La Justicia procesó con prisión preventiva a cuatro personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a obtener teléfonos celulares mediante identidades y datos personales de terceros. La investigación permitió reconstruir una maniobra que habría funcionado durante casi siete meses y que comenzó a desbaratarse después de la denuncia de una jueza porteña.
Los acusados son tres integrantes de una misma familia y un allegado, oriundos de Monte Castro y Lanús. El juez Martín Yadarola, titular del Juzgado de Instrucción Nº4, los procesó por su presunta participación en una organización dedicada a realizar operaciones fraudulentas contra una empresa de telefonía.
Según la resolución judicial, el grupo habría efectuado numerosos pedidos de equipos haciéndose pasar por clientes legítimos de la compañía. Para concretar las operaciones utilizaban nombres, apellidos, números de DNI y otros datos personales de las víctimas.
Cómo funcionaba la maniobra con los celulares
La investigación determinó que los sospechosos solicitaban principalmente teléfonos Samsung Galaxy A16. Las compras eran realizadas contrafactura y las cuotas quedaban asociadas a las cuentas de los verdaderos clientes, que desconocían completamente la operación.
El juez sostuvo que los datos utilizados habrían sido obtenidos de manera ilegítima desde bases a las que alguno de los involucrados podría haber tenido acceso. Además, los pedidos incluían direcciones de correo electrónico falsas, lo que demoraba que las víctimas descubrieran los cargos.
Los celulares no eran enviados a un domicilio particular. Los investigadores determinaron que eran derivados a sucursales de empresas de correo privado, donde posteriormente eran retirados. De esta manera, los sospechosos evitaban proporcionar una dirección vinculada directamente con ellos.
Las víctimas descubrían compras que nunca habían realizado
El mecanismo comenzaba a quedar expuesto cuando los clientes encontraban en sus facturas las cuotas correspondientes a teléfonos que jamás habían solicitado. Ante los reclamos, la empresa debía investigar las operaciones fraudulentas y afrontar el perjuicio ocasionado.
La causa adquirió otra dimensión cuando los investigadores establecieron que al menos uno de los aparatos obtenidos mediante esta modalidad habría sido utilizado posteriormente en un secuestro virtual.
El Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal intervino en la investigación y concretó las detenciones. Para avanzar sobre los sospechosos se realizaron seguimientos y escuchas telefónicas, entre otras medidas dispuestas judicialmente.
Una jueza fue víctima y su denuncia permitió avanzar
Entre las personas perjudicadas aparece una jueza porteña, quien denunció el caso el 26 de febrero después de descubrir una factura por $335.000 correspondiente a un teléfono Samsung que supuestamente había sido comprado para su hijo.
La magistrada desconoció inmediatamente la operación. Antes de formalizar la denuncia se presentó en una sucursal de la compañía telefónica, donde le comunicaron que ya se había iniciado una investigación interna ante las sospechas de fraude.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que quien realizó la operación había logrado responder correctamente cinco preguntas de seguridad relacionadas con información privada de la jueza. Sin embargo, el número telefónico utilizado para efectuar la compra se convirtió en una de las primeras pistas de la causa.
Investigan cómo conseguían los datos personales
La pesquisa también puso el foco sobre el origen de la información utilizada para concretar las operaciones. De acuerdo con el expediente, una de las acusadas había trabajado en el área de ventas de planes de ahorro de una concesionaria.
Para el juez, esa actividad podría haberle permitido acceder a bases de datos con información personal sensible de potenciales clientes, aunque esa hipótesis forma parte de la acusación y deberá ser determinada durante el proceso judicial.
Según la reconstrucción judicial, los demás integrantes habrían cumplido diferentes funciones: algunos se comunicaban con la empresa de telefonía y participaban posteriormente de la reventa de los equipos, mientras que otro de los imputados, empleado de una compañía de correo privado, habría intervenido en el retiro de los aparatos.
Los cuatro quedaron procesados con prisión preventiva, mientras continúa la investigación para establecer el alcance total de las operaciones, la cantidad de teléfonos obtenidos mediante el mecanismo y si existieron otras víctimas, indica Infobae.