Suiza celebrará este domingo una nueva jornada de referéndums y una de las iniciativas que más expectativa genera es la que propone establecer un límite máximo de 10 millones de habitantes para el país.
La propuesta fue impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP), una fuerza política de extrema derecha que sostiene que el crecimiento demográfico está ejerciendo una presión excesiva sobre la infraestructura, los recursos naturales y la calidad de vida.
Si la iniciativa obtiene el respaldo de los votantes, el Gobierno suizo deberá adoptar medidas concretas para impedir que la población supere ese umbral.
Una propuesta centrada en la inmigración
Actualmente, Suiza cuenta con una población cercana a los 9,1 millones de habitantes y ha experimentado un crecimiento sostenido durante las últimas décadas.
Los impulsores del proyecto consideran que el principal factor de ese aumento es la inmigración y plantean endurecer las políticas de ingreso al país.
Entre las medidas contempladas figuran restricciones al derecho de asilo, limitaciones a la reunificación familiar y mayores controles para el ingreso de nuevos migrantes.
El objetivo planteado por la iniciativa es mantener la población por debajo de los 9,5 millones de habitantes hacia 2035 y evitar que alcance los 10 millones.
Posibles efectos sobre la relación con Europa
Uno de los aspectos más sensibles de la propuesta está vinculado a los acuerdos de libre circulación que Suiza mantiene con la Unión Europea.
La iniciativa establece que, si la población supera el límite fijado y no logra reducirse en un plazo de dos años, el Gobierno deberá recurrir a todas las herramientas disponibles para revertir la situación.
Entre ellas aparece la posibilidad de suspender acuerdos internacionales que facilitan la movilidad de ciudadanos europeos hacia territorio suizo.
Actualmente, cerca de 1,5 millones de ciudadanos de la Unión Europea residen en Suiza gracias a esos convenios, considerados fundamentales para la actividad económica del país.
El Gobierno se opone a la iniciativa
Las autoridades nacionales rechazaron la propuesta y advirtieron que podría generar consecuencias negativas para la economía y las relaciones internacionales.
Desde el Gobierno señalaron que una eventual ruptura de los acuerdos con la Unión Europea podría afectar tanto al mercado laboral como al acceso preferencial de Suiza al mercado común europeo.
El sector empresarial también expresó su preocupación y calificó la iniciativa como una posible fuente de incertidumbre para el futuro económico del país.