Los corredores inmobiliarios de Entre Ríos expresaron su rechazo al proyecto nacional que busca modificar el régimen de corretaje y flexibilizar los requisitos para ejercer la actividad. La iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger modifica artículos del Código Civil y Comercial y deroga parte de la Ley 20.266.

Entre los cambios propuestos aparece la eliminación de la matrícula profesional obligatoria, por lo que podrían actuar como intermediarios quienes sean mayores de edad y tengan el secundario completo. También se habilitaría la participación de empresas y plataformas digitales, mientras que los honorarios quedarían sujetos al acuerdo entre las partes.

Carolina Ledesma, vicepresidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, confirmó que la entidad se opone a la reforma. En diálogo con Nunca es Tarde, programa emitido por Elonce, remarcó que todavía se trata de un proyecto sujeto a modificaciones dentro del Congreso.

El cuestionamiento a la falta de formación

Ledesma sostuvo que permitir el ingreso de intermediarios sin preparación específica implicaría desprofesionalizar una actividad que involucra decisiones patrimoniales relevantes. “No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de viviendas, de vidas humanas que se están manejando y dejando en manos de personas que no tienen ese conocimiento”, afirmó.

La dirigente explicó que los actuales corredores inmobiliarios deben completar una carrera y obtener una matrícula provincial antes de ejercer. Una vez habilitados, permanecen bajo el control del Colegio y pueden recibir sanciones si incumplen las obligaciones profesionales.

“Ante una eventual mala praxis hay una denuncia al Colegio y hay una sanción. Tenemos un Tribunal de Disciplina que actúa sobre nuestros matriculados”, señaló. En cambio, advirtió que los conflictos provocados por intermediarios sin matrícula terminarían directamente en la Justicia, al no existir un organismo profesional con capacidad disciplinaria.

El debate sobre los costos y las estafas

Uno de los argumentos utilizados para defender la desregulación es que una mayor competencia podría abaratar las operaciones. Ledesma rechazó esa posibilidad y sostuvo que el análisis no contempla los gastos que podrían afrontar compradores, vendedores, propietarios o inquilinos ante un incumplimiento.

“No hay un abaratamiento, porque hay otros costos que no están teniendo en cuenta. Ante una eventual estafa, ¿a dónde irían? Nuevamente a la Justicia”, planteó. Para la representante del Colegio, la eliminación de controles puede trasladar el costo de los conflictos al sistema judicial y a las personas involucradas.

Ledesma destacó que la institución cuenta con un centro de mediación para resolver diferencias sin iniciar una demanda. También cuestionó la necesidad de flexibilizar el acceso a la actividad al señalar que actualmente ninguna persona está obligada a contratar una inmobiliaria para vender, comprar o alquilar una propiedad.

La discusión por las facultades provinciales

La vicepresidenta del Colegio aseguró que la regulación de las profesiones corresponde a las provincias. “Hay un avasallamiento, porque dentro de lo que nosotros no otorgamos a la Nación está justamente el poder de policía sobre las profesiones”, manifestó al explicar otro de los argumentos jurídicos contra la iniciativa.

Los corredores inmobiliarios entrerrianos trabajan junto con el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios para plantear una postura común. Representantes del sector mantuvieron una reunión con Sturzenegger, aunque Ledesma aseguró que durante el encuentro existieron posiciones contrapuestas.

“No hubo una escucha, hubo posiciones encontradas. No obstante, hay que reconocer que dejaron abierto el diálogo”, expresó. La dirigente aclaró que el texto continúa en elaboración y que los colegios seguirán interviniendo durante el debate para defender la formación, la matrícula y los mecanismos de control profesional.