REDACCIÓN ELONCE
El IV Congreso Argentino Anticorrupción se desarrollará en Paraná y Santa Fe con especialistas de distintos ámbitos. Carlos March explicó a Elonce cuáles son las herramientas disponibles para prevenir irregularidades y fortalecer la transparencia pública.
El IV Congreso Argentino Anticorrupción se desarrollará este jueves y viernes en Paraná y Santa Fe, con la participación de especialistas que debatirán sobre transparencia, participación ciudadana y mecanismos para prevenir hechos de corrupción. En la capital entrerriana, las actividades comenzarán a las 9:45 en el Hotel Mayorazgo, según confirmó a Elonce Carlos March, director del eje Innovación Democrática de la Fundación Avina.
Al anticipar las características del encuentro, March destacó el nivel de los participantes que formarán parte de las diferentes exposiciones. “Vienen oradores de primer nivel, así que va a ser un lujo compartir los paneles y escucharlos”, afirmó durante la entrevista.
Uno de los principales ejes que abordó fue la definición de corrupción y las condiciones institucionales que pueden facilitarla. Al respecto, explicó: “La corrupción en teoría no es la apropiación de bienes públicos de manera indebida por parte de privados o de funcionarios públicos, pero hay una fórmula que define la corrupción estructural, que es m+d-t, que quiere decir monopolio en la administración del poder más discrecionalidad en el uso de la función pública menos transparencia”.
La participación ciudadana más allá del voto
March consideró que la intervención de la sociedad resulta fundamental para controlar el funcionamiento de las instituciones. “La primera es la participación más allá del voto”, señaló al ser consultado sobre las herramientas disponibles para quienes advierten posibles situaciones de corrupción.
En ese sentido, mencionó el impulso de mecanismos que buscan establecer condiciones para quienes aspiran a cargos electivos. “El voto, por supuesto, que es una herramienta básica, no votar funcionarios corruptos es clave. Acá se está impulsando desde la organización para Entre Ríos sin corrupción en Ficha Limpia, que es un instrumento justamente que impide a los candidatos en las elecciones que están procesados por la justicia presentarse”, expresó.
También hizo referencia al surgimiento de la organización Entre Ríos sin Corrupción y vinculó su conformación con el caso de Cecilia Goyeneche. “Entre Ríos sin corrupción nace a partir del caso de la fiscal que es destituida por investigar corrupción en el poder público, Cecilia Goyeneche, que fue restituida en su cargo hace poco”, manifestó.
Contrataciones públicas y acceso a la información
Otro de los mecanismos mencionados por March fue el control sobre las contrataciones realizadas por organismos públicos. El especialista sostuvo que los procesos licitatorios constituyen uno de los sectores que requieren mayores niveles de transparencia y participación.
En ese marco, explicó el funcionamiento de una herramienta destinada a controlar las licitaciones. “A través de una audiencia pública se puede discutir el pliego licitatorio para evitar un pliego a medida de quien yo quiero que gane”, indicó. A ello sumó la posibilidad de establecer acuerdos entre los organismos convocantes y las empresas: “Además se puede firmar un pacto de integridad entre el organismo público que convoca la licitación y las empresas que participan de la licitación en donde se refuerzan las penalidades de la ley”.
March también remarcó la importancia del acceso ciudadano a los datos generados por las administraciones públicas. “Acceso a la información es otro elemento básico, es decir, negar el acceso a la información es negar el acceso a la democracia”, sostuvo. En esa línea, consideró clave que existan normativas en los distintos niveles del Estado que permitan consultar información pública.
Bienes del delito organizado y su utilización
Durante la entrevista con Elonce, March también abordó la vinculación entre corrupción y organizaciones delictivas y explicó iniciativas destinadas a reutilizar bienes decomisados. Según detalló, existen propuestas legislativas para que los elementos confiscados puedan tener una finalidad social o pública.
“Es una ley que dispone que la confiscación de los bienes de la mafia o del delito organizado tengan uso público. Hoy se puede hacer eso, pero depende de la voluntad del juez”, explicó. La propuesta apuntaría a establecer mecanismos administrativos para que esos bienes puedan ser utilizados por cooperativas, organizaciones sociales o dependencias estatales.
Sobre la situación actual, señaló: “Por lo general, estos bienes hoy están pudriéndose si es un auto o destruyéndose si es un bien inmueble”. March sostuvo que una regulación específica permitiría, además, actuar sobre el poder económico de las organizaciones vinculadas al delito.
Las causas judiciales por corrupción
Consultado sobre el funcionamiento de la Justicia argentina frente a los casos de corrupción, March reconoció las dificultades vinculadas con los tiempos de los procesos. “Los casos de corrupción en la Argentina a nivel del poder judicial son lentísimos y por lo general o prescriben o no llegan a buen término”, afirmó.
Sin embargo, sostuvo que existieron investigaciones que consiguieron avanzar hasta obtener condenas y relató como ejemplo un expediente de San Luis que se extendió durante aproximadamente dos décadas. Según explicó, el acompañamiento ciudadano permitió mantener el caso visible y respaldar a quienes habían realizado las denuncias.
“Eso se logró porque hubo participación ciudadana apoyando a esta denunciante, que en ese caso era una fiscal, y se logró sostener durante esos 20 años el tema en los medios de comunicación y se llegó al juicio y a la condena”, afirmó. Finalmente, remarcó el rol que pueden desempeñar las organizaciones sociales: “Se puede hacer muchísimo desde la sociedad civil incluso en contextos hostiles de institucionalidad como lamentablemente padecen la mayoría de los países latinoamericanos”.
