El Órgano de Revisión de salud mental de Entre Ríos advirtió que cerca del 70% de las camas disponibles en hospitales monovalentes de la provincia están ocupadas por personas con internaciones prolongadas. Según el relevamiento presentado sobre el trabajo de 2025, en numerosos casos esas permanencias no responden a una indicación clínica actual, sino a la falta de alternativas habitacionales, familiares o comunitarias.

“Un 70%, más o menos, de personas están internadas en estas instituciones sin que exista un criterio clínico o terapéutico para esa continuidad de esa internación”, afirmó el secretario ejecutivo del organismo, Martín Cabrera. Y explicó: “Lo hacen por razones sociales, porque no tienen un lugar donde vivir o porque no tienen referente o familia que pueda garantizar el cuidado”.

Cabrera planteó que esas situaciones deberían ser abordadas con políticas públicas que excedan al sistema sanitario. “Nosotros consideramos que estas cuestiones pueden ser resueltas a través de otras políticas de Estado y no específicamente de salud”, sostuvo durante la exposición realizada en la Casa de la Cultura.

El representante del ORSMER también alertó a Elonce sobre las consecuencias que generan las internaciones extensas en la vida cotidiana de las personas. “Vivir en un hospital te afecta y perjudica, en cierto punto, los procesos de autonomía”, señaló al referirse a quienes permanecen durante largos períodos en instituciones especializadas.

La falta de camas ante crisis agudas

La ocupación sostenida de plazas repercute directamente en la respuesta para casos urgentes de salud mental. El secretario ejecutivo mencionó que, en algunos momentos de este año, el Hospital Escuela de Salud Mental no contó con camas disponibles para nuevas internaciones.

“Cuando se necesitan estos lugares que estén disponibles para quienes tienen una urgencia, una crisis aguda en salud mental, durante algún tiempo de este año el Hospital Escuela de Salud Mental no tenía camas”, indicó. Si bien aclaró que no es una situación permanente, remarcó que esa falta de disponibilidad “resiente la atención de la urgencia”.

Cabrera precisó que las urgencias son aquellas en las que una persona atraviesa una crisis aguda o una situación de “riesgo cierto e inminente”. En esos casos, explicó, puede requerirse una internación para proteger a la persona y garantizar una intervención inmediata.

Sobre este punto, buscó aclarar interpretaciones frecuentes acerca de la Ley Nacional de Salud Mental. “A veces se repite que la ley de salud mental no autoriza las internaciones cuando no está la voluntad de la persona. Eso no es así”, afirmó.

“El marco legal habilita internaciones inclusive sin el consentimiento de la persona cuando hay una situación de crisis aguda y de riesgo cierto e inminente”, explicó Cabrera. A la vez, señaló que la norma promueve que estas internaciones puedan resolverse en hospitales generales, aunque reconoció que “algunos servicios no están preparados para esta atención”.

Advirtieron un aumento de crisis en menores de 14 años

Durante la presentación del informe, el organismo también puso el foco en el crecimiento de situaciones de crisis e internaciones de niños, niñas y adolescentes. Cabrera indicó que se advirtió “un aumento de situaciones y, sobre todo, de internación, de crisis aguda, de niños pequeños, menores de 14 años”.

El secretario ejecutivo evitó profundizar sobre diagnósticos específicos, pero describió que se trata de “situaciones graves” atravesadas por múltiples factores. “No solamente por cuestiones específicas de salud mental, sino también por problemáticas sociales, familiares, falta de cuidados debidos”, expresó a Elonce.

En ese sentido, remarcó que el abordaje no puede quedar restringido al área sanitaria. “Para una atención integral, como promueve la ley, es necesario que se aborde la situación no solamente desde la perspectiva sanitaria, sino también de forma integral desde la atención social”, sostuvo.

El ORSMER integra el Ministerio Público de la Defensa y reúne a representantes estatales, organizaciones civiles, asociaciones de profesionales y entidades vinculadas con usuarios y familiares. Cabrera aclaró que los informes no son vinculantes, aunque pueden ser presentados ante autoridades administrativas o judiciales y contener recomendaciones destinadas al Ministerio de Salud.