Los allanamientos se realizaron en cinco provincias, incluída, Entre Ríos. Los procedimientos en territorio entrerriano, se desarrollaron en Villaguay y se indaga sobre un presunto fraude tributario de 10 millones de dólares.
Fueron parte de un megaoperativo realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) en distintas provincias del país. La investigación, denominada “Retenciones Fantasma”, derivó en 85 procedimientos y la detención de 23 personas, acusadas de integrar una presunta maniobra destinada a obtener beneficios fiscales indebidos mediante operaciones ficticias de compraventa de granos.
El despliegue fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. Los procedimientos se concretaron en distintas jurisdicciones, entre ellas la ciudad entrerriana de Villaguay, donde se realizaron medidas ordenadas por la Justicia Federal.
Según la información oficial, la maniobra investigada habría provocado un perjuicio estimado en 10 millones de dólares a las arcas del Estado nacional. La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que detectó irregularidades vinculadas con 59 contribuyentes.
Cómo funcionaba la presunta maniobra millonaria
De acuerdo con la investigación, los involucrados habrían simulado operaciones de compraventa de granos con el objetivo de generar retenciones impositivas ficticias y acceder a reintegros indebidos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La operatoria se habría desarrollado mediante la utilización del Sistema de Control de Retenciones (SICORE), donde se registraban retenciones que, según la hipótesis de los investigadores, no correspondían a operaciones comerciales reales.
A partir de las irregularidades detectadas por ARCA, personal del Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA desarrolló tareas de campo, análisis de información y técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT). Estas diligencias permitieron identificar a personas físicas y jurídicas presuntamente relacionadas con las operaciones investigadas.
Un operativo con 85 allanamientos en distintas provincias
Con los elementos reunidos durante la pesquisa, el juez Gustavo Darío Meirovich, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, ordenó el allanamiento de 85 domicilios distribuidos en distintas jurisdicciones del país.
Los procedimientos se realizaron en Rosario y General López, provincia de Santa Fe; Villaguay, Entre Ríos; Sarmiento y la capital de Santiago del Estero; Córdoba capital; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Escobar, provincia de Buenos Aires.
El objetivo de las medidas fue secuestrar documentación y otros elementos de interés para la investigación, además de concretar las detenciones dispuestas por la Justicia.
El informe oficial confirmó que Villaguay estuvo entre las localidades alcanzadas por el operativo, aunque no precisó cuántos allanamientos se realizaron en esa ciudad ni si hubo personas detenidas específicamente en Entre Ríos.
Detuvieron a 23 personas y secuestraron dinero y vehículos
Como resultado del despliegue nacional, 23 personas fueron detenidas y quedaron a disposición del magistrado interviniente. Todos los imputados son argentinos y mayores de edad.
Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron 10 vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, tres tablets, tres netbooks, tres dispositivos de almacenamiento externo y dos gabinetes informáticos. También incautaron documentación considerada de interés para la causa.
En cuanto al dinero en efectivo, la Policía Federal informó el secuestro de 15.433.100 pesos argentinos, 78.205 dólares estadounidenses, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos. Además, fueron incautados una licencia de conducir y un Documento Nacional de Identidad (DNI).
La investigación judicial
La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo de Gustavo Darío Meirovich, con intervención de la Secretaría Nº 4, encabezada por Damián Ignacio Mazzucco.
También interviene la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 7, a cargo de Gabriela Ruíz Morales, con la Secretaría de Diego Crespi.
Las actuaciones se desarrollan por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos contemplados en la Ley Nº 27.430 y el Código Penal de la Nación.
La investigación continúa bajo la órbita judicial para determinar las responsabilidades individuales y el alcance de las operaciones presuntamente fraudulentas que motivaron el despliegue policial.