Azul Jacarandá, una empresa agropecuaria especializada en la producción y multiplicación de semillas, entró en concurso preventivo con deudas por casi $25.000 millones. La compañía tiene su principal planta industrial en Salto, provincia de Buenos Aires, y trabaja para firmas nacionales e internacionales.
La apertura del procedimiento fue dispuesta el 29 de octubre de 2026 por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 30, a cargo de Sebastián I. Sánchez Cannavó. La presentación busca reorganizar sus obligaciones financieras y comerciales para sostener la continuidad de sus operaciones.
Según la documentación judicial, al 30 de septiembre la firma declaró un pasivo de $24.940,7 millones y activos por $20.355,3 millones. A su vez, los registros del Banco Central consignan 348 cheques rechazados que permanecen impagos, por $5.609,2 millones.
A qué se dedica la empresa agropecuaria
Fundada en 2002, la compañía familiar está controlada por los hermanos Matías Saúl Cortada y Marisel Beatriz Cortada, cada uno con el 50% del capital. Su actividad principal consiste en reproducir a campo materiales genéticos que recibe de empresas semilleras y acondicionar posteriormente la producción, según informó IProfesional.
La empresa agropecuaria trabaja principalmente con maíz, soja, sorgo, trigo y girasol, además de otros cultivos. Durante la campaña 2025/2026 sembró aproximadamente 3.500 hectáreas en establecimientos propios y arrendados, buena parte de ellos bajo riego.
Su planta de Salto ocupa un predio de más de 12 hectáreas y dispone de instalaciones para almacenamiento y procesamiento. También presta servicios de clasificación y tratamiento de semillas, comercializa agroinsumos y cuenta con depósitos en Salto, Pehuajó y Los Quirquinchos, Santa Fe.
Las causas que expuso en su presentación judicial
Azul Jacarandá atribuyó el deterioro financiero a tres factores: demoras en los cobros por trabajos de multiplicación, incumplimientos de clientes y encarecimiento del crédito. Según sostuvo, las dificultades se manifestaban desde el cierre del ejercicio 2025 y se agravaron durante 2026.
Uno de los desfasajes señalados corresponde a pagos de la campaña 2024/2025 que debían ingresar entre marzo y abril de 2025. La firma indicó que recibió un primer cobro parcial recién en junio, mientras debía afrontar gastos productivos y preparar la campaña siguiente.
Para cubrir esas necesidades recurrió a descubiertos bancarios. En su presentación afirmó que llegó a pagar al Banco Galicia entre $30 millones y $50 millones mensuales de intereses durante cuatro meses, lo que consumió una parte importante del margen de la campaña.
Cheques rechazados y mayores costos de financiamiento
Otro problema surgió con los cheques de pago diferido recibidos por ventas de agroinsumos. Como esos documentos habían sido descontados en entidades financieras, los rechazos provocaban débitos inmediatos en las cuentas de la compañía.
La empresa agropecuaria sostuvo, además, que las tasas de adelantos en cuenta corriente superaron el 80% nominal anual durante 2025 y llegaron al 100% en las semanas previas a las elecciones legislativas de octubre. Ese costo profundizó las dificultades para cubrir los vencimientos.
La firma identificó el 20 de enero de 2026 como la fecha en que se manifestó su cesación de pagos. Según explicó, ese día no pudo cancelar ni refinanciar un cheque emitido a favor de Hernán Manrique S.A., que posteriormente promovió un pedido de quiebra.
Quiénes figuran entre los acreedores
La presentación concursal registra deudas comerciales por $12.359,4 millones y financieras por $10.769,9 millones. Entre los proveedores figuran BASF Argentina, con $2.019,1 millones; Atanor, con $1.355,1 millones; Bayer, con $1.193,3 millones; y FMC Química, con $813,8 millones.
Por otra parte, la Central de Deudores del Banco Central informaba en septiembre obligaciones por aproximadamente $10.056,2 millones con 15 bancos y sociedades de garantía recíproca. Los mayores saldos correspondían a Galicia, Macro y Banco Provincia; la documentación judicial también incluye compromisos fiscales, laborales y previsionales.
Los acreedores tendrán hasta el 26 de febrero de 2027 para solicitar la verificación de sus créditos. La audiencia informativa quedó fijada para el 9 de noviembre de ese año y el período de exclusividad vencerá el 16 de noviembre, dentro del proceso con el que Azul Jacarandá intentará reestructurar sus deudas.