Una familia recibirá una indemnización de más de $78 millones por una construcción defectuosa, luego de que la Justicia responsabilizara a dos arquitectos por graves fallas estructurales en una vivienda que debía convertirse en su hogar. Las pericias determinaron que el inmueble presentaba riesgo de derrumbe y que la única solución era demoler completamente lo construido.
El caso comenzó cuando una madre y sus dos hijos contrataron a los profesionales para desarrollar una casa familiar en un terreno de su propiedad, ubicado en La Plata, Buenos Aires. El acuerdo incluía la elaboración de planos, los trámites de empadronamiento y la dirección ejecutiva de la obra, según informó TN.
Sin embargo, la construcción quedó inconclusa cuando apenas se había completado una cuarta parte del proyecto. Con el avance de las evaluaciones técnicas, comenzaron a detectarse irregularidades que comprometían seriamente la seguridad de la estructura y que terminaron dando origen a una demanda judicial.
Las fallas estructurales que obligaban a demoler la vivienda
Los especialistas identificaron importantes deficiencias en columnas, vigas y mampostería. Según los informes periciales, estos problemas afectaban elementos esenciales para la resistencia del inmueble y representaban un peligro concreto para quienes pudieran habitarlo.
Las evaluaciones también descartaron la posibilidad de realizar reparaciones parciales. Los defectos comprometían la estructura completa, por lo que no resultaba técnicamente viable conservar sectores de la construcción ni aprovechar los materiales ya instalados.
Ante ese panorama, los peritos concluyeron que debía demolerse la totalidad de la edificación y comenzar nuevamente. La familia, que había invertido dinero y asumido compromisos económicos para concretar su vivienda, quedó con una obra inutilizable.
Por qué la Justicia responsabilizó a los arquitectos
En primera instancia, el juzgado hizo lugar a la demanda y estableció una indemnización superior a $70 millones, además de intereses y costas judiciales. Sin embargo, las partes apelaron distintos aspectos de la resolución.
Los arquitectos argumentaron que la ejecución material había estado a cargo de un constructor independiente. No obstante, la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata rechazó ese planteo y sostuvo que los profesionales debían supervisar adecuadamente los trabajos.
Para los magistrados, la responsabilidad por la dirección ejecutiva no desaparecía porque otra persona realizara las tareas de construcción. Las deficiencias acreditadas demostraron que las obligaciones profesionales de control no se habían cumplido correctamente.
Una indemnización millonaria por daños materiales y morales
Al revisar la sentencia, la Cámara elevó la reparación económica a más de $78 millones. El monto incluyó más de $60 millones por daño emergente, destinado a compensar los perjuicios materiales ocasionados por la construcción defectuosa.
También reconoció $18 millones por daño moral, al considerar la frustración, la angustia y las consecuencias personales que atravesaron los integrantes de la familia. Los jueces tuvieron en cuenta el endeudamiento asumido para financiar el proyecto y la imposibilidad de utilizar la vivienda.
La aseguradora había sostenido que algunos sectores podían conservarse para reducir los costos, pero el tribunal descartó ese argumento sobre la base de las pericias. Finalmente, aplicó el Índice del Costo de la Construcción del INDEC para actualizar los valores, estableció los intereses correspondientes e impuso las costas de la apelación a los condenados y a la compañía de seguros.