La Justicia de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales y suspendió el juicio oral en su contra por presunta trata agravada de personas, luego de que el exmandatario no se presentara al inicio del proceso judicial en la ciudad de Tarija.

El tribunal lo declaró en rebeldía y dispuso medidas restrictivas, entre ellas una orden de captura y el arraigo que le impidió salir del país. Además, el juicio quedó suspendido hasta que Morales compareciera voluntariamente ante las autoridades o fuera detenido por la Policía boliviana.

“El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados”, explicó el fiscal Luis Gutiérrez, quien aclaró que la ejecución de la orden de captura correspondía exclusivamente a la Policía.

La defensa de Evo Morales cuestionó el proceso

La Fiscalía de Tarija sostuvo que los abogados del exmandatario no presentaron “ninguna clase de justificativo” por la ausencia de Morales en la audiencia. Ante esa situación, el tribunal resolvió asignarle abogados de defensa pública.

Por su parte, Wilfredo Chávez, uno de los defensores del ex presidente, afirmó que Morales no fue notificado personalmente sobre el inicio del juicio y cuestionó el procedimiento judicial. Según indicó, la notificación se realizó mediante un “edicto”, lo que, a su entender, representó un “vicio causal de fondo”.

Además, el abogado consideró que el proceso judicial fue “desempolvado” en medio de las protestas sociales contra el Gobierno boliviano y sostuvo que “es un tema político”.

Seguidores advirtieron que Bolivia podría “convulsionar”

Tras conocerse la orden de captura, dirigentes afines al ex mandatario amenazaron con profundizar las movilizaciones si Morales era detenido. El dirigente cocalero Dieter Mendoza aseguró que sectores vinculados a la Policía intentaban concretar operativos para arrestarlo.

“Si tocan a Evo Morales, esto va a convulsionar. El país va a convulsionar como no se imaginan”, advirtió Mendoza durante declaraciones radiales. También convocó a los sectores del Trópico de Cochabamba a mantenerse “en estado de alerta máxima” y “en pie de lucha”.

Morales permanecía desde octubre de 2024 en la región cocalera del Trópico de Cochabamba, considerada su principal bastión político y sindical, bajo custodia de cientos de seguidores que impedían el avance de las fuerzas de seguridad.

El ex presidente estaba acusado de haber mantenido una relación con una menor de edad, con quien presuntamente tuvo una hija en 2016, cuando ejercía la presidencia de Bolivia. La Fiscalía aseguró que reunió más de 170 pruebas y 39 testimonios para sostener la acusación en el juicio oral.