La autopartista suspendió a sus 450 empleados y cerró por quince días la planta en General Pacheco, luego de advertir que bajaría definitivamente sus persianas si las protestas y reclamos de operarios despedidos no cesan.
Voceros de la firma dijeron a la prensa que la decisión de
suspender la producción por dos semanas fue tomada ante la
"imposibilidad de garantizar seguridad" a sus operarios por la
sucesión de protestas de trabajadores despedidos frente a la
planta.
Agregaron que algunos de los operarios resultaron heridos en
las últimas semanas por pedradas arrojadas por sus excompañeros
en medio de las manifestaciones, algunas de las cuales fueron
reprimidas por fuerzas de seguridad.
Los portavoces dijeron que la compañía, que tiene también una
fábrica en el partido bonaerense de Escobar y otra en la provincia
de Córdoba, "cerrará de manera definitiva la planta de Tigre si
persisten los hechos de violencia en torno al establecimiento".
Silvio Fanti, delegado despedido de la empresa, dijo en diálogo
con NA que los operarios fueron comunicados de la decisión de la
empresa de suspender a todo el personal, integrado por unos 450
trabajadores, durante dos semanas desde este jueves.
"La empresa le comunicó a los compañeros que quedaban
suspendidos durante dos semanas sin darles ninguna explicación",
dijo Fanti al ser consultado sobre la decisión de la compañía
proveedora de sistemas eléctricos para automotrices.
Según Fanti, la decisión de la empresa ratifica las denuncias
de sus trabajadores sobre la sustitución de mano de obra argentina
por productos importados desde otras plantas que la compañía tiene
en América Latina y Europa.
El delegado gremial indicó que la automotriz Ford, principal
cliente de Lear en el país, sigue trabajando normalmente sin
suspender a ningún trabajador, por lo que la autopartistas "no
tiene excusa para suspender".
"Ayer hablé con compañeros de Ford y me contaron que la
automotriz les anunció que desde el mes que viene va a comenzar a
producir 570 autos por día, unas 30 unidades más que ahora",
indicó Fanti.
El delegado ratificó que los trabajadores de la autopartista
volverán este viernes a marchar por el centro porteño en una nueva
jornada nacional de lucha en reclamo de la reincorporación de
todos los despedidos.
La Comisión Interna gremial cesanteada por la firma convocó a
una jornada de protesta que arrancará a las 6:00 de la mañana en
la puerta de la fábrica en el kilómetro 31,5 de la Autopista
Panamericana y continuará con marchas y cortes de tránsito en
varios puntos del país.
El 31 de julio último el ministerio de Trabajo, que conduce
Carlos Tomada, fue notificado de la orden judicial que le impuso
garantizar el ingreso de los delegados gremiales a la planta en 24
horas.
"Denunciamos que hasta hoy esto se sigue dilatando. El
ministerio sólo se limitó a emitir un comunicado donde dice que
designó a los funcionarios competentes para llevar adelante las
órdenes de reinstalación de los delegados de Lear", dijeron los
trabajadores en un comunicado.
Aseguraron, además, que existen doce fallos judiciales que
exigen a la cartera laboral verificar el ingreso de los delegados
gremiales cesanteados a la planta que la autopartista
estadounidense tiene en General Pacheco.
"El ministerio no habla en su comunicado del origen de nuestra
lucha y de que quedan todavía decenas y decenas de familias en la
calle que fueron despedidas de forma ilegal", dicen los
trabajadores.
Se quejaron porque, según afirmaron, el ministerio de Trabajo
se limitó a decir que hubo 61 reincorporaciones y 123 trabajadores
que "arreglaron" una salida con indemnización.
"La Comisión Interna de Lear pelea y peleará por todos los
puestos de trabajo. No puede ser que el Ministerio se enorgullezca
de que existan 61 reincorporaciones en una fábrica que despidió en
los últimos meses a más de trescientos operarios", sostuvieron los
trabajadores.
Afirmaron que los 123 operarios que "arreglaron" una salida
"fueron empujados mediante el chantaje a tener que retirarse, ya
que la patronal no les pagaba sus salarios y tenían que optar
entre no cobrar y no alimentar a sus familias o negociar una
indemnización".
