La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dejó firme una sentencia que responsabiliza a la empresa agroquímica Atanor por la contaminación del río Paraná a la altura de San Nicolás. La decisión llegó después del rechazo de un recurso presentado por la firma en una causa que lleva 12 años de trámite.
El expediente se inició a partir de una denuncia promovida por una asociación ambiental, que advirtió sobre vertidos industriales y cuestionó tanto la actividad desarrollada en la planta como la actuación de los organismos encargados de fiscalizarla.
Con el nuevo pronunciamiento, quedó firme la conclusión judicial que acreditó un daño irreversible sobre el curso de agua por la presencia de efluentes vinculados con la producción industrial. La investigación también detectó deficiencias en los tratamientos aplicados para reducir o eliminar determinados compuestos.
Una causa que comenzó hace 12 años
El proceso judicial se remonta a más de una década y atravesó diferentes instancias hasta llegar al máximo tribunal bonaerense. La causa cobró todavía mayor relevancia luego de distintos episodios ocurridos en torno a la planta de San Nicolás.
Entre ellos se encuentra la explosión de un reactor registrada en 2024, que dejó un trabajador herido y obligó a evacuar viviendas cercanas. A partir de entonces, volvieron a tomar fuerza las denuncias sobre posibles impactos en la zona urbana y en el río Paraná.
En paralelo, distintos análisis ambientales detectaron residuos de agroquímicos en descargas que desembocan en el curso de agua. Greenpeace informó anteriormente la presencia de sustancias como glifosato, AMPA, atrazina y metabolitos asociados a ese herbicida en muestras vinculadas con la zona.
Cuestionamientos a los controles estatales
Uno de los puntos relevantes del fallo es el análisis de las tareas de control realizadas sobre una actividad considerada de alto riesgo ambiental. Según la reconstrucción del caso, la Justicia tuvo en cuenta deficiencias en la fiscalización y la falta de verificación de todos los compuestos asociados con la producción.
El abogado Fabián Maggi, representante de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, sostuvo que la decisión obliga ahora a profundizar las respuestas sobre la extensión territorial y temporal de la contaminación. También reclamó conocer qué consecuencias pudo haber tenido sobre el ambiente y las personas que viven cerca del complejo industrial.
La sentencia adquiere especial importancia porque transforma en una conclusión judicial aquello que durante años fue planteado a través de denuncias vecinales y reclamos de organizaciones ambientalistas: la actividad de la empresa produjo contaminación sobre el río Paraná.
La planta atraviesa un proceso de relocalización
Actualmente, Atanor se encuentra en proceso de relocalización de su planta después de que la Justicia dispusiera la suspensión definitiva de la producción de agroquímicos en San Nicolás. El desmantelamiento también quedó bajo observación de organizaciones ambientalistas.
Greenpeace y el Foro Medioambiental San Nicolás reclamaron que esa tarea se realice con monitoreo permanente, controles estrictos y acceso público a la información, ante el temor de que el movimiento de materiales genere nuevos riesgos.
Con la sentencia ya firme, el caso abre ahora una nueva etapa centrada en determinar la magnitud total del daño, la persistencia de contaminantes y las medidas necesarias para evitar nuevas afectaciones sobre el río Paraná y la población de San Nicolás.