La cantidad de personas y parejas inscriptas para adoptar cayó de 5.500 en 2017 a 1.107 en junio de 2026. El último relevamiento nacional sobre niños sin cuidados parentales es de 2020 y especialistas advierten sobre la falta de datos actualizados.
La cantidad de personas y parejas inscriptas para adoptar en Argentina cayó cerca de un 80% en los últimos diez años: pasó de 5.500 postulantes en 2017 a 1.107 en junio de 2026. Mientras tanto, el país no cuenta con un registro actualizado que permita conocer con precisión cuántos niños y adolescentes viven sin cuidados parentales y cuántos de ellos se encuentran en situación de adoptabilidad.
El último relevamiento nacional disponible fue realizado en 2020 por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), con apoyo de Unicef. En ese momento, se contabilizaron 9.154 niños y adolescentes que vivían en hogares o con familias de abrigo. De ese total, 2.199 tenían declarada la adoptabilidad.
La falta de información actualizada dificulta conocer cómo evolucionó esa situación en los últimos seis años y, según especialistas consultados, también complica la planificación de políticas públicas destinadas a reducir los tiempos de permanencia de los chicos separados de sus familias de origen.
La información está fragmentada
La información sobre niños y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección está distribuida entre las distintas jurisdicciones del país y no se encuentra consolidada en una base nacional actualizada.
Atilio Álvarez, quien durante 45 años se desempeñó como Defensor de Menores, explicó que la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA) actualizaba mensualmente la cantidad de personas disponibles para adoptar, pero que no ocurría lo mismo con los niños que permanecían dentro del sistema de protección.
Según sostuvo, esa falta de datos nacionales dificultaba el cruce entre quienes esperaban una familia y quienes estaban disponibles para adoptarlos.
La psicopedagoga Analía García Cabriada, especialista en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y exintegrante de la Senaf, señaló que contar con información actualizada resultaba fundamental para diseñar políticas destinadas a chicos que habían sido separados de sus familias por situaciones de violencia, abandono o abuso.
“Trazar políticas a partir de información actualizada debería ser una política de Estado, más todavía cuando están dirigidas a chicos en condiciones de especial vulnerabilidad”, sostuvo.
Años de espera
Uno de los datos más relevantes del relevamiento de 2020 fue el tiempo que los niños podían permanecer dentro del sistema de protección. El estudio determinó que, en promedio, pasaban entre cinco y seis años en instituciones a la espera de ser adoptados o de que se definiera su situación de adoptabilidad.
Ese período contrastaba con los plazos establecidos legalmente. La normativa prevé que las medidas excepcionales de protección tengan una duración limitada y que los organismos intervinientes avancen en la definición de la situación familiar de los niños.
“Hay que pensar que acá no corren los tiempos de la Justicia, corre el tiempo de vida de los chicos”, expresó Álvarez.
El exfuncionario recordó una conversación que mantuvo con un grupo de hermanos que esperaba una familia. “Nunca voy a olvidar el día que charlando con cinco hermanitos. La más chiquita se me acerca y me dice al oído: ‘Atilio, conseguime un papá y una mamá’”, relató.
Un nuevo relevamiento está en marcha
Ante la falta de datos actualizados, la Senaf comenzó en abril de este año un nuevo relevamiento nacional para conocer la situación de los niños y adolescentes sin cuidados parentales.
Fuentes del Gobierno nacional consultadas por LA NACION indicaron que, hasta septiembre, habían respondido 22 de las 24 jurisdicciones del país.
Juan Jeannot, quien fue director de la DNRUA entre 2022 y mayo de este año, explicó que los datos disponibles correspondían al relevamiento de 2020 y que no permitían analizar adecuadamente la evolución actual del sistema.
Además, señaló que durante su gestión se trabajaba en la creación de un Registro Único Nominal que permitiera reunir la información de las distintas jurisdicciones y facilitar el cruce entre los postulantes a adoptar y las necesidades del sistema de protección.
La importancia de contar con datos
García Cabriada destacó que disponer de información desagregada por provincia, región, género, edad y tiempo de permanencia permitiría detectar situaciones que requieren respuestas específicas.
Entre ellas mencionó el caso de adolescentes que alcanzan la mayoría de edad mientras continúan viviendo en hogares de protección.
La especialista también recordó que relevamientos anteriores permitieron impulsar políticas públicas como la Ley de Egreso, sancionada en 2017, que creó el Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE) destinado a jóvenes que vivían en instituciones y se acercaban a los 18 años.
El programa contempla acompañamiento para la inserción laboral, continuidad educativa y administración del dinero, además de una asignación económica entre los 18 y los 21 años, mientras se avanza hacia la autonomía.
Otro antecedente fue el Decreto 5/2023, que estableció el acceso a la Asignación Universal por Hijo (AUH) para niños y adolescentes bajo medidas de protección excepcional que vivían en hogares o con familias de abrigo.
Un sistema del que faltan datos actuales
En 2022 también se realizó un Censo Nacional de Dispositivos de Cuidado Residencial de niñas, niños y adolescentes. Ese relevamiento contabilizó 605 dispositivos en el país, incluidos 16 espacios destinados a la autonomía o al preegreso.
El estudio detectó además situaciones de sobreocupación: alcanzaba al 43% de los chicos alojados en dispositivos de gestión pública y al 27,3% de quienes estaban en establecimientos de gestión privada.
Sin embargo, actualmente no existe información nacional actualizada que permita determinar cómo evolucionaron esos indicadores.
“Los que realmente pierden son los chicos para quienes la protección debería ser una política de Estado”, concluyó García Cabriada.
