El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales para el domingo 29 de noviembre, varios meses antes de lo previsto inicialmente.
La decisión fue comunicada en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, después de que el Congreso rechazara el viernes dos decretos impulsados por el Ejecutivo para abordar la situación del mercado de alquiler de viviendas.
Sánchez había sostenido hasta ahora que los comicios se realizarían en 2027, cuando finalizara la legislatura iniciada en 2023. Sin embargo, las dificultades para reunir apoyos parlamentarios se profundizaron durante los últimos meses, especialmente por la falta de respaldo de los independentistas catalanes de Junts.
Los dos decretos rechazados por el Congreso estaban vinculados con el acceso a la vivienda y buscaban hacer frente a los elevados precios de los alquileres. La oposición conservadora y la extrema derecha votaron en contra de las iniciativas, al igual que Junts, cuyo voto resultó determinante para que fueran rechazadas.
El debate parlamentario se desarrolló además en un contexto de creciente movilización social. En distintas ciudades españolas se realizaron manifestaciones y acampadas para reclamar el acceso a una vivienda digna y a precios considerados asequibles.
La situación se agravó tras el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años, un episodio que generó protestas y aumentó la presión sobre el Gobierno.
Sánchez pidió una mayoría más amplia
Durante su discurso, Sánchez defendió la gestión de su Ejecutivo y reivindicó las "medidas valientes" adoptadas para reforzar el Estado de bienestar, aunque también reconoció que se habían cometido "errores".
El mandatario explicó que su Gobierno no había podido cumplir todos los objetivos planteados y sostuvo que la convocatoria electoral buscaba obtener una mayoría progresista más amplia para impulsar nuevas medidas sociales.
En ese sentido, llamó a los españoles a decidir entre una España que se incorpore a la "ola ultraderechista" y otra que continúe siendo, según expresó, "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".
El Gobierno español está integrado por el Partido Socialista y Sumar y no cuenta con mayoría parlamentaria propia. A las dificultades legislativas se sumaron investigaciones por presunta corrupción que alcanzaron a integrantes del Partido Socialista y causas judiciales relacionadas con familiares directos de Sánchez.