Este 3 de junio se cumplieron 10 años del primer grito colectivo de Ni Una Menos. Fue en 2015, luego del femicidio de Chiara Páez, cuando miles salieron a las calles exigiendo el fin de la violencia machista. Una década después, la demanda sigue vigente: el reclamo por justicia, por políticas públicas efectivas, por vidas libres de violencia.

Hoy, en distintas ciudades del país mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarios se movilizaron para decir una vez que se quieren “vivas y libres". En Paraná, la marcha partió desde Plaza 1º de Mayo hasta Casa de Gobierno.

En un contexto de recortes presupuestarios, cierre de programas de género y aumento de la violencia, ¿qué significa hoy seguir gritando Ni Una Menos? ¿Qué cambió y qué falta cambiar para garantizar vidas sin violencia en Argentina?

El tema fue debatido en El Ventilador, de Elonce.

Gisela Torres, secretaria de Género y Diversidad de ATE, indicó que “todo comenzó en marzo de 2015 cuando fue el femicidio de Kiara en Rufino, Santa Fe. Se activaron las redes de los feminismos a través de artistas, comunicadoras, escritoras y demás. Nos movilizó a todas en los diferentes ámbitos. Fue a través de las redes, como lo venimos haciendo hace 10 años”.

“El Ni Una Menos es la defensa de los derechos sociales y políticos que tenemos todas las personas, es intrínseco a las luchas, es más profundo. A lo largo de los años hemos ido transformándonos, obteniendo derechos. Nunca fue fácil, por eso no hemos abandonado la calle. Se han desmantelado las políticas públicas que hacen a los géneros y las diversidades”, dijo.

Comentó que “en los feminismos, en las instituciones, en los sindicatos, vamos continuamente buscando estrategias. En Paraná trabajamos articuladamente con el municipio haciendo reuniones para ver qué herramientas tenemos para abarcar la población, para hacer con inmediatez. Tenemos conversatorios muy fructíferos y llevamos las experiencias de los distintos lugares de donde venimos. Los sindicatos tenemos experiencias gremiales para afrontar la violencia dentro de las instituciones”.

Respecto a qué hacer si sabemos que hay una persona que está pasando una situación de violencia, dijo: “tenemos diferentes organismos a los que podemos acudir y quiénes están en esos organismos nos pueden ayudar, nos atienden los teléfonos, a quién podemos ir dentro de nuestras organizaciones. Tenemos compañeras que dan el apoyo jurídico. Tenemos mesas de trabajo en conjunto con la municipalidad, con la Subsecretaría de Políticas de Género, que es donde articulamos si sucede una situación extrema al lugar donde se puede ir, dónde puede recurrir, enseguida nos comunicamos. Eso es una red que tenemos todas”.

“Hemos trabajado en una ley para la emergencia en violencia para las mujeres y nunca prosperó. Tenemos el proyecto, se lo hemos presentado a diferentes gestiones y estamos siempre trabajando para mejorarlo. Lo venimos presentando desde gestiones anteriores y los tenemos trabajado. Vamos siempre tratando de encontrar la vuelta, de mejorar, de que sea más viable para cambiarle lo mínimo para que nos puedan, pero lo tenemos y no ha prosperado. Yo creo que tiene que ver también con una definición de prioridades de los gobiernos, ¿qué quieren priorizar? ¿Qué vidas importan? ¿Hacia dónde apunta esto el presupuesto? Muchas veces terminamos criticando una ley, pero para que una ley se implemente necesitamos presupuesto y necesitamos mesas de trabajo y decisiones políticas que impliquen también a veces cambiar algunos rumbos de las instituciones. Estamos de acuerdo en que esto no es un problema reciente”, agregó.

Paula Kratje, integrante de la Asamblea Feminista, dijo que “los transfeminismos vienen planteando las cosas hace más de 10 años. Se plantean muchas cuestiones al estado y a la sociedad. Vemos cómo los discursos de odio y los femicidios siguen siendo parte de un contexto de odio y de impunidad muchas veces, como así también de invisibilización y naturalización. Sigue pasando en muchos contextos y está atravesada por muchas desigualdades. Hemos logrado, a partir de mucho esfuerzo y pérdidas, diferentes legislaciones que vinieron a reconocer y a restituir derechos de colectivos para quienes, por ejemplo, la democracia no llegó en el 83´, ya que siguieron siendo discriminados”.

