La Secretaría de Ambiente, coordinó el retiro de más de 2000 envases vacíos de fitosanitarios que se encontraban en un predio de acopio ilegal en el casco urbano de Rosario del Tala.
En un operativo desarrollado durante toda la mañana de este jueves, la Secretaría de Ambiente -dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos- coordinó el retiro de más de 2000 envases vacíos de fitosanitarios que se encontraban en un predio de acopio ilegal en el casco urbano de Rosario del Tala.
La medida, respaldada por una orden de allanamiento de la Justicia, permitió ordenar un sitio rodeado de hogares y comercios y trasladar estos residuos hacia un centro de acopio transitorio habilitado, desactivando un foco de riesgo ambiental que afectaba a la comunidad desde hace más de ocho años.
La supervisión de las tareas en territorio fue liderada por los funcionarios de la Secretaría de Ambiente, Osvaldo Fernández, director de Gestión Ambiental del Agua; Maximiliano Gómez, director de Ambiente y Cambio Climático; y Gabriela Joubert, coordinadora de Buenas Prácticas Agropecuarias, quienes trabajaron en conjunto con la directora de Ambiente municipal, Marcela Leone, y el personal policial dependiente de la Jefatura Departamental de Tala.
Los funcionarios provinciales destacaron que este procedimiento es el resultado directo de denuncias de vecinos que finalmente encontraron una respuesta efectiva del Estado. "Estamos haciendo lo que hay que hacer: escuchar al ciudadano y actuar con firmeza cuando la salud de nuestra población está en juego por el manejo irresponsable de residuos peligrosos", manifestaron las autoridades durante el operativo.
La intervención provincial activó una logística de remediación inmediata a través de la organización Campo Limpio. Los más de 2000 bidones fueron retirados con destino al Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) de San Marcial para su disposición final segura.
Las autoridades subrayaron que el acopio de estos materiales sobre suelo natural y a la intemperie representaba una amenaza concreta para las napas de agua y la integridad ambiental del barrio.
En este sentido, apelaron a la responsabilidad colectiva de los actores del sector agroindustrial para cumplir con la normativa, remarcando que el Gobierno de Entre Ríos intervendrá ante cualquier situación que vulnere el derecho a un ambiente sano.
Tras el allanamiento autorizado por la Jueza de Garantías, Silvina Cabrera, y ejecutado por la Comisaría Primera, el predio quedó bajo vigilancia y el propietario fue notificado de la prohibición absoluta de manipular, trasladar o comercializar los residuos remanentes.
Con la resolución de este conflicto histórico, el Estado provincial reafirma su capacidad de fiscalización y control territorial, garantizando el cumplimiento de la ley y la protección de la salud pública en Rosario del Tala y toda la provincia.
