El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza presentó las primeras 10 denuncias judiciales contra padres y tutores que no cumplieron con el calendario obligatorio de vacunación de menores a su cargo. La medida, inédita en el país, se enmarca en la Ley Nacional 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas y ratifica la prevalencia de la salud pública por encima del interés particular.
La decisión provincial surge en un contexto sanitario sensible, marcado por el rebrote de sarampión y por la muerte de al menos siete niños a causa de coqueluche, enfermedades cuya reaparición se vincula directamente al descenso en las tasas de vacunación.
Al respecto, el ministro de Salud mendocino, Rodolfo Montero, confirmó que las denuncias ya fueron presentadas ante la Justicia Civil. Los adultos notificados deben asistir a una audiencia obligatoria, donde el personal sanitario explica los riesgos individuales y comunitarios derivados de no cumplir con el esquema de inmunización.
La legislación contempla multas de entre 84.000 y 336.000 pesos, trabajos comunitarios e incluso hasta cinco días de arresto, de acuerdo con el Código de Contravenciones provincial.
Por su parte, la responsable del Departamento de Inmunizaciones, Iris Aguilar, explicó que el objetivo principal es garantizar la vacunación de los niños, no sancionar a las familias. “El juez determina qué medidas tomar. Nuestro rol es activar el sistema cuando se vulnera el derecho a la salud del niño”, señaló.
Déficit en la vacunación y riesgos sanitarios
Aguilar detalló que el porcentaje de vacunación escolar en Mendoza se mantiene por encima del 80%, un nivel aceptable pero insuficiente: “Para evitar la reaparición de enfermedades eliminadas o controladas necesitamos superar el 95% de cobertura”.
El mayor déficit se registra en las vacunas aplicadas a los 15 meses, etapa en la que disminuye la frecuencia de los controles pediátricos. La funcionaria también advirtió sobre la caída en la vacunación adolescente: las coberturas rondan el 75%, lejos del 90% recomendado.
En el caso del Virus del Papiloma Humano (VPH), la situación es más preocupante: solo el 66,98% de las adolescentes accede a la primera dosis y apenas el 34,62% a la segunda, que no está incluida en el calendario gratuito. Entre varones, la cobertura de primera dosis es del 60,92% y la segunda desciende al 27,82%.
Desde la publicación de la Resolución 2572, que formaliza el procedimiento para denunciar a quienes incumplen el calendario, el Ministerio de Salud provincial recibió amenazas por redes sociales y correo electrónico por parte de sectores antivacunas. Pese a ello, Aguilar reafirmó la posición oficial: “Las vacunas salvan vidas. No se trata de una decisión individual; el plan de vacunación es una política de Estado”.
La normativa establece que los equipos de inmunización deben verificar el cumplimiento de las vacunas a través del registro nominal digital, tanto en el sistema público como en el privado. Antes de presentar una denuncia, se concede a las familias un plazo de 30 días para regularizar la situación en el centro de salud o establecimiento escolar correspondiente.
Aguilar pidió a la población no dejarse influenciar por mensajes falsos o pseudocientíficos: “Hay profesionales de la salud que recomiendan no vacunar. Eso es gravísimo. El sarampión, por ejemplo, puede causar la muerte en uno de cada mil niños y encefalitis en cuatro a seis de cada 100 mil”. (fuente El Sol)