El Gobierno nacional decidió no bajar los impuestos a los combustibles pese al aumento de la nafta y el gasoil, que en lo que va de marzo rondó el 15% y amenaza con impactar en la inflación en Argentina, en un contexto atravesado por la guerra en Medio Oriente y la crisis energética global.

Según trascendió, el Ministerio de Economía descartó por el momento utilizar herramientas fiscales como la reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) o el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), que podrían amortiguar el impacto en los surtidores. La prioridad oficial continúa centrada en sostener el superávit fiscal como base de la estabilidad económica, publicó Clarín.

En ese marco, el equipo económico incluso evaluó no aplicar nuevas subas mensuales en esos tributos, que en los últimos meses habían tenido un impacto cercano al 1% mensual en los precios finales de los combustibles.

Recaudación y atraso impositivo

Durante los primeros dos meses de 2026, la recaudación vinculada a los impuestos a los combustibles alcanzó los $870.558 millones, equivalentes a más de 600 millones de dólares o cerca del 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

No obstante, el Gobierno mantiene un atraso en la actualización de estos tributos. Según estimaciones privadas, esa brecha asciende a $89,40 por litro de gasoil y $212,50 por litro de nafta. Esta situación implica una pérdida de ingresos fiscales estimada en unos 200 millones de dólares mensuales.

A pesar de ese margen para incrementar la recaudación, desde el Ejecutivo consideran que modificar los impuestos en este contexto podría generar distorsiones mayores en el mercado y afectar las expectativas económicas.

Estrategia sin intervención

La postura oficial se enmarca en una visión de no intervención directa en los mercados, incluso frente a factores externos como el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, que provocó una fuerte alteración en la oferta energética global.

En línea con este enfoque, el Gobierno también resolvió no aumentar las retenciones a las exportaciones de petróleo más allá del 8% vigente, al considerar que hacerlo implicaría alterar las reglas de juego para el sector energético.

Asimismo, descartaron intervenir en los precios internos del crudo, diferenciándose de políticas aplicadas en otros países de la región, como Brasil, donde el Estado adoptó medidas para contener el impacto en los combustibles.

Señales al sector y margen de acción

Desde la Casa Rosada buscan enviar una señal de previsibilidad a las petroleras, apostando a consolidar un esquema de estabilidad a largo plazo que incentive inversiones en el sector energético.

En ese sentido, recordaron que cuentan con herramientas legales para intervenir en situaciones extremas, como la posibilidad de limitar exportaciones de hidrocarburos por razones de abastecimiento interno, contemplada en la reglamentación de la Ley Bases.

Sin embargo, por ahora optaron por no utilizar ese recurso, al considerar que podría afectar la confianza construida con las empresas y generar efectos negativos en el desarrollo del sector.

De esta manera, el Gobierno reafirmó su estrategia de priorizar el equilibrio fiscal y evitar intervenciones directas, aun en un escenario de fuerte presión sobre los precios de los combustibles y su impacto en la inflación.