“Nací en democracia y pienso en qué suerte haber nacido así. Las compañeras que vienen atrás ubican en tener que volver a defender algo que creíamos construido, ganado y obvio”, remarcó.

Dijo que “algunas tenemos posibilidad de llegar a un lugar a pedir ayuda o tenemos una red afectiva que nos puede acompañar en un momento de desarme, porque también una situación de violencia desde luego que afecta a la integridad de las personas, su entorno y la posibilidad de autonomía y desarrollo personal. Para algunas resulta una situación de extrema fragilidad. En este momento de precarización de la vida, hay un discurso que busca desprestigiar lo público y lo colectivo”.

Consultada sobre cómo afecta el cierre de programas de género y el recorte de presupuesto, expresó: “Hoy tuvimos una actividad que organizó el municipio con una de las facultades y vino un equipo de la ciudad de Santa Fe que trabaja en el patrocinio jurídico en situaciones penales. En Paraná no tenemos equipos de acceso a justicia con patrocinio jurídico gratuito, que la ley lo promueve y deberían existir. Las medidas de protección a las que accedemos resultan de un repertorio muy limitado dentro del abanico de posibilidades que deberíamos poder efectivizar para que el acompañamiento y la protección sea oportuna y no revictimice, porque muchas veces en nombre de la protección no escuchamos qué necesita la otra persona. En ese sentido entiendo que en este momento de recorte las redes están resquebrajadas, estamos desgastadas y en algún punto hay que ver cómo hacer sobrevivir esas redes de afectos, pero también institucionales, que podamos seguir poniendo en valor”.

“Y en las escuelas podría pasar algo, podría enseñarse algo. En ese sentido venimos denunciando el recorte presupuestario y la clara intención de quitar el programa de Educación Sexual Integral, que es un programa que es bueno, de muchísimos años. Se fue ampliando la perspectiva desde la que se aborda y justamente la ESI en las escuelas y en todos los niveles educativos, lo que viene a promover justamente es poder hablar de cómo nos hemos construido como sujetos en esta cultura donde nadie está exento”, indicó.

“Micaela García fue militante de Ni una Menos, ella estaba muy advertida de lo que era la violencia por motivos de género, de hecho, llevaba puesta esa bandera y tenía muchísimas herramientas para identificarlo. Así y todo, ya no basta solamente con estar prevenidas de cuáles son los riesgos sino empezamos a trabajar también con un foco en las masculinidades y cómo poder desarmar también esos riesgos desde la contracara del asunto. La ESI es una de las herramientas prioritarias que queremos defender”, indicó.

Dijo que “se está negando la violencia como un problema en este momento y si bien antes también los esfuerzos no fueron suficientes, veníamos en un proceso de construcción que hoy tenemos que resistir. El anterior presidente está imputado por violencia de género también, por supuesto. Y somos muy críticas de eso también”, agregó.

“Hay compañeras que han quedado sin trabajo. Por ejemplo, nosotros a nivel nacional teníamos la política del Plan Enia, una política que demostró ser eficaz en el fin que se propuso, que tenía que ver con bajar el índice de embarazos no intencionales en la adolescencia, que era un problema en salud pública y también para pensar las infancias y que las niñas tienen derecho a ser niñas y no madres, ¿no? Y ahí había todo un trabajo muy importante en la articulación también entre salud y educación. Ese programa se desmanteló, la provincia decidió no apoyarlo. Estamos en un momento en el que las provincias tienen que absorber muchas veces trabajo o presupuesto que venía derivado de nación. Entonces también nos vemos cada vez más recortadas en los presupuestos provinciales y municipales”.

“Nosotros bregamos y seguimos luchando para que todo continúe y siga siendo ley. Vamos a mantener nuestra lucha y lo conquistado. Nuestro lema hoy fue `ni un paso atrás´. Hoy los centros de salud no están recibiendo las partidas de medicación que se necesitan para abortos seguros. Tampoco está llegando la anticoncepción muchas veces. Seguiremos organizadas, seguiremos haciendo redes solidarias, que es lo que nos sale, y seguiremos insistiendo en que en las instituciones también existan estos espacios seguros y confiables para que las mujeres y las personas con capacidad de gestar puedan llegar y puedan acceder. Pero lo cierto es que no está dado y es lo que estamos ahora atravesando como coyuntura. Entre Ríos es la única que ha mantenido algunos de esos planes, pero sostenido básicamente desde la provincia porque a nivel nacional se cortó todo”, finalizó. Elonce.com