Un documento preliminar del Consejo de Mayo señala la derogación de leyes que obligan a la matriculación y establecen controles éticos y disciplinarios. La propuesta también elimina estatutos laborales históricos.
El Gobierno analiza una fuerte desregulación de los colegios profesionales, lo que implicaría reducir controles, requisitos y sistemas de matriculación para diversas actividades como la abogacía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la enfermería, el corretaje y la actividad de los agentes de propaganda médica. Así surge de un documento oficial que circuló en las últimas horas y que sería el borrador del proyecto que el Ejecutivo elevará próximamente, aunque las medidas no fueron incluidas en las modificaciones preliminares difundidas este martes tras la finalización del Consejo de Mayo, encuentro que no contó con la participación de la CGT.
Se recordará que el "Consejo de Mayo", un órgano que el gobierno creó por Decreto y cuya función, según publican en el Boletín Oficial, es "debatir y elaborar propuestas normativas y medidas necesarias para la implementación de los lineamientos acordados en el Pacto de Mayo”, acuerdo firmado el 8 de julio de 2024 en Tucumán por el presidente Javier Milei y 18 gobernadores.
Eliminación de matrículas y normas disciplinarias
El capítulo XXV del borrador propone la derogación de un conjunto amplio de leyes y estatutos que regulan el ejercicio profesional. Entre ellas figura la eliminación de la obligatoriedad de matriculación para los abogados , modificando el artículo 2°, inciso b, y el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley 23.187, que regula la profesión en la Capital Federal.
El Gobierno ya había intentado una reforma similar a través del Decreto 70/2023, donde se proponía liberar la matrícula, eliminar el régimen disciplinario y suprimir los Colegios Departamentales de Abogados, además de modificar normas arancelarias de orden público. Sin embargo, aquellas disposiciones quedaron suspendidas por la Justicia.
El informe del Consejo de Mayo justificó la orientación general de estas medidas al señalar que “un profesional que debe matricularse para ejercer su profesión, un comerciante debe habilitar su local, pasar imposibles controles y cumplir exigentes requerimientos antes de poner sus productos a la venta”. El Gobierno enmarca allí su postura sobre la necesidad de “remover barreras” para ejercer actividades económicas.
Alcances sobre otras profesiones
El borrador también plantea la desregulación de la actividad de los agentes de propaganda médica, así como la eliminación de requisitos de ejercicio, matriculación y funciones específicas de los enfermeros a nivel nacional. En la misma línea, se propone modificar o derogar las normas que rigen la actividad de martilleros y corredores.
Para especialistas consultados, esta iniciativa podría impactar en los sistemas actuales de control ético, fiscalización del ejercicio profesional, definición de incumbencias y mecanismos disciplinarios, elementos que hoy dependen de los colegios profesionales.
Eliminación de estatutos laborales históricos
La orientación desregulatoria también alcanza a figuras laborales consolidadas. El documento propone eliminar:
El Estatuto del Periodista Profesional, que regula jornada, estabilidad, indemnizaciones especiales y condiciones de trabajo.
El Estatuto del Viajante de Comercio, que establece comisiones mínimas, indemnización especial y normas de contratación.
La Ley de Teletrabajo, que otorga derechos como la desconexión digital, reversibilidad a modalidad presencial y compensación por gastos de electricidad e internet.
Estas normas, vigentes desde distintas épocas y sostenidas por amplio consenso sectorial, estructuran relaciones laborales específicas que podrían quedar desreguladas en caso de aprobarse el proyecto.
Un debate que se anticipa complejo
La eventual presentación del borrador en el Congreso abrirá un debate político, judicial y sindical de alto impacto, dado que involucra profesiones colegiadas, derechos laborales y marcos regulatorios históricamente establecidos.
Hasta tanto el Gobierno oficialice la propuesta, permanece la expectativa en colegios profesionales, sindicatos y especialistas, que anticipan contrapuntos entre el objetivo gubernamental de “flexibilizar el ejercicio profesional” y las advertencias sobre la pérdida de controles, estándares y protecciones laborales. (Clarín)