Un empleado municipal fue cesanteado luego de una investigación administrativa que detectó más de 50 días de inasistencias injustificadas y determinó que atendía una peluquería durante el horario en el que debía prestar servicios para la Municipalidad de Concordia. La defensa rechazó la sanción, denunció irregularidades en el sumario y llevó el caso ante la Justicia.
La medida fue adoptada mediante el Decreto Nº 594/2026. Según informó oficialmente el Municipio, el trabajador se desempeñaba en la Dirección de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, y anteriormente había cumplido tareas en el Concejo Deliberante.
El caso adquirió repercusión luego de conocerse los resultados de la investigación administrativa. Sin embargo, la abogada defensora sostuvo posteriormente que la cesantía todavía no se encontraba firme y planteó que existieron vulneraciones al derecho de defensa durante el procedimiento, publicó Diario Río Uruguay.
Qué detectó la investigación municipal
Las actuaciones fueron realizadas por la División Unidad de Control de la Dirección de Recursos Humanos, que detectó ausencias consideradas injustificadas entre el 11 de abril y el 2 de junio de 2025. A partir de esa situación se inició el correspondiente sumario administrativo.
Según la información difundida por el Ejecutivo municipal, durante la investigación también se comprobó que el agente desarrollaba una actividad privada en una peluquería ubicada sobre calle Santa María de Oro, entre Entre Ríos y San Luis, mientras debía encontrarse cumpliendo sus tareas municipales.
Las constancias incorporadas al expediente señalaron, además, que el propio trabajador habría reconocido ante clientes que debía encontrarse prestando servicios en la Municipalidad en esos momentos.
El Municipio justificó la cesantía
Con los elementos reunidos durante el sumario, el Departamento Ejecutivo resolvió aplicar la cesantía de acuerdo con las disposiciones de la Ordenanza de Escalafón Municipal Nº 11.275/49. La resolución fue comunicada al trabajador y a su representante legal.
“La decisión forma parte de las acciones que lleva adelante la gestión municipal para fortalecer los controles internos, garantizar el uso responsable de los recursos públicos y asegurar que cada empleado cumpla efectivamente con la tarea por la que percibe un salario financiado por los contribuyentes”, expresaron oficialmente desde el Municipio.
Asimismo, desde la administración municipal señalaron que no habría tolerancia frente a incumplimientos de las obligaciones laborales de los agentes o situaciones que consideren perjudiciales para los vecinos.
La defensa cuestionó el procedimiento
Tras conocerse la decisión, la abogada María de los Ángeles Petit difundió un descargo en representación del trabajador y cuestionó tanto el procedimiento administrativo como la comunicación pública realizada por el Ejecutivo.
Según sostuvo la letrada, el empleado llevaba 28 años trabajando en la administración municipal y su situación no correspondía a la de un asesor político temporario. Explicó que era un agente de carrera que había sido asignado formalmente para desempeñar funciones en un bloque del Concejo Deliberante.
La defensa también afirmó que, cuando se detectaron las presuntas irregularidades entre abril y junio de 2025, tanto el trabajador como sus superiores presentaron notas ante Recursos Humanos para explicar su situación. Según su versión, el sumario recién fue iniciado en marzo de 2026.
La cesantía fue llevada ante la Justicia
Petit informó que la controversia ya se encontraba judicializada ante la Cámara Contencioso Administrativa, donde se tramitarían un juicio ordinario y dos medidas cautelares relacionadas con el expediente.
Uno de los principales cuestionamientos de la defensa estuvo relacionado con la secuencia de las notificaciones. La abogada afirmó que el 1º de julio, a las 10.20, recibió la comunicación del rechazo de un pedido de suspensión de plazos y que, ese mismo día a las 19, fue notificada de la cesantía.
Sin embargo, según planteó, el decreto que dispuso la sanción había sido firmado el 30 de junio. Para Petit, esta situación habría impedido presentar alegatos sobre las pruebas incorporadas antes de que el Ejecutivo adoptara la decisión definitiva.
Denunciaron problemas con una declaración testimonial
La representante legal también cuestionó la incorporación de una declaración testimonial de la viceintendenta dentro de los elementos considerados en el expediente.
Según sostuvo, la defensa no habría sido notificada previamente sobre esa instancia, por lo que no pudo controlar la producción de la prueba ni realizar preguntas. La letrada consideró que esa circunstancia afectó las garantías del procedimiento administrativo.
Petit también cuestionó la difusión pública realizada por la Municipalidad después de conocida la cesantía. “La urgencia por exhibir este tipo de medidas como una demostración de superioridad o rigor moral no es más que propaganda”, manifestó.
Una controversia que deberá resolver la Justicia
La abogada remarcó que la cesantía “no se encuentra firme” y sostuvo que será la Justicia la encargada de analizar los cuestionamientos formulados contra el procedimiento.
También advirtió sobre la posibilidad de que las actuaciones deriven en reclamos por daños y perjuicios contra el Municipio, aunque esa eventual consecuencia dependerá del resultado de los procesos judiciales iniciados.
De esta manera, mientras la Municipalidad sostuvo que el sumario permitió comprobar inasistencias injustificadas y actividad privada durante el horario laboral, la defensa rechazó la legalidad del procedimiento y trasladó la controversia al ámbito judicial.