La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó este jueves la media sanción de un proyecto de ley que crea la obligatoriedad de los narcotests para todos los funcionarios públicos electivos y designados políticamente de la provincia. La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde deberá ser debatida antes de convertirse en ley.
El proyecto fue presentado por el senador del departamento Vera, Osvaldo Sosa, y propone implementar una política de controles toxicológicos para detectar la presencia de sustancias psicoactivas ilegales durante el ejercicio de la función pública.
A quiénes alcanzará la medida
La propuesta incluye a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado provincial: gobernador y vicegobernador; ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo; senadores y diputados provinciales; integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público; autoridades de organismos de control. Además, prevé que otros agentes públicos provinciales puedan realizarse los exámenes de manera voluntaria.
Cómo serán los controles
La norma establece que los estudios serán obligatorios y gratuitos, con distintas modalidades de aplicación: un examen inicial dentro de los 30 días de asumir el cargo; controles periódicos al menos una vez al año; pruebas aleatorias mediante sorteos; exámenes ante denuncias fundadas. El procedimiento deberá garantizar la confidencialidad, la dignidad de las personas evaluadas, el derecho de defensa y la correcta cadena de custodia de las muestras.
Qué ocurrirá ante un resultado positivo
El proyecto contempla un enfoque sanitario y no punitivo. En caso de un resultado positivo, se dispondrá un abordaje interdisciplinario con asistencia, orientación y una evaluación sobre la aptitud para ejercer la función, pudiendo aplicarse medidas sanitarias, administrativas o terapéuticas.
En cambio, la negativa injustificada a realizarse el narcotest será considerada una falta grave y podrá derivar en una suspensión preventiva, la apertura de un sumario o la remoción del cargo, de acuerdo con los mecanismos legales vigentes.
La iniciativa tomó impulso luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro se sometiera voluntariamente a un narcotest y convocara a los funcionarios de su gestión a realizar controles similares como parte de una política de transparencia institucional.