Vecinos de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera protestaron frente a Tribunales de Paraná contra el fallo que redujo los límites para fumigar cerca de viviendas y dejó sin efecto medidas de protección que, según explicaron, habían sido reconocidas en cuatro resoluciones anteriores.

Entre los manifestantes estuvieron Ariel Gareis y Gimena Rosso, quienes participaron de los amparos presentados para impedir las pulverizaciones con agroquímicos en las inmediaciones de sus domicilios.

Las familias reclamaron que se restablezca la distancia de 1.095 metros y anticiparon que acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que el caso sea revisado.

“Queremos manifestarnos por las medidas de seguridad que nos sacaron. Teníamos un amparo de 1.095 metros que nos resguardaba de las pulverizaciones”, explicó Gareis a Elonce.

Una niña con daño genético

El hombre relató que su hija, de 10 años, tiene un daño genético acreditado mediante estudios médicos. Según contó, comenzó a investigar la situación porque advertía que la niña sufría descompensaciones cuando se realizaban aplicaciones cerca de su vivienda.

“Notaba que cada vez que pulverizaban, cuando había mucho olor, la nena se descomponía. Empecé a averiguar y terminamos viajando a Córdoba para hacerle un estudio de daño genético”, relató.

El análisis confirmó la existencia de alteraciones genéticas. Posteriormente se realizaron nuevos estudios en Paraná que, según el testimonio del padre, no permitieron descartar la exposición a agroquímicos como posible factor.

Temor por nuevas pulverizaciones

Los amparistas expresaron que la decisión judicial los dejó expuestos a nuevas aplicaciones en campos cercanos. Según señalaron, uno de los productores ya notificó que realizaría una pulverización con un producto identificado con banda azul.

“Para nosotros significa que en breve nos van a estar fumigando nuevamente. Nos quitaron las medidas de protección que habíamos ganado en cuatro sentencias anteriores”, sostuvo Rosso.

La mujer explicó que el reclamo buscaba obtener una resolución urgente, principalmente en el expediente relacionado con la familia de Gareis, que todavía no se encontraría cerrado.

“La Justicia tiene la oportunidad de revocar el fallo y permitir que esta niña siga contando con protección”, remarcó.

También indicó que la abogada Aldana Sacia había presentado documentación vinculada con los estudios médicos efectuados a la menor.

Qué significa la clasificación por bandas

Durante la manifestación, los vecinos explicaron que los productos utilizados en las pulverizaciones se identifican mediante bandas de colores de acuerdo con su clasificación toxicológica.

Según detallaron, las categorías incluyen bandas verde, azul, amarilla y roja. Rosso señaló que el producto anunciado para una próxima aplicación sería de banda azul. “Los productores avisaron que van a fumigar con banda azul y la notificación establece un plazo de 48 horas”, afirmó.

La clasificación por bandas se relaciona principalmente con el nivel de peligro agudo de los productos formulados. Por ese motivo, no debe interpretarse de manera aislada como una evaluación completa de todos los riesgos derivados de su uso o exposición.

Los manifestantes reclamaron que, ante la proximidad de viviendas y la presencia de niños, se aplique un criterio preventivo que contemple las posibles consecuencias sanitarias y ambientales.

Recurrirán a la Corte Suprema

Los vecinos solicitaron al juzgado que revisara la resolución y mantuviera las medidas de protección mientras continuaba el trámite judicial. También anticiparon que llevarían el planteo ante la Corte Suprema.

“Vamos a continuar hasta la Corte Suprema para que se revea el caso. No puede ser que en cuatro sentencias anteriores se haya considerado perjudicial fumigar a menos de 1.095 metros y ahora se sostenga que hacerlo a 10 metros es inofensivo”, planteó Rosso.

La manifestante aclaró que, mientras avanzaba la presentación, las familias permanecían sin la protección que habían tenido durante más de dos años.

“Hoy nos avisan que nos van a fumigar y somos nosotros quienes tenemos que irnos de nuestras casas o tomar medidas precautorias”, agregó.

“No sabemos para dónde ir”

Gareis recordó diferentes episodios ocurridos cerca de su domicilio y describió la preocupación que le generaron por la salud de su hija.

“Una noche metieron un dron detrás de mi casa, a las 11, con viento hacia la vivienda. No se podía estar y tenía a la nena descompuesta. No sabés para dónde ir porque buscás aire y no lo encontrás”, relató.

También afirmó que en otra oportunidad encontró una maquinaria que circulaba mientras pulverizaba en un camino. “Salimos en bicicleta y me encontré con una máquina que venía fumigando con el equipo abierto. ¿Dónde te resguardás ante una situación así?”, cuestionó.

Como padre, pidió a productores y autoridades que consideraran las consecuencias que podían afrontar las familias residentes en las zonas rurales y periurbanas.

“Que piensen un poco. También deben tener hijos o nietos. No es nada lindo atravesar una situación de este tipo”, expresó.

Cuestionaron la imposición de costas

Los manifestantes también rechazaron que la sentencia les hubiera impuesto las costas del proceso. Interpretaron esa decisión como una forma de desalentar nuevos reclamos vinculados con las pulverizaciones.

“Esta sentencia es una medida de castigo porque, además, impusieron las costas a las partes. Quieren que hagamos silencio, pero no lo vamos a aceptar”, sostuvo Rosso.

Las familias afirmaron que mantendrían el reclamo judicial y las manifestaciones públicas para recuperar las distancias de resguardo. La discusión continuará en los tribunales, donde deberá resolverse si las medidas preventivas permanecen anuladas o vuelven a aplicarse mientras se revisa el expediente.