El preso atacó a la fiscal Claudia Ríos con una chuza durante un debate oral en el Polo Judicial de Mendoza. Los investigadores intentan determinar si el agresor contó con la colaboración del personal penitenciario.
Siete empleados penitenciarios, responsables del traslado y las requisas al preso que atacó a la fiscal Claudia Ríos con una chuza durante un debate oral en el Polo Judicial de la ciudad de Mendoza, fueron pasados a disponibilidad y los investigadores intentan determinar si el agresor contó con la colaboración del personal de esa fuerza de seguridad.
Marcelo Puertas, titular de la Inspección de Seguridad, un órgano civil de control externo a las fuerzas de seguridad que depende del Ejecutivo provincial, aseguró esta tarde que "siete efectivos fueron pasados a disponibilidad y serán citados a declarar, aunque puede haber otros efectivos o responsables de áreas involucrados".
En declaraciones a la prensa, el funcionario señaló que "se están identificando a los responsables vinculados al Servicio Penitenciario" que participaron no solo del traslado sino de la requisa del preso Hugo Eduardo Arredondo Suárez, quien esta mañana pretendió atacar con una "chuza" a la fiscal Ríos durante un cuarto intermedio.
Según Puertas, Arredondo Suárez "está alojado en el penal de Almafuerte y existen protocolos de seguridad para los traslados", y afirmó que "no se descarta que pudo haber existido connivencia entre personal de servicio".
"Al salir del penal tiene que ser requisado, se lo sube a un móvil y al bajar es requisado nuevamente. Luego, al ingresar a la sala de audiencias hay una tercer requisa", explicó el funcionario.
"Evidentemente alguna persona no ha cumplido con sus deberes y no se descarta el dolo, por si hubiera algún acuerdo a los fines de acceder al elemento corto punzante con la cual intentó agraviar o matar a la fiscal Ríos", analizó Puertas.
Respecto a los penitenciarios que fueron pasados a disponibilidad, el titular de la Inspección de Seguridad dijo que "no están imputados" en el marco de la causa, aunque reconoció que "eso va a ocurrir a posteriori de obtener la prueba de cargo".
"Mientras tanto, los penitenciario fueron pasados a disponibilidad, lo que significa que no van a prestar servicios y cobrarán un 45 por ciento de sus emolumentos", señaló a Télam.
"Se los va a citar a indagatoria donde podrán declarar y presentar la defensa pertinente y pruebas de descargo como estrategia defensiva para ver cómo se dilucidan estos hechos que se les están imputando", dijo Puertas.
Paralelamente continúa la investigación judicial y si se impone la privación de la libertad, la indagatoria será en penal de San Felipe donde se alojan los penitenciarios.
