, el funcionario se comprometió a abonar una compensación de 12 millones de pesos mediante un esquema de pagos en cuotas.
Cómo avanzó la causa judicial
La denuncia dio origen a dos expedientes distintos, uno en el ámbito civil y otro en la Justicia penal. En el primero de ellos, el concejal pactó el resarcimiento económico para la denunciante, mientras que en el segundo continúa la investigación por presunto abuso sexual.
La causa penal se encuentra radicada en el Juzgado Correccional N° 5 y, según se informó, un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa fue rechazado. Por ese motivo, el expediente sigue avanzando dentro del proceso judicial.
Fuentes vinculadas al caso indicaron que el acuerdo económico no implica el cierre de la causa penal. De hecho, allegados a la investigación señalaron que el expediente podría llegar a juicio oral durante los próximos meses.
Repercusiones políticas y la postura del acusado
El caso también generó repercusiones dentro del Concejo Deliberante de San Isidro. Sectores de la oposición impulsan la remoción del concejal, aunque hasta el momento no cuentan con los votos necesarios para avanzar con esa iniciativa.
Desde el bloque de Fuerza Patria cuestionaron la continuidad del funcionario en su banca y reclamaron una respuesta institucional frente a la denuncia. Sin embargo, el oficialismo y sus aliados mantienen la mayoría dentro del cuerpo legislativo local.
Por su parte, Alberto Montes sostuvo que existió un pedido de disculpas y un acuerdo entre las partes. Además, aseguró que el hecho que derivó en la denuncia fue interpretado por él como una broma y afirmó que el convenio alcanzado se encuentra a la espera de homologación judicial.
Mientras tanto, la situación del concejal continúa bajo análisis en el ámbito penal, donde todavía resta definirse el futuro procesal de la causa.