El Gobierno nacional denunció ante la Justicia la existencia de un “operativo de inteligencia ilegal” tras la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y al asesor Eduardo “Lule” Menem. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, se trató de “un ataque ilegal, planificado y dirigido” con el objetivo de desestabilizar el país en plena campaña electoral.

La denuncia fue presentada en el Juzgado Federal 12, a cargo del juez subrogante Julián Ercolini. El escrito se basó en la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe expresamente el espionaje político y la manipulación clandestina de la opinión pública.

Los alcances de la medida judicial

El juez Alejandro Patricio Maraniello dictó una medida cautelar que ordena el “cese inmediato” de la difusión de audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a Karina Milei. El fallo incluyó un oficio al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para garantizar su cumplimiento en todos los medios, plataformas y redes sociales.

Para el Gobierno, la decisión judicial significó un reconocimiento a lo que calificaron como una “violación grave a la privacidad institucional”. La filtración de los audios, según fuentes oficiales, no fue casual sino parte de un ataque planificado que buscó condicionar las próximas elecciones legislativas y nacionales.

Responsables señalados y allanamientos

Entre los acusados por el Ejecutivo se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi. La Justicia ordenó allanamientos en sus domicilios y en el medio “Carnaval Stream”, sospechado de haber difundido las grabaciones.

En un comunicado oficial, la Vocería de la Presidencia advirtió: “El hecho es de una gravedad inédita dado que las grabaciones podrían haberse realizado en la mismísima Casa Rosada, lo que constituye una amenaza sin precedentes a la seguridad institucional y a la investidura presidencial”.

La respuesta de Jorge Rial

Tras los allanamientos, Jorge Rial respondió públicamente y criticó la reacción oficial. “Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario”, sostuvo en declaraciones televisivas. El conductor rechazó cualquier vinculación con actos de corrupción y remarcó: “Somos periodistas que ejercimos nuestro laburo y parece que eso molesta al poder”. (Con información de Ámbito).