El Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, por el plazo de un año, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La medida fue adoptada tras los graves incendios forestales registrados en las últimas semanas, en especial en el Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego generó daños significativos sobre el patrimonio natural y puso en riesgo a poblaciones cercanas. Según el texto oficial, las condiciones climáticas adversas, con sequía prolongada y vientos intensos, agravaron la situación y desbordaron la capacidad de respuesta de los recursos desplegados.
El decreto también declaró zona de desastre a los territorios afectados por los incendios en esas provincias, en los términos de la Ley 27.287, que regula el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.
Coordinación a cargo de la AFE
En el marco de la emergencia, el Poder Ejecutivo encomendó a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación del apoyo y el despliegue de los recursos necesarios para la atención inmediata.
Entre sus funciones, la AFE deberá articular:
La prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales.
La asistencia a las personas y familias afectadas.
El apoyo a provincias y municipios para la recuperación social y productiva.
Las acciones previstas en el Sistema Nacional de Protección Civil.
Estas tareas se implementarán junto a los gobiernos provinciales y municipales, respetando los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
Fundamentos del DNU
El Ejecutivo justificó el uso del DNU al señalar que la gravedad del escenario “hace imposible seguir el trámite legislativo habitual”, ya que un tratamiento parlamentario ordinario implicaría demoras incompatibles con la urgencia de la situación.
En ese sentido, el decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez y elevar un dictamen para su tratamiento en ambas cámaras.
El Gobierno sostuvo que la magnitud de los incendios, su impacto ambiental y el peligro para la vida humana exigen una respuesta inmediata que garantice la rápida disponibilidad de recursos públicos para frenar los focos activos, restaurar las áreas dañadas y prevenir nuevos siniestros.
El decreto entra en vigencia a partir de su publicación oficial.