Tras el anuncio de la Presidenta de aplicar la Ley Antiterrorista contra la gráfica Donnelley, dirigentes de la oposición cuestionaron la decisión, reclamaron la derogación de la norma y pidieron la expropiación y estatización de la empresa
El diputado nacional Francisco de Narváez consideró que "el
Gobierno nacional eligió el peor camino, que es meter miedo a
quienes piensen distinto o actúen en forma diferente de lo que
ellos quieren".
"No es así como se resuelven los problemas que tenemos los
argentinos. Estoy en contra de la ley, porque ideologiza todo y
trata de correr el eje de discusión de los problemas reales que
afectan a la gente", concluyó el precandidato a la Gobernación
bonaerense y dirigente de Unión Azul y Blanco.
Por su parte, el integrante del bloque del Frente Renovador en
la Cámara baja Adrián Pérez señaló que la Ley Antiterrorista debe
ser derogada por el Congreso, porque se ha convertido en un cheque
en blanco para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos,
que en algunos casos como este se utiliza como respuesta
absolutamente desproporcionada e irracional".
Y añadió: "(La quiebra de Donnelley) Es un tema que debe ser
resuelto por los carriles correspondientes en la Justicia Civil
Comercial y eventualmente en las instancias administrativas del
Ministerio de Trabajo".
En tanto, el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, sostuvo que la
Presidenta "agarró el micrófono y de un plumazo puso en riesgo el
trabajo de centenares de argentinos" y advirtió que "las amenazas
del Gobierno no hacen más que empantanar aún más a una economía
debilitada".
"Sembrando el pánico no crea empleo, lo destruye porque el
miedo no atrae inversiones. Cuando, en vez de colaborar e
incentivar para crear riqueza, el Estado persigue y amenaza,
consigue todo lo contrario: congelar la economía", destacó el
senador mendocino.
También la dirigente del MST-Nueva Izquierda Vilma Ripoll
sostuvo que "si el Gobierno quiere sancionar a Donnelley que la
expropie, estatice y garantice el trabajo" y manifestó que "la
imprenta podría producir los manuales y cuadernos para todas las
escuelas del país".
"Hasta ahora el Gobierno sólo viene atacando y reprimiendo a
los trabajadores. Para que no haya más cortes, el Ministerio de
Trabajo y el Gobierno deben dejar de ser funcionarios de las
empresas y empezar a dar soluciones a los despidos, suspensiones y
cierres, que aumentan todas las semanas", concluyó la precandidata
a vicepresidenta.
Dirigentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT)
se pronunciaron en la misma vía y manifestaron que "si la
Presidenta quiere una salida auténtica a la falsa quiebra de la
empresa, tiene que expropiarla", consideró Jorge Altamira.
Asimismo, el diputado nacional Nicolás del Caño y el legislador
provincial Christian Castillo aseguraron que Cristina Kirchner
"omitió decir que si hoy Donnelley está funcionando y no se
perdieron los puestos de trabajo como sucedió en numerosas
empresas en todo el país, es gracias a la lucha y a la
organización de sus trabajadores con sus delegados".
Finalmente, el consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi
calificó a la Ley Antiterrorista como "un error monumental, una
vergüenza para la Argentina" y confió en que "la Justicia impida
esta locura".
"Es absurdo pensar que una empresa comercial, sea argentina o
extranjera, se dedique a la política o a desestabilizar al país.
Lamentablemente, no somos el centro del mundo y lo que pasa es que
el cristinismo ahuyenta a todo aquel que quiere trabajar y
progresar", concluyó el representante de los abogados porteños.
Y añadió que "es un aviso, que incluso abarca a los sindicatos:
cuidado, que el sistema soviético puede volver" y señaló que "la
Presidenta es una fiel seguidora de Chávez y de Maduro".
