La ciudadanía por inversión anunciada por el Gobierno nacional generó cuestionamientos de la diputada entrerriana Blanca Osuna, quien vinculó la iniciativa con el debate por la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y con el tratamiento del DNU 70/23 en la Cámara de Diputados.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes en París, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, el denominado Programa de Ciudadanía por Inversión. Según la información oficial, contempla un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público de US$800.000 creado específicamente para el programa.
El Gobierno informó que el programa estará operativo para recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026 y que los postulantes deberán atravesar controles vinculados con identidad, antecedentes, origen de fondos y transparencia financiera. La normativa vigente establece además una agencia específica para gestionar estos programas.
El cuestionamiento de Blanca Osuna
En declaraciones a Diario Junio, Osuna expresó sus reparos frente al mecanismo y sostuvo que la discusión debe analizarse junto con otros cambios impulsados por el Gobierno nacional.
"La ciudadanía argentina no está en venta y le corresponde a este Congreso decirlo con fuerza de ley. Ser argentino es pertenecer a una comunidad social, cultural y política, no adquirir un producto. La ciudadanía es un vínculo, no un servicio", plantea el proyecto mencionado por la legisladora.
La iniciativa legislativa a la que hizo referencia Osuna propone prohibir el otorgamiento de la ciudadanía argentina por naturalización a cambio de pagos, inversiones, aportes, donaciones, adquisición de bienes o suscripción de títulos públicos o privados. Según la diputada, legisladores de su espacio, entre ellos Agustín Rossi y Kelly Olmos, impulsan esa propuesta.
El debate por las tierras rurales
El planteo de Osuna se produjo pocos días después de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculada con el artículo 154 del DNU 70/23. El máximo tribunal dejó sin efecto un fallo que había impedido la aplicación de esa disposición, que había derogado la Ley de Tierras Rurales.
La Ley de Tierras Rurales establecía límites a la titularidad extranjera sobre tierras rurales. El artículo 154 del DNU 70/23 derogó esa normativa y, con el reciente fallo de la Corte, quedaron nuevamente vigentes los efectos de esa derogación.
La causa había sido iniciada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Según la información difundida sobre el fallo, la Corte resolvió sobre la legitimación de la organización para promover la demanda y no sobre la constitucionalidad de fondo del artículo 154.
La advertencia de Osuna sobre la compra de tierras
Al referirse a la propiedad extranjera, Osuna cuestionó especialmente la posibilidad de que puedan adquirirse terrenos en regiones consideradas estratégicas del país.
"No eligen en el barrio de La Bianca de Concordia donde comprar. Eligen la Patagonia, zonas de acuíferos, zona de la Cordillera", afirmó la diputada entrerriana.
La legisladora también cuestionó el fallo de la Corte y sostuvo que la decisión respecto del CECIM resulta particularmente relevante por tratarse de una organización integrada por excombatientes de Malvinas. "Es una cosa tremenda porque justamente es negarles a quienes fueron combatientes", manifestó.
El DNU 70, nuevamente en Diputados
En este contexto, distintos bloques opositores solicitaron una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 15 de octubre, con una agenda que incluye el rechazo del DNU 70/23, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.
Osuna explicó que el pedido fue impulsado por bloques como Unión por la Patria, Compromiso Federal, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la izquierda. La realización de la sesión dependerá de que se alcance el quórum reglamentario necesario para iniciar el debate.
El DNU 70/23 ya fue rechazado por el Senado, mientras que todavía resta el tratamiento en Diputados. Si ambas cámaras rechazan un decreto de necesidad y urgencia, el mecanismo previsto por la Ley 26.122 establece su derogación.
Discapacidad y endeudamiento familiar
La agenda de la sesión también contempla la extensión de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia vence a fines de este año, según explicó Osuna.
El otro eje será el endeudamiento familiar. La diputada señaló que se busca establecer límites a los intereses aplicados sobre determinadas deudas y tarjetas de crédito de entidades bancarias y no bancarias.
"La sociedad vive una crisis muy profunda respecto de la caída del poder adquisitivo de los salarios y de muchas familias que no llegan a fin de mes", sostuvo Osuna, quien vinculó esa situación con la necesidad de que numerosos hogares recurran al crédito para cubrir gastos cotidianos.
Una discusión que llegará al Congreso
Osuna sostuvo que los bloques que impulsan la sesión consideran que actualmente cuentan con los números necesarios para intentar avanzar con los proyectos, aunque reconoció que se trata de una mayoría ajustada.
"Hoy contamos con esa mayoría. Es realmente ajustada", afirmó la legisladora, al referirse a la composición de la Cámara y a las posibilidades de avanzar con el tratamiento del DNU.
El debate parlamentario pondrá nuevamente bajo análisis el alcance del decreto, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar, mientras que la discusión sobre la propiedad extranjera de tierras quedó reactivada por la reciente decisión de la Corte Suprema.