Una pareja fue condenada a ocho años de prisión por explotar laboralmente durante tres años a una mujer en comercios de Santa Cruz. La sentencia también ordenó que ambos paguen, en conjunto, $90 millones a la víctima como reparación por los daños ocasionados.
Los condenados son Noemí Edith Choque Laura y Ramy Ramiro Álvarez Aramayo, quienes tenían locales de indumentaria en Río Gallegos y Gobernador Gregores. La explotación se extendió entre octubre de 2015 y octubre de 2018 e incluyó tareas comerciales y domésticas.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, el juez Mario Reynaldi, del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, los consideró coautores de trata de personas agravada por aprovechar la vulnerabilidad de la damnificada y por haber concretado la explotación.
La promesa de trabajo y las condiciones que encontró
La mujer tenía 19 años cuando llegó a la Argentina, el 17 de octubre de 2015. De acuerdo con su declaración, aceptó viajar porque le habían ofrecido un empleo y un salario de 2.500 pesos bolivianos, en un contexto de dificultades económicas familiares.
Viajó acompañada por un primo que también iba a trabajar para la pareja, pero él regresó a Bolivia dos meses después por las condiciones de control. Ella permaneció en Gobernador Gregores, donde atendía dos negocios de ropa y limpiaba la vivienda de sus empleadores.
Durante el juicio relató que sus jornadas podían comenzar a las 6 y terminar a la medianoche. También declaró que la encerraban cuando el hombre se retiraba y que le habían quitado el teléfono celular, lo que restringía su posibilidad de pedir ayuda.
El traslado y las restricciones para contactar a su familia
En 2017 fue trasladada a Río Gallegos para trabajar en otro comercio. Allí cumplía tareas de lunes a sábado, de 9 a 13 y de 16 a 21, además de labores domésticas. Según explicó, recibía el equivalente a unos $2.000 mensuales, sin recibo y mediante un único pago anual.
La acusación sostuvo que también la obligaron a firmar el contrato de alquiler del negocio y a abrir una cuenta en el Banco Nación. La mujer manifestó que aceptó ante la amenaza de ser enviada nuevamente a Bolivia, donde sus padres atravesaban una situación económica precaria.
La fiscalía expuso que Choque Laura supervisaba sus actividades, revisaba sus pertenencias y limitaba sus salidas. Además, presentó mensajes encontrados en teléfonos que mostraban los intentos de sus familiares por comunicarse y las acciones para impedir o demorar esos contactos.
Cómo comenzó la investigación y qué dispuso la sentencia
En 2018 volvió a Gobernador Gregores, donde, según su testimonio, le retiraron el teléfono y la documentación. Una clienta le prestó su celular para contactar a la División Trata de Personas. La investigación comenzó con una denuncia anónima del 11 de octubre de ese año, después de que buscara ayuda durante una visita de funcionarios del Consulado de Bolivia.
El fiscal federal Gastón Franco Pruzan y la auxiliar fiscal Virginia Haggi solicitaron una reparación de $91.214.946,48. El pedido contemplaba el beneficio económico obtenido ilícitamente, los ingresos que la víctima dejó de percibir y las consecuencias no patrimoniales sobre su vida.
El tribunal fijó finalmente la reparación en $90 millones, que deberá afrontar la pareja de manera conjunta. La fiscalía también pidió identificar bienes de los condenados para garantizar el pago, mediante un procedimiento de recupero de activos.