La estafa con viajes turísticos continúa bajo investigación en la Justicia entrerriana tras las denuncias realizadas por decenas de personas de Paraná, Diamante y zonas cercanas que aseguraron haber pagado excursiones que finalmente nunca se concretaron. La causa avanzó en las últimas semanas con la imputación formal de una mujer señalada como responsable de haber organizado los viajes.

El caso tomó notoriedad pública en julio del año pasado, cuando salió a la luz una presunta maniobra vinculada a excursiones hacia Mendoza. Según denunciaron los damnificados, habían entregado importantes sumas de dinero para participar del viaje, pero la salida fue suspendida sin devolución de los montos abonados.

La acusada fue identificada como Carina Spahn, conocida por organizar excursiones turísticas a distintos puntos del país. A nueve meses del hecho, solo una persona habría logrado recuperar parcialmente el dinero entregado, mientras el resto continúa reclamando respuestas.

La Fiscalía imputó formalmente a la organizadora

El abogado querellante Franco Azziani explicó cómo avanzó la investigación judicial y confirmó que la Fiscalía resolvió imputar formalmente a la mujer por el delito de estafa. “Este legajo se inició a raíz de una denuncia por un supuesto incumplimiento de un viaje allá por abril del año pasado. Después esto fue escalando y se llegó a un total de 33 denunciantes”, detalló el letrado.

Azziani precisó que actualmente quedaron 23 hechos encuadrados legalmente como incumplimiento o estafa. “Hay 23 damnificados que al día de hoy siguen sin obtener ningún tipo de respuesta por parte de esta mujer”, afirmó.

El abogado agregó que la investigación penal preparatoria ya está en marcha. “Eso ha llevado a que la Fiscalía tome la decisión de imputar formalmente a esta señora por el delito de estafa. Esto sucedió hace un par de semanas. Ahora tendrá que afrontar la investigación penal preparatoria”, sostuvo a Radio La Voz.

El perjuicio económico rondaría los 20 millones

Según indicó el representante legal de los denunciantes, el monto total del perjuicio económico fue calculado entre 18 y 20 millones de pesos.

Durante el proceso judicial también existieron instancias de mediación y acuerdos privados que buscaban evitar el avance de la causa penal, aunque finalmente no prosperaron. “Hubo una instancia de conciliación, pero nada de eso se cumplió; inclusive los acuerdos privados tampoco se respetaron”, remarcó Azziani.

El abogado explicó que, debido al incumplimiento de esos compromisos, la Justicia decidió continuar con la investigación. “Esto derivó en que se tenga que iniciar formalmente la investigación penal preparatoria y, si no hay reparación económica, la situación podría resolverse en un juicio oral y público”, advirtió.

Además, señaló que en delitos de contenido patrimonial suele priorizarse el resarcimiento de las víctimas. “Si ella cumplía con los acuerdos podía inclusive superar la cuestión penal, pero como no lo hizo, las personas volvieron a ser consideradas damnificadas”, explicó.

Finalmente, Azziani sostuvo que, si no existe una respuesta concreta hacia los denunciantes, la imputada deberá responder ante la Justicia penal. “En este tipo de delitos se prioriza que los damnificados sean resarcidos efectivamente. Si eso no sucede, la investigación sigue su curso y tendrá que responder penalmente”, concluyó.