El Gobierno nacional amplió el régimen creado para cancelar deudas pendientes con empresas contratistas de obras públicas. La medida incorpora obligaciones por la compra de materiales y la prestación de servicios destinados al mantenimiento, la conservación y la operación de las rutas nacionales.
La modificación fue establecida mediante la Resolución 3/2026 de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La normativa extiende el alcance del Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública.
La ampliación comprende exclusivamente las contrataciones efectuadas por la Dirección Nacional de Vialidad bajo los regímenes previstos en los decretos 1023/2001 y 1030/2016. Podrán incluirse las deudas generadas entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025.
Cómo se cancelarán las deudas
El sistema permite que el Gobierno nacional pague las obligaciones reconocidas mediante la entrega de títulos públicos. Entre los conceptos contemplados se encuentran los certificados de obra, el acopio de materiales y las redeterminaciones de precios del período alcanzado.
Para ingresar, las empresas deberán firmar un acta acuerdo y renunciar a los reclamos relacionados con las acreencias incluidas. La nueva resolución aclara que esa renuncia solamente comprenderá los créditos devengados entre 2022 y 2025.
La medida busca evitar que la adhesión afecte derechos vinculados con otros períodos o trámites todavía no resueltos. De esta forma, se delimitan los alcances del acuerdo que deberán suscribir los contratistas.
Extendieron el plazo de adhesión
Las empresas conservarán la posibilidad de cobrar o reclamar certificados, redeterminaciones de precios y actos administrativos que todavía se encuentren pendientes de emisión o aprobación al momento de firmar el convenio.
Debido a la incorporación de nuevas obligaciones y a la modificación de las condiciones, el Gobierno nacional prorrogó el plazo de adhesión. Los contratistas registrados podrán presentar su solicitud hasta el 12 de agosto de 2026 inclusive.
La ampliación busca sumar a las empresas que prestaron servicios o aportaron materiales para el mantenimiento de la Red Vial Nacional. La cancelación dependerá del reconocimiento de cada deuda y del cumplimiento de los requisitos establecidos por el régimen.