El abogado Leandro Clapier presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal de Concepción del Uruguay para que se investigue quién autorizó las obras realizadas en Paso Vera y cuál fue el destino de la arena removida. La presentación solicitó determinar si los trabajos se ajustaron a las normas administrativas y ambientales vigentes.
Clapier, quien se desempeña como director del Instituto de Zona Franca de Concepción del Uruguay, pidió que la Justicia reconstruya el proceso completo de decisión y ejecución de las intervenciones.
El planteo buscó establecer qué funcionarios participaron, qué expediente respaldó las tareas, quiénes realizaron los trabajos y si existieron estudios técnicos y una Evaluación de Impacto Ambiental previa.
El destino de la arena removida
La denuncia también solicitó precisar la superficie afectada, la cantidad de arena extraída y el destino dado a ese material. Además, reclamó identificar a las personas, organismos o empresas que intervinieron en el lugar.
“Acá hay algo muy sencillo que tenemos que saber los uruguayenses: qué se hizo en Paso Vera, quién lo autorizó, con qué estudios y controles se hizo y qué pasó con la arena que se sacó”, expresó Clapier.
El denunciante aclaró que su presentación no atribuyó anticipadamente un delito ni señaló a una persona como responsable. “No estoy acusando a nadie. Estoy pidiendo que se investigue y que conozcamos la verdad”, sostuvo.
Maquinaria pesada y movimientos de suelo
El reclamo judicial se produjo después de que tomaran estado público imágenes de maquinaria pesada, movimientos de suelo y modificaciones en el espacio natural y recreativo.
Los trabajos motivaron la intervención de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, que abrió actuaciones para analizar el posible impacto ambiental. El área había dispuesto preventivamente el cese de las tareas que pudieran afectar el sector.
El lugar se encuentra dentro de una zona ambientalmente sensible. Por ese motivo, la investigación deberá establecer si las intervenciones contaron con los permisos exigidos y si respetaron las condiciones de protección aplicables.
Las autoridades municipales brindaron explicaciones sobre las tareas, reconocieron errores en su ejecución y anunciaron medidas de remediación. Clapier consideró que esas acciones no reemplazaron la necesidad de esclarecer cómo se autorizaron los trabajos.
Los documentos solicitados
Entre las medidas requeridas a la Fiscalía se encontró la remisión del expediente municipal completo. El pedido comprendió resoluciones, informes técnicos, contrataciones, costos y cualquier otra documentación vinculada con las intervenciones.
También se solicitaron las actuaciones tramitadas ante la Secretaría de Ambiente provincial y la preservación de los registros administrativos y digitales relacionados con las obras.
Clapier propuso, además, una inspección judicial del lugar con la participación de especialistas. Esa medida permitiría evaluar la superficie afectada y determinar las consecuencias de la remoción de arena y los movimientos de suelo.
“Cuando se interviene un lugar que es patrimonio natural de todos, primero tienen que estar los estudios, las autorizaciones y los controles”, señaló el abogado.
La denuncia no identificó responsables
El director del Instituto de Zona Franca reiteró que la presentación tuvo como finalidad reunir pruebas y no formular una acusación anticipada. La Fiscalía deberá evaluar el planteo y determinar qué medidas corresponden.
“Después no puede alcanzar simplemente con reconocer que hubo errores y tratar de remediarlos. Tenemos derecho a saber qué ocurrió y quién tomó cada decisión”, afirmó.
Clapier sostuvo que el esclarecimiento del caso permitirá determinar si los procedimientos fueron correctos o si existieron incumplimientos. “Paso Vera no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es de los uruguayenses”, manifestó.
“Si todo se hizo bien, la investigación lo demostrará. Y si algo se hizo mal, tendremos que saber qué pasó y quién fue responsable. Lo que no podemos hacer es mirar para otro lado”, concluyó